El Gobierno trabaja en un decreto de vivienda con bonificaciones fiscales y que prohíba la compra a fondos 'buitre' pero sin expropiar

El Gobierno trabaja contra reloj para aprobar en el Consejo de Ministros de este martes el decreto de vivienda sobre el que los socios de gobierno han elevado la presión en los últimos días a raíz del desahucio de Maricarmen. Según confirman fuentes del Ministerio de Vivienda, entre las medidas «urgentes» que se están negociando con los grupos parlamentarios se incluyen medidas de protección ante los desahucios y prohibir la compra «especulativa» de viviendas a fondos buitre, aunque no se baraja la posibilidad de expropiar inmuebles que reclaman voces de Sumar y Podemos. Sí ha asumido, en cambio, una de las exigencias de Podemos para tratar de allanar la negociación: dejar fuera del paquete la reforma de la Ley del Suelo. Los morados habían advertido de que su inclusión sería una «línea roja» y llegaron a calificarla de «ofensa», por lo que el Gobierno renuncia por ahora a recuperarla en este decreto.El objetivo de la norma es defender el derecho a la vivienda e impedir que haya «una sola Maricarmen más», subrayan fuentes del departamento dirigido por Isabel Rodríguez, que remarcan que las viviendas han de ser para vivir, de ahí las restricciones a la compra de inmuebles por parte de fondos de inversión que se están negociando. Es algo de lo que son partidarias las formaciones a la izquierda del PSOE. De hecho, Sumar defendió hace apenas dos semanas en el Congreso una proposición de ley para prohibir la compra de vivienda a empresas y fondos de inversión, una iniciativa que fue rechazada por los votos en contra de PP, Vox y Junts y a la que el PSOE se abstuvo. No obstante, tras el desahucio de Maricarmen tanto los socialistas como el partido de Carles Puigdemont han elevado el tono contra los fondos ‘buitre’.El desalojo de la mujer de 87 años ha provocado un clamor social en defensa del derecho a la vivienda. Convocadas por el Sindicato de Inquilinas, miles de personas se manifestaron este sábado en Madrid para pedir soluciones ante la crisis habitacional, una concentración que ha desembocado en una acampada en la Puerta del Sol para exigir al Gobierno la aprobación del que han bautizado como ‘decreto Maricarmen’. El Sindicato de Inquilinas pide que se incluyan en él cuatro medidas: renovación automática de los contratos, congelación de los alquileres, una ley contra las estafas de los alquileres de temporada y habitaciones y que se garantice la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional. Resumen Contexto Claves FAQs Resumen del artículoEl Gobierno negocia a contrarreloj para intentar aprobar en el Consejo de Ministros un decreto de urgencia sobre vivienda impulsado tras el desahucio de Maricarmen. La propuesta busca restringir la compra especulativa de inmuebles a fondos ‘buitre’, regular el alquiler de temporada y aumentar el IVA a los pisos turísticos, descartando las expropiaciones. Asimismo, se plantean bonificaciones fiscales para inquilinos y propietarios, ayudas a la compra de primera vivienda y el blindaje del parque público. La norma requiere aún consensuar apoyos en el Congreso para garantizar su posterior convalidación y evitar que decaiga.Noticias sobre el temaPuntos claveProhibición de compra a fondos especulativosEl borrador plantea restringir la adquisición de pisos a fondos de inversión para frenar la especulación, aunque descarta las expropiaciones solicitadas por Sumar y Podemos.Regulación del alquiler temporal y turísticoLa propuesta pretende atajar el fraude en los contratos de corta estancia y elevar el IVA a las viviendas turísticas para que tributen como negocio.Incentivos fiscales para arrendatarios y caserosEl texto incluye deducciones inmediatas para inquilinos e incentivos fiscales para propietarios que decidan bajar el precio de las rentas.Protección ante desahucios vulnerablesTras el desalojo de Maricarmen, se negocian medidas urgentes para prevenir desahucios sin alternativa y proteger los contratos ante subidas abusivas.Votación decisiva en el CongresoTras la aprobación en el Consejo de Ministros, la norma deberá contar con la convalidación del Congreso en 30 días para no decaer.Preguntas frecuentes¿Qué restricciones impondrá el decreto a los fondos ‘buitre’?El borrador prevé restringir la compra de inmuebles a fondos de inversión para frenar la especulación en el mercado habitacional. Sin embargo, el Gobierno rechaza de forma expresa incluir expropiaciones de viviendas en la norma.¿Cómo aborda la norma los alquileres de temporada y los pisos turísticos?La norma persigue regular las contrataciones de corta duración para combatir el fraude y subir el IVA a los pisos turísticos. De este modo, se busca que las viviendas turísticas tributen como la actividad económica que representan.¿Qué incentivos fiscales se plantean en la negociación?Se contemplan bonificaciones impositivas directas para reducir de inmediato la carga del alquiler a los inquilinos, así como deducciones para caseros que rebajen los precios. Adicionalmente, se incluyen ayudas para facilitar la entrada a compradores solventes de primera vivienda.¿Qué impacto ha tenido el desahucio de Maricarmen en la tramitación?El desalojo de esta mujer de 87 años desató un intenso clamor social, marchas del Sindicato de Inquilinas y una acampada en la Puerta del Sol. Esta movilización aceleró las negociaciones entre los grupos políticos para pactar medidas urgentes.¿Qué trámites parlamentarios requiere el decreto para mantenerse vigente?Tras ser aprobado en el Consejo de Ministros, el decreto ley debe ser convalidado por el Congreso de los Diputados en un plazo máximo de 30 días. Si no obtiene el respaldo parlamentario suficiente en ese periodo, las medidas decaerán.A falta de conocer los detalles concretos, el borrador del decreto sobre el que trabaja el Gobierno avanza en esa dirección, aunque todavía está sin cerrar. Fuentes del Ministerio de Vivienda confirman que la norma pretende regular el alquiler de temporada para acabar con el «fraude» en los contratos de corta duración y subir el IVA a los pisos turísticos para frenar su proliferación y «que tributen como lo que son, un negocio».En cuanto al precio de los alquileres, el Gobierno está trabajando en proteger los contratos frente a las renovaciones anuales y también frente a subidas abusivas en aquellos lugares que no están declarados como zonas tensionadas y donde, por tanto, no se aplica todavía el tope de alquileres que prevé la ley de vivienda. No obstante, está por ver en qué se materializa esta intención de «estabilizar» los contratos. A finales de julio, el PSOE y Sumar pactaron incluir en este decreto una nueva prórroga extraordinaria de hasta dos años para los contratos de alquiler que terminaran antes del 30 de junio de 2028, es decir, cubriendo seis meses más que la primera prórroga aprobada por el Gobierno en marzo y rechazada después en el Congreso.En el ámbito del alquiler, hay sobre la mesa también bonificaciones fiscales para rebajar a los inquilinos «de forma inmediata» el esfuerzo que supone el pago del alquiler, así como incentivos fiscales también para los propietarios que bajen el precio del alquiler. Es algo que el PSOE ha planteado en repetidas ocasiones y que se incluía también en el texto pactado con Sumar antes del verano. El objetivo inicial era aprobar el decreto en julio, pero el Gobierno se dio más tiempo ante la falta de apoyos para convalidarlo en el Congreso. La reacción ante el desahucio de Maricarmen ha acelerado su negociación.En materia fiscal, se debate igualmente incluir en el texto ayudas a la compra de una primera vivienda para facilitar este paso a quienes tienen un perfil solvente, pero no cuentan con ahorros suficientes para hacer frente a una entrada. Además, otro de los puntos es bajar el IVA a la construcción de viviendas protegidas con calificación permanente y blindar el parque estatal de vivienda para que «nunca más ninguna vivienda pagada con dinero de todos acabe en manos de especuladores». «La regulación se tiene que acompañar con la ampliación del parque de vivienda asequible», defienden fuentes de Vivienda.Desde el Ministerio de Vivienda