Publicado: mayo 21, 2025, 6:45 pm
La fuente de la noticia es https://www.abc.es/internacional/inteligencia-eeuu-siguio-ucraniano-muerto-pozuelo-corrupcion-20250522003054-nt.html
El nombre del ucraniano Andriy Volodymyrovych Portnov, muerto a tiros este miércoles en Pozuelo, no era ajeno a los servicios de inteligencia norteamericanos. Este abogado y político, que residía en España con su familia, figura en un tramo censurado del informe oficial de la Comisión … de Inteligencia del Senado de Estados Unidos sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.
En ese documento, se hace referencia directa a los vínculos entre Rusia, Ucrania y emisarios cercanos a la campaña de Donald Trump en 2015. Queda claro por ese y otros documentos oficiales de EE.UU. que Portnoy era un aliado crucial de la facción rusa en Ucrania y que, a ojos de la inteligencia norteamericana, comenzó a trabajar en apoyo de estos desde la invasión del Kremlin iniciada en 2014.
El volumen quinto de aquel informe, publicado en 2020 y ampliamente redactado por motivos de seguridad nacional, identifica a Portnov, nacido en la zona étnica rusa de Luhansk el 27 de octubre de 1973, como asociado de Konstantin Kilimnik, un consultor político ruso-ucraniano que trabajó estrechamente con el jefe de campaña de Trump, Paul Manafort, durante más de una década, especialmente en Ucrania. Kilimnik dirigió la oficina de Manafort en Kiev y fue su principal enlace con oligarcas y partidos prorrusos, incluido el expresidente Víktor Yanukóvich, depuesto en las protestas del Euromaidan.
El informe del Senado estadounidense describe a Kilimnik como un agente de inteligencia ruso y califica su relación con Manafort como una «grave amenaza de contrainteligencia». En agosto de 2016, en plena campaña electoral, Manafort compartió con Kilimnik datos internos de encuestas y estrategias políticas. En esas conversaciones, el nombre de Portnov apareció en varias ocasiones, según ese informe de 2020.
Antes de la caída del régimen de Yanukóvich tras las revueltas del Euromaidán en 2014, Portnov ocupaba el cargo de asesor presidencial para la reforma judicial y de los cuerpos de seguridad, y copresidía el Grupo de Trabajo sobre Estado de Derecho en el marco del Diálogo Político entre Estados Unidos y Ucrania. En ese contexto, se reunió en 2013 en Kiev con el subsecretario adjunto de Estado Thomas Melia, la directora regional del Departamento de Justicia Catherine Newcombe y la administradora adjunta de USAID Paige Alexander. Juntos, según la diplomacia norteamericana, abordaron las reformas judiciales necesarias para avanzar hacia un acuerdo de asociación con la Unión Europea, un proceso que Moscú boicoteó activamente.
Tras la llegada al poder de gobiernos proeuropeos en Kiev primero con Petró Poroshenko y después con Volodímir Zelenski , las autoridades norteamericanas comenzaron a seguir más de cerca los movimientos y relaciones de figuras cercanas a Rusia como Portnov. Según la inteligencia estadounidense, en sus intercambios con Manafort, Kilimnik pedía apoyo para frenar los procedimientos judiciales que pesaban contra Portnov en su país y las sanciones en el resto de Europa.
En Ucrania, Portnov fue investigado por su presunta implicación en la represión del Euromaidán y por apropiación indebida de bienes del Estado. Sin embargo, en 2014, los tribunales de Kiev declararon infundadas esas acusaciones y ordenaron a la Fiscalía retractarse públicamente. Para 2015, ya no existían cargos formales ni investigaciones activas contra él en Ucrania.
En abril de 2021, el Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a Kilimnik por proporcionar información sensible de la campaña de Trump a los servicios de inteligencia rusos y por promover narrativas desinformativas sobre la interferencia electoral. Aquel mismo año, Portnov fue sancionado por el mismo Tesoro bajo la Orden Ejecutiva 13818, que implementa la Ley Global Magnitsky, por estar implicado en actos graves de corrupción en su país.
Según documentos oficiales, Portnov mantuvo vínculos sistemáticos con el poder judicial y las fuerzas de seguridad ucranianas a través de sobornos. Fue señalado como un intermediario con capacidad para comprar decisiones judiciales, frenar reformas legales e influir en el nombramiento de jueces afines. Desde 2019, trató de manipular la Corte Constitucional y la Fiscalía General de Ucrania en colaboración con altos cargos del Estado.
Según un informe del Tesoro norteamericano, el objetivo de Portnov era desestabilizar su país. Dice ese texto: «Desde 2019, Portnov tomó medidas para controlar el poder judicial ucraniano, influir en la legislación relacionada, colocar a funcionarios leales en altos cargos judiciales y comprar decisiones de los tribunales. A mediados de ese año, colaboró con un alto funcionario del gobierno ucraniano para moldear en su favor las principales instituciones jurídicas del país e influir en el Tribunal Constitucional de Ucrania. Además, estuvo implicado en un intento de influir en el Fiscal General de Ucrania».
El Departamento del Tesoro también sancionó el fondo que llevaba su nombre, por estar bajo su control directo. Ya en 2014, tras el colapso del gobierno de Yanukóvich, EE.UU. lo incluyó en una lista de exfuncionarios vinculados al saqueo de activos públicos, lo que activó alertas en el sistema bancario por riesgo de movimientos financieros sospechosos.
En noviembre de 2019, Portnov publicó en su canal de Telegram datos personales y matrículas de vehículos del equipo del programa anticorrupción «Schemes», producido por Radio Liberty, un medio financiado por el gobierno estadounidense y recientemente cerrado por recortes impulsados por Donald Trump. Según las autoridades norteamericanas, Portnov incitó a sus seguidores a confrontar físicamente a los periodistas, en represalia por una investigación sobre sus vínculos con el nuevo gobierno ucraniano. Aquella actuación fue interpretada como un intento de intimidación y una amenaza directa contra la libertad de prensa.
