GIM: el cable eléctrico que cortocircuita el Mediterráneo

Con 9.251 kilómetros cuadrados, Chipre es la tercera mayor isla del Mediterráneo y está dividida políticamente en dos: en el norte se encuentra la República Turcochipriota, reconocida solo por Turquía, y en el sur la República de Chipre, miembro de la Unión Europea desde 2004.

Además de los problemas políticos, Chipre también se enfrenta a desafíos energéticos, ya que es el único país del Mediterráneo oriental cuya red eléctrica no está conectada a la de ningún otro vecino. A pesar de que hace unos años se encontraron importantes reservas de gas natural en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) grecochipriota, el país sigue dependiendo casi exclusivamente de la importación de energía. Eso coloca a Chipre entre los diez países europeos que más dinero pagan por la factura eléctrica, según Eurostat. Además, cuenta con recursos hídricos limitados y depende de las plantas de desalinización para cubrir sus demandas de agua, lo que compromete aún más su suministro eléctrico.

Para abordar el problema energético, desde 2021 se está intentando poner en marcha la construcción del Gran Interconector Marítimo (GIM), un cable submarino de alta tensión de más de 1.200 kilómetros de longitud, capacidad de transmisión de 1.000 megavatios (MW) y un voltaje de 500 kilovoltios (kV) que conectará energéticamente Chipre con Grecia y Europa continental y, en una segunda fase, a Israel con la red eléctrica europea.

El GIM es uno de los proyectos de transmisión submarina de energía más importantes del mundo, con un presupuesto total estimado de 1,9 billones de euros.

La interconectividad energética garantiza la seguridad del suministro eléctrico: las redes conectadas son más estables y seguras, y proporcionan apoyo en caso de incidentes o ataques. Además, permiten un uso más eficiente de las energías renovables, lo que contribuye a una reducción significativa en las emisiones de dióxido de carbono (CO2).

El Consejo Europeo ha establecido como objetivos alcanzar un 10% de interconexión en 2025 y al menos un 15% en 2030. La UE, siguiendo sus objetivos de reducir las emisiones de CO2, fomentar las energías verdes y contar con un mercado energético interior interconectado, lleva años implementando este tipo de iniciativas y cofinanciará con más de 650 millones de euros la construcción del GIM a través del mecanismo ‘Conectar Europa’. Durante su intervención el pasado 10 de abril en el X Foro Económico de Delfos, el ministro de Exteriores griego, Yorgos Gerapetritis, subrayó que «el proyecto de interconexión eléctrico con Chipre es de interés común para la Unión Europea y hay varios países directamente interesados e involucrados en este proyecto».

«Cuestión de subsistencia»

El GIM «es importante porque no se trata de petróleo ni gas natural, sino de la creación de un cable para transportar energía eléctrica generada por fuentes renovables desde Israel, pasando por Chipre, luego Creta y el resto de Europa», explica Panayotis Tsakonas, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Atenas y director del programa de Política Exterior y Seguridad de la Fundación Helénica para la Política Europea y Exterior.

Para Chipre, el GIM es «una cuestión de subsistencia» debido a la actual dependencia energética y al alto costo de la luz para el consumidor, más que un asunto «político y comercial», aclara Tzimitras. No obstante, cuando el cable esté en funcionamiento, el país se convertirá en un importante centro energético del Mediterráneo oriental gracias a la exportación de energías limpias. Israel, país que tampoco está interconectado eléctricamente, podrá exportar energía a mercados europeos y acelerar la integración de energías renovables en su red energética.

La implementación del GIM ha generado nuevas tensiones entre los rivales históricos del Mediterráneo oriental: Turquía y Grecia.

El conflicto entre ambas naciones por la explotación de las plataformas continentales en el Egeo se remonta a 2019, cuando Turquía y Libia firmaron el acuerdo conocido como ‘Patria Azul’, que repartió el sur del Mediterráneo y limita la acción de Grecia en sus propias islas. El convenio «fue condenado por todos los países, la ONU, la Unión Europea, Estados Unidos, por todos. Aunque se trata de un acuerdo ilegal, es defendido por Turquía y el Gobierno transitorio de Libia», explica Tsakonas.

En relación con la construcción del cable y basado en ese acuerdo, Turquía sostiene que debería ser consultada. Sin embargo, según el derecho internacional, esta consulta se aplica en el caso de convenios y leyes marítimas cuando se trata de la construcción de oleoductos o gasoductos, pero no en la instalación de cables submarinos: «En este caso, no es necesario solicitar la opinión, ni mucho menos el permiso, a los otros países», matiza el experto.

Por su parte, el Gobierno heleno sostiene que «la compatibilidad de este proyecto con el derecho internacional es absolutamente clara» y llevará a cabo todas las acciones pertinentes para que salga adelante.

