Italia vota en un referéndum para reducir de diez a cinco años el tiempo de residencia para obtener la nacionalidad

Fausto Desalu es un símbolo del atletismo italiano. Nació en Italia, de madre nigeriana, hoy cuidadora en una residencia de ancianos. A los 27 años, conquistó en los Juegos Olímpicos de Tokio, en 2021, la medalla de oro en el relevo de velocidad 4×100. «A … los 17 años, mi récord nacional en 60 metros vallas no fue reconocido porque, pese a nacer en Casalmaggiore (Cremona), no tenía la nacionalidad italiana«, contó luego Desalu, «orgulloso de haber casi paralizado Italia durante 37 segundos, el tiempo de nuestro relevo en Tokio».
A los 18 años obtuvo la nacionalidad, pero su madre, Verónica, sigue esperando la ciudadanía tras décadas trabajando como cuidadora en Italia. La historia de Desalu ilustra la frustración de miles de jóvenes que, nacidos o criados en Italia, se sienten italianos en todos los aspectos menos en el legal. El próximo 8 y 9 de junio, los italianos son llamados a las urnas para un referéndum crucial. Los votantes decidirán si se debe reducir de 10 a 5 años el periodo de residencia ininterrumpida necesario para obtener la nacionalidad. Italia se alinearía así con Alemania y Francia. Luego pasan hasta tres años de lenta burocracia italiana para la aprobación de la solicitud y hasta seis meses para la jura.
De los 59 millones de habitantes de Italia, alrededor del 9% (5,4 millones) residen legalmente en Italia, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (Istat). Una parte significativa de ellos son hijos de inmigrantes extranjeros, nacidos en Italia, con educación en la escuela donde residen, y otros muchos llegaron siendo niños. Si el referéndum sobre la ciudadanía alcanzara el quórum (50% más uno de los votantes) y prevaleciera el sí, las personas que se beneficiarían con la nacionalidad serían un millón y medio, todos ellos de origen extracomunitario, entre ellos 285.000 menores. Esta es la estimación del centro de investigación Idos (Dossier Estadístico de la Inmigración). Las personas de la Unión Europea pueden solicitar la naturalización en Italia después de solo cuatro años.

El referéndum se impulsó con la recolección de firmas y el apoyo de la izquierda, que considera demasiado restrictiva la actual legislación sobre el derecho a la nacionalidad, comparada con otros países europeos. No lo piensa así la coalición de gobierno. Hermanos de Italia, y sus aliados, la Liga y Forza Italia, invitan a la abstención, para mantener la participación por debajo del 50%. «Haré campaña para que la gente se quede en casa», declaró el presidente del Senado, Ignazio La Russa. La primera ministra, Giorgia Meloni, levantó incluso una fuerte polémica, al declarar el pasado lunes que pasaría por el colegio electoral, pero que no recogería ni emitiría su papeleta de voto.
El argumento de Meloni para oponerse a facilitar el requisito para obtener la ciudadanía es que Italia ya concede demasiadas nacionalidades cada año. En 2023, más de 200.000 personas adquirieron la ciudadanía italiana. En la derecha, muchos temen una reforma que facilite la llegada de más solicitantes y un aumento de la inmigración.
El exgeneral del ejército italiano, Roberto Vannaci, vicepresidente de la Liga y eurodiputado, se ha mostrado muy crítico con el referéndum, sosteniendo que «no hay urgencia política, ni razón legal ni social» para modificar la legislación vigente. Vannacci argumenta que «la izquierda intenta vender la identidad italiana a cambio de votos y obtener réditos políticos». También cuestiona la idea de que la ciudadanía facilita la integración: «Otros países europeos demuestran que el acceso rápido a la ciudadanía no previene la formación de guetos ni la radicalización«, escribió el militar en el diario Libero Quotidiano. Concluyó subrayando que el Gobierno italiano solo debería naturalizar a personas «que representen un valor añadido para Italia», identificadas mediante un cuidadoso proceso de «selección».
Teniendo en cuenta la baja participación en las urnas, en todas las elecciones y aún más en los referéndums, es muy probable que la consulta fracase por falta de quórum, como reconocen incluso sus impulsores. Pero las demandas de plena integración de los jóvenes de origen inmigrante continuarán. Francesco Billari, demógrafo y rector de la Universidad Bocconi de Milán, ha destacado la importancia de la inmigración para contrarrestar el envejecimiento y la disminución de la población en Italia.
Según Billari, el país transalpino se enfrenta a una «emergencia demográfica» debido a la baja natalidad -una de las más bajas de Europa- y al envejecimiento de la población. En su libro «Domani è oggi» (‘Mañana es hoy’), enfatiza que la inmigración es esencial para mantener la vitalidad demográfica y económica del país. Billari también ha señalado que la naturalización es un instrumento clave para la integración de los inmigrantes. Para Elsa Fornero, economista y exministra de Trabajo y Políticas Sociales -una técnica en el Gobierno de Mario Monti-, es «deseable una corrección» de la ley, rebajando a cinco años el periodo continuado de residencia para acceder a la nacionalidad, «en el propio interés y desarrollo de nuestro país, cuya economía lleva demasiado tiempo perdiendo vitalidad». «Sin jóvenes, ya sean blancos o de color -asegura Elsa Fornero a La Stampa- Italia seguirá perdiendo relevancia económica. Nuevos ciudadanos, jóvenes y preparados en nuestras escuelas, podrán revitalizar un país viejo, cansado y poco innovador».
Además de la cuestión de la nacionalidad, el referéndum también aborda reformas en el ámbito laboral, con la formulación de cuatro preguntas. Fundamentalmente, la izquierda pretende cambiar la Ley de Empleo, aprobada en diciembre de 2014, cuando era primer ministro Matteo Renzi, entonces líder del Partido Democrático, de izquierda. Hoy la oposición al Gobierno Meloni considera esa ley responsable de todos los males del mercado laboral italiano. En cambio, como dice la economista y exministra del Trabajo, la profesora Elsa Fornero, la actual Ley de Empleo «ha sido uno de los factores que han impulsado la ocupación, como muestran los datos». En efecto, con el Gobierno Meloni se ha alcanzado un récord de empleo: En dos años ha creado un millón de puestos de trabajo, según el Instituto Nacional de Estadística, y el desempleo descendió al 6,5%, el nivel más bajo desde marzo de 2008.