Publicado: mayo 5, 2026, 6:00 am
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España tiene que terminar con la tarifa regulada de la luz. Ese es el reclamo que ha puesto sobre la mesa Bruselas, según un informe consultado por 20minutos y La Información Económica con fecha de este lunes sobre los precios del suministro de electricidad basados en el mercado, la competencia eficiente en el mercado minorista y el fomento de la remuneración de la flexibilidad en los contratos minoristas, remitido tanto a los 27 como al Parlamento Europeo.
La dinámica, según recoge la Comisión Europea, revela disparidades significativas: por ejemplo, el 18 % de los hogares en Portugal, el 27,3% en Lituania, el 29% en España, el 57 % en Francia y el 63% en Polonia siguen dependiendo de tarifas reguladas. Estos países informan de la adopción de medidas para mejorar la competencia y de que están llevando a cabo un seguimiento de los avances. «Sin embargo, no todos ellos han fijado fechas claras para la revisión de sus regímenes», insiste el Ejecutivo comunitario. Además, Bruselas insiste en que ese formato daña la competencia y avisa de que se debe prevenir el quiebre de las comercializadoras.
La tarifa regulada (PVPC) es un sistema en el que el precio de la electricidad no lo fija libremente una compañía, sino que está supervisado por el Estado y varía cada hora según el mercado mayorista. Está disponible para hogares con potencias contratadas bajas y se contrata a través de comercializadoras autorizadas.
La posición de Bruselas en el informe tiene matices, pues la Comisión reconoce que las tarifas reguladas pueden ofrecer estabilidad puntual, advierte que estas intervenciones suelen debilitar las señales de precio, reducir los incentivos para la eficiencia energética y, en última instancia, perjudicar la competencia dentro del sector a largo plazo. Con todo, en el camino que le marca a España y otros Estados miembros, el Ejecutivo comunitario reclama una transparencia total y un trato no discriminatorio entre los distintos operadores para preservar, dice el documento, «una competencia efectiva» entre ellos.
No obstante, Bruselas valora positivamente elementos que incluye España como por ejemplo el bono social y el informe asegura que puede mantenerse como una herramienta de protección para consumidores vulnerables, siempre que forme parte de una estrategia estructural y más amplia de lucha contra la pobreza energética.
Al mismo tiempo, la reforma que reclama la Comisión Europea pone el foco en la solvencia financiera de las empresas suministradoras para evitar que se repitan las quiebras vistas durante la crisis energética de 2021 y 2022. La Comisión señala que muchos operadores sufrieron estrés financiero por no contar con estrategias adecuadas de cobertura o hedging ante la volatilidad de los precios mayoristas, lo que terminó trasladando costes adicionales a los usuarios finales tras la invasión de Ucrania.
Para mitigar estos riesgos, se recomienda que los reguladores nacionales, como es el caso de la CNMC en España, supervisen más estrechamente las estrategias de riesgo de las comercializadoras mediante la introducción de test de estrés. Bruselas propone un marco de cooperación más estrecho entre los supervisores energéticos y los financieros, dada la creciente conexión del sector con los mercados de derivados y la necesidad de liquidez para operar.
Una demanda más flexible
Otra de las claves, añade el documento, es la flexibilidad de la demanda, un concepto que permite a los consumidores ajustar sus hábitos de consumo en respuesta a las señales del mercado para mejorar la eficiencia del sistema. La Comisión distingue entre programas de respuesta «implícitos», donde el usuario reacciona voluntariamente a variaciones de precios minoristas, y programas «explícitos» o basados en incentivos, donde se recibe una compensación financiera directa por desplazar el consumo. Esto es decisivo, comenta la Comisión Europea, no solo para que el ciudadano ahorre sino también a la hora de incorporar las energías renovables.
La nueva normativa europea también promueve una mayor diversificación contractual, permitiendo por primera vez que un mismo usuario pueda celebrar simultáneamente varios contratos de suministro para un único punto de conexión. De este modo, un consumidor tiene la opción de contratar una tarifa dinámica para la carga de su vehículo eléctrico, optimizando costes en horas baratas, mientras mantiene una tarifa fija convencional para el consumo base de su hogar para asegurar su previsibilidad, recalca el Ejecutivo comunitario.
En general, insiste Bruselas, la estrategia europea busca conseguir que el ciudadano para que deje de ser un sujeto pasivo y se convierta en un agente activo del sistema a través del autoconsumo y las comunidades energéticas. El objetivo es eliminar las barreras regulatorias existentes para que hogares y empresas puedan producir, compartir y vender su propia energía, lo que se considera clave para reducir la factura eléctrica y la dependencia energética del exterior.