Sin embargo, el pasado verano, durante las labores de exploración para trazar la ruta del cable en las aguas cercanas a la isla griega de Kasos, al noreste de Creta, Turquía envió buques de guerra a la zona, logrando que se paralizaran las investigaciones.

Para contrarrestar la acción turca en el Egeo, Atenas ha intensificado su labor diplomática con terceros países con el fin de garantizar la ejecución ininterrumpida del proyecto. A principios de abril, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, se reunió en Jerusalén con su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu, quien se comprometió a actuar junto con Washington si la situación con Turquía se complica.

«Las tensiones no son un asunto bilateral, sino que el problema es internacional, en un lugar con dinámicas regionales complejas», matiza Tsakonas, quien opina que, sin los recientes apoyos recibidos por Grecia, la situación con Turquía podría descontrolarse. Por su parte, Tzimitras se muestra más optimista y cree que Turquía no tiene el propósito firme de bloquear la construcción del cable. En su opinión, lo sucedido con Kasos fue una estrategia de «diplomacia comercial», mediante la cual el país del Bósforo estaría buscando no ser excluido y ser informado.

En medio de esta disputa, el gigante estadounidense de los hidrocarburos Chevron ha informado a Grecia de su interés en la explotación de dos lotes de gas natural ubicados en el sur del Peloponeso y de Creta, en una zona que, en parte según el acuerdo turco-libio, es considerada ZEE de Libia. La declaración de interés de Chevron ha sido interpretada por Atenas como un reconocimiento por parte de Estados Unidos de que esa zona pertenece a Grecia

Los lotes fueron definidos y delimitados unilateralmente por Grecia en 2011, basándose en lo establecido por el derecho internacional, aplicando la línea media entre las costas del sur de las islas griegas de Creta y Gavdos. El hecho de que Libia haya convocado recientemente la licitación para explorar los bloques de su ZEE supone, según Tsakonas, que «en esencia Libia acepta los límites establecidos por la delimitación que Grecia llevó a cabo unilateralmente en 2011, algo que ejerce una presión adicional» para Turquía en sus reivindicaciones en el Egeo. «Turquía se lo pensará mucho más antes de intervenir como lo hizo el año pasado en lo relacionado con el cable porque tiene frentes abiertos con Israel, especialmente en Siria, y no le conviene presionar más las cosas y abrirse problemas en otros frentes. Israel es un interlocutor privilegiado de EE.UU.».

Sin embargo, las tensiones han continuado entre los dos países vecinos. La UE se declaró «profundamente disgustada», según afirmó el pasado 11 de abril el primer ministro chipriota, Nikos Christodoulidis, tras la publicación en medios griegos de unas supuestas declaraciones de funcionarios turcos que calificaban el GIM de «provocación», por no respetar los derechos de Turquía en esta zona del Mediterráneo. A pesar de las tensiones, Gerapetritis optó por «no comentar» en el Foro de Delfos las filtraciones, aunque subrayó que la compatibilidad del proyecto con el derecho internacional «es absolutamente clara». Además, destacó que la cooperación entre Grecia y Turquía «ha producido resultados significativos en diversos ámbitos, como el comercio bilateral y la gestión migratoria».

Días después, el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, haciendo referencia a la exploración de hidrocarburos en el Egeo durante una rueda de prensa, afirmó que su país no «permitirá ninguna acción unilateral o hecho consumado en Chipre, el Egeo o el Mediterráneo Oriental». Aunque no cuente con el respaldo internacional, también recordó que Turquía presentó en 2020 ante la ONU el acuerdo ‘Patria Azul’.

Roces entre los dos aliados

Por otro lado, la construcción del interconector también enfrió, en un primer momento, las excelentes relaciones entre los dos grandes aliados del Mediterráneo oriental: Grecia y Chipre, en lo relacionado con la viabilidad del proyecto. En marzo, sus autoridades se reunieron en Atenas y acordaron continuar con la construcción del interconector. Pero «de momento no existe acuerdo firmado», recuerda Tzimitras. Según el experto, sería conveniente «dejar de lado la parte política y centrarse en las ventajas sociales y económicas que traerá para Chipre, donde la construcción del interconector es una cuestión de supervivencia y no comercial o política».

A pesar de las informaciones que apuntaban a una reanudación inminente de las prospecciones en aguas de Creta para definir la ruta del cable, y de que el Gobierno griego estaría preparando una escolta militar para los buques de investigación a fin de evitar incidentes, el ministro Gerapetritis rebajó el tono asegurando que las exploraciones «se reanudarán en el momento oportuno». En este sentido, destacó que no existe ninguna fecha vinculante para su inicio. Todo ello en un contexto en el que los vientos podrían cambiar en el tablero político internacional y remodelar las dinámicas geopolíticas de esa orilla del Mediterráneo.