El Supremo debate sobre el gran freno a la agenda de Trump: los bloqueos judiciales a nivel nacional

El Tribunal Supremo de EE.UU., ha tratado este jueves uno de los escasos frenos que tiene la agenda ambiciosa, frenética y rupturista de Donald Trump: los bloqueos judiciales a nivel nacional de sus órdenes ejecutivas. Desde el primer día tras su … regreso al poder, Trump ha impulsado sus planes –en muchas ocasiones, con una base legal y de precedente judicial cuestionable– a golpe de firma de decreto presidencial. En medio de una purga de organismos supervisores independientes y con un Congreso controlado por sus aliados republicanos, el poder judicial ha sido usado como el único contrapeso al multimillonario neoyorquino: parte de la cascada de órdenes ejecutivas ha sido inhabilitada por bloqueos judiciales que las desactivan.
Para Trump y sus aliados, son ‘jueces activistas’ que no hacen uso, sino abuso, del poder judicial. En el caso que ha llegado hasta el Supremo, la cuestión venía derivada de un caso de gran importancia: el intento de Trump de acabar con el acceso automático a la ciudadanía para los nacidos en territorio de Estados Unidos.
El presidente lo exigió así en su primer día en la Casa Blanca, con la intención de evitar que los hijos de inmigrantes indocumentados adquieran la ciudadanía. Pero ese derecho está consagrado en la Constitución y de inmediato, como tantas otras órdenes posteriores, se bloqueó en tribunales.
Al mismo tiempo, varios jueces se mostraron a favor de que haya esos bloqueos nacionales cuando se trate de derechos fundamentales, como puede ser el caso del acceso a la ciudadanía.

El Supremo no se ocupó este jueves del fondo de la cuestión –la constitucionalidad de esa orden–, sino la capacidad de los jueces de bloquear decretos presidenciales a nivel nacional. Los abogados de la Administración Trump exigen que esos bloqueos sean limitados, y que solo afecten a los casos particulares que van a juicio o a los estados en donde se plantea la batalla legal.

El debate entre los magistrados

Los jueces dieron la sensación de no tener claro qué hacer al respecto. Algunas de los magistradas de la minoría progresista –hay tres juezas elegidos por presidentes demócratas, frente a nueve elegidos por presidentes republicanos; entre ellos, tres de Trump–, como Elena Kagan, no ocultaron su incomodidad por una práctica habitual en estos tiempos: en cuanto el presidente aprueba una orden judicial, los activistas contrarias buscan un juez simpático con su causa donde interponer una demanda y exigir un bloqueo cautelar. «En la primera Administración Trump, todo se hacía en San Francisco. En la de Biden, en Texas», protestó Kagan.
No habrá una decisión del Supremo hasta junio o julio, cuando empiezan a publicar sus sentencias de los casos que han tratado esta primavera. Mientras tanto, los bloqueos cautelares seguirán siendo un problema para Trump. Y habrá que esperar todavía más hasta que haya una decisión sobre el asunto de fondo, el acceso a la ciudadanía, un asunto de gran calado político.