El Tribunal Supremo israelí suspende el veto de entrada de 37 ONG en Gaza

El Tribunal Supremo de Israel ha decidido en una sentencia publicada el viernes congelar la prohibición del Gobierno a 37 ONG extranjeras que trabajan en Gaza y en la Cisjordania ocupada, a la espera de una decisión definitiva.«Sin tomar ninguna posición, … se emite por la presente una orden provisional temporal», ha dicho el tribunal en una sentencia en respuesta a una petición de más de una docena de ONG, que buscaban revocar la prohibición después de que el Gobierno de Israel revocara su estatus en Israel.

En teoría, la decisión permite a las ONG seguir trabajando en Gaza y Cisjordania hasta que el tribunal dicte una sentencia definitiva, aunque los grupos de ayuda humanitaria expresaron su incertidumbre sobre cómo se aplicaría la suspensión.

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Las organizaciones, entre las que se encuentran Médicos Sin Fronteras (MSF), Oxfam, el Consejo Noruego para los Refugiados y CARE, fueron notificadas el 30 de diciembre de 2025 de que sus registros israelíes habían expirado y que tenían 60 días para renovarlos, proporcionando listas de su personal palestino.
Si no lo hacían, tendrían que cesar sus operaciones en Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Este, a partir del 1 de marzo.
Las ONG presentaron una petición al Tribunal Supremo a través de una organización paraguas, AIDA, después de que se revocara su registro como organizaciones benéficas en Israel al término de una batalla de un año de duración durante la cual las ONG se habían negado a proporcionar listas de sus empleados palestinos a las autoridades israelíes.
El tribunal ha afirmado en su fallo que existía una «auténtica controversia jurídica» debido a las responsabilidades de las ONG extranjeras con respecto a la privacidad de sus empleados en virtud de la legislación europea.

Israel exigió una lista de sus empleados palestinos

El organismo del Ministerio de Defensa israelí encargado de los asuntos civiles en los territorios palestinos, COGAT, afirmó que el nuevo proceso de registro estaba «diseñado para garantizar que Hamás no se infiltre en las organizaciones humanitarias y las utilice como tapadera para sus fines terroristas».
«A las organizaciones que se nieguen a cumplir se les debería plantear una pregunta: ¿qué están ocultando?», añadió COGAT en un comunicado publicado en X.
Israel ha acusado a ONG como MSF de emplear a combatientes de Hamás en Gaza, lo que la organización ha negado, señalando que cuenta con un riguroso proceso de selección para la contratación de personal. La organización ha perdido a 15 empleados asesinados en la Franja desde el inicio de la guerra. Junto al resto de ONG argumentaron que no deseaban compartir las listas de empleados por temor a su seguridad.
«Seguimos a la espera de ver cómo interpretará el Estado la orden judicial y si esto supondrá un aumento de nuestra capacidad de actuación», ha declarado Athena Rayburn, directora de AIDA, a la AFP sobre la sentencia del viernes, calificándola de «un paso en la dirección correcta».
«Seguiremos luchando para poder hacer nuestro trabajo y prestar asistencia vital a los palestinos que la necesitan», ha añadido.

«Margen de maniobra»

Yotam Ben-Hillel, abogado que representó a las ONG en el tribunal, ha acogido con satisfacción la orden judicial, aunque manifiesta que «todavía no sabemos cómo se desarrollará». «Hoy, el Tribunal Superior de Justicia ha dado un respiro a los residentes de Gaza y Cisjordania», ha afirmado.
Craig Kenzie, coordinador de proyectos de MSF en Gaza, ha declarado a la AFP que los 28 miembros extranjeros que quedaban en la organización abandonaron el territorio palestino el jueves y no podrán regresar a menos que se revoque la prohibición.
«Es un paso positivo, pero los detalles son muy vagos, por lo que no está claro qué consecuencias tendrá en cuanto al suministro de provisiones y la entrada de personal extranjero», afirmó.
Israel ocupa Cisjordania desde 1967 y controla estrictamente todas las entradas y salidas de Gaza. Los suministros de la organización se están agotando porque no se ha permitido la entrada de ninguno desde finales de 2025, dijo, pero añadió que 1200 empleados palestinos se encargarían de las operaciones diarias, que incluyen el suministro de agua potable, cirugías y salud materna.
Dijo que, aunque ha entrado carga comercial en Gaza, los productos que traen son inasequibles para muchos gazatíes que han quedado en la indigencia a causa de la guerra y que, por lo que él sabe, ninguna otra ONG dada de baja ha podido introducir suministros en los últimos meses.