El secuestro mortal de una niña evidencia los fallos y la precarización de la Justicia en Francia

El caso de Lyhanna ha suscitado una ola de indignación en Francia. Esta niña de 11 años fue secuestrada el 29 de mayo, y hallaron el 4 de junio su cadáver en el pueblo de Puycasquier, situado a unos 15 kilómetros del municipio donde vivía … con sus padres en el suroeste del territorio galo. El perfil del principal sospechoso de este crimen atroz ha motivado la controversia suscitada por la muerte de esta menor de edad, a la que han homenajeado este lunes por la tarde miles de personas en un centenar de manifestaciones. El presunto asesino se llama Jérôme B., tiene 41 años y lo habían denunciado dos veces por violaciones a menores sin ninguna consecuencia para él.
La impunidad del supuesto delincuente pedófilo se debió a fallos de la administración policial y judicial. A pesar de acumular una serie de denuncias en el mismo sentido y que lo habían despedido de un instituto por sus mensajes insistentes hacia una alumna de 17 años —allí trabajaba como conserje—, ni siquiera lo habían interrogado. Y eso que, antes del secuestro de Lyhanna, ya lo habían acusado de hechos muy graves. Por ejemplo, de haber violado a una niña de 10 años que sufrió «lesiones anales» diagnosticadas por los médicos y que «de manera manifiesta no se inventaba nada», según una psicóloga que la había interrogado.

A pesar de ello, este francés había seguido en libertad, y fue el último adulto al que vieron junto con la niña muerta. Sin la autorización de sus padres, ella había subido al coche del presunto asesino al salir de la escuela y luego se desconoce exactamente lo que sucedió hasta su muerte. El principal sospechoso, que fue detenido el día después y encarcelado de manera preventiva, niega haber acabado con la vida de Lyhanna. Sin embargo, lo han imputado por asesinato y secuestro de una menor de 15 años.

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Rosalía Sánchez

Pulso entre el ministro y los fiscales y los jueces

«La institución judicial no supo proteger a esa niña», admitió el ministro de Justicia, Gérald Darmanin. Además de haber evidenciado una serie de errores evidentes en el trabajo en las comisarías y de la administración judicial, este caso ha provocado un nuevo pulso entre el Ejecutivo galo y los funcionarios de la Justicia. Mientras que Darmanin considera que ejemplifica una serie de errores graves de la fiscal de la República de Auch (suroeste), las organizaciones de magistrados han acusado al ministro de querer desviar la atención atribuyendo toda la responsabilidad a la representante del Ministerio Público. Ella se había equivocado al no considerar como prioritaria la denuncia del año pasado contra Jérôme B., acusado con pruebas de haber violado a una niña.
El ministro de la Justicia se reunió este lunes con todos los fiscales generales del país. «No nos faltan recursos ni leyes. Lo único que nos ha faltado ha sido priorizar las violaciones a los menores», aseguró Darmanin durante una rueda de prensa. Durante ese encuentro, pidió a los fiscales que «examinen de nuevo todas las denuncias que afectan a los niños» antes del 14 de julio. Es decir, les ha dado un corto plazo, de apenas cinco semanas, para que lleven a cabo esta tarea.

«No hay suficientes gendarmes ni magistrados»

El caso Lyhanna ha tensado aún más las relaciones —ya de por sí deterioradas— entre Darmanin y los jueces. Además de una serie de errores individuales, estos últimos consideran que la impunidad de la que se benefició el presunto asesino refleja un problema estructural en las comisarías y los tribunales: la falta de personal. Durante la última década, han aumentado más del doble las denuncias por violaciones, que pasaron de 17.000 en 2017 a 46.000 en 2024. También han subido hasta niveles récord las presentadas por agresiones a menores de edad (más de 21.500). Ese incremento, sin embargo, no ha ido acompañado por un aumento del número de policías judiciales y magistrados de instrucción encargados de examinarlas.
«Hay muchas denuncias y no hay suficientes gendarmes ni magistrados para interrogar a los sospechosos», explica a este medio Carole Fromont, de 50 años. Era una de los miles de manifestantes que se concentraron este lunes en una de las esquinas de la monumental plaza Vendôme, donde se encuentra la sede del Ministerio de Justicia. Abundaban las pancartas en homenaje a la niña secuestrada y en las que denunciaban que «la impunidad mata».
«Francia ha priorizado en los últimos años la lucha contra el narcotráfico, pero hay tantos problemas que deberían ser prioritarios que eso comporta que miles de denuncias queden acumuladas en una pila», lamentaba esta participante en la manifestación en París, donde gritaron «Proteged a nuestros niños» y «Darmanin, dimisión». Este caso ha puesto contra las cuerdas al ministro de Justicia, que intenta salir del atolladero con su habitual hiperactividad mediática.