El sospechoso de matar a la niña Lyhanna tenía decenas de denuncias no investigadas por la Justicia francesa

Tres semanas después del secuestro mortal de Lyhanna, el Gobierno francés ha admitido fallos graves de la Justicia y la Policía que dejaron en libertad a Jérôme Barella, principal sospechoso del asesinato de esa niña, de once años, en el sur de Francia. El … Ministerio de Justicia publicó este lunes por la tarde la primera versión de un informe en el que detalla esos errores por parte de fiscales y agentes. «Hubo una pérdida de tiempo (…) y no hubo el seguimiento necesario» de una denuncia anterior en agosto del año pasado, reconoció Stéphane Noël, jefe de la Inspección General de la Justicia, durante una breve comparecencia en el Palacio de Matignon. Allí entregaron el documento al primer ministro, Sébastien Lecornu.
«Fallaron las medidas de protección» y eso «tuvo consecuencias dramáticas», lamentó el responsable del Ejecutivo galo tras recibir el texto. Aunque han pasado 25 días desde la desaparición y el homicidio de la menor, el caso sigue dando que hablar en Francia. Antes del secuestro mortal y la violación de Lyhanna, ya habían acusado al principal sospechoso de decenas de agresiones sexuales a menores. Pero no lo habían detenido ni interrogado. Como este escándalo ha evidenciado la impunidad de algunos delincuentes sexuales, además de ilustrar una serie de fallos flagrantes de la Justicia y la Policía, suscitó una oleada de indignación en el país vecino.

Por tercera semana consecutiva, este lunes por la tarde están convocadas manifestaciones frente a tribunales y en la monumental Plaza de Vendôme en París, donde se encuentra la sede del Ministerio de Justicia. Las asociaciones feministas y de defensa de los menores que las impulsan exigen la dimisión del titular de Justicia, Gérald Darmanin, quien ya había llevado las riendas de Interior entre 2020 y 2024. Además, piden más medios para los magistrados y agentes encargados de investigar los casos de violencia machista o infantil. Durante la última década, aumentaron hasta niveles récord en Francia (21.500 anuales) las denuncias presentadas por presuntos abusos sexuales a menores, pero esa subida no se vio reflejada en un incremento de los recursos humanos y materiales.

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El caso de Barella, de 41 años, también reflejó una serie de errores individuales. Estos afectaron especialmente una denuncia presentada en agosto de 2025 por la madre de otra niña, de 11 años y llamada Rosa en la prensa gala para preservar su intimidad. Había acusado al principal sospechoso de la muerte de Lyhanna de «haber violado a su hija hasta 50 veces», según el informe preliminar. La veracidad de ese testimonio se vio reforzada por «las lesiones anales» que un médico había diagnosticado a esa menor. Además, una psicóloga que la interrogó había considerado que «de manera manifiesta no se inventaba nada».

«No hicieron nada para avisar»

Pese a la gravedad de la acusación, ese pederasta reincidente, acusado hasta cuatro veces de violaciones o abusos, siguió en libertad y ni siquiera tuvo que declarar ante los agentes. No fue detenido por primera vez hasta el 30 de mayo, el día después del secuestro de la niña asesinada. En el caso de Rosa, su impunidad se benefició de una serie de errores humanos, y al mismo tiempo kafkianos, de la Administración.

La madre de otra niña, también de once años, había acusado al sospechoso de la muerte de Lyhanna de «haber violado a su hija hasta 50 veces»

Debido a la competencia territorial, el examen de la denuncia de su madre pasó de la Fiscalía de Toulouse a la de Auch. Sin embargo, los funcionarios judiciales «no hicieron nada para avisar a la Fiscalía de Auch de la urgencia de esa investigación, lo que aumentó el riesgo de ese procedimiento de perderse en medio del abundante correo que recibe la jurisdicción», admiten los autores del informe. Según el documento, otra equivocación retrasó varias semanas ese procedimiento: lo enviaron a una comisaría equivocada. Y los agentes que debían tratarlo tampoco estuvieron a la altura, puesto que «lo pusieron en la pila de los casos no urgentes».

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Ante la indignación provocada por este caso, Lecornu ha prometido una modificación legislativa que reduzca a tres meses el plazo que los agentes dispondrán para llevar a cabo las tareas esenciales de la investigación de una supuesta violación a un menor. El Gobierno también había exigido a principios de mes a los magistrados de instrucción que examinaran de nuevo todas las denuncias sobre violencia infantil (hasta 70.000) antes del 14 de julio. Esa decisión, tomada bajo la presión de la opinión pública, ha llevado a prisión preventiva a 134 personas que estaban pendientes de juicio.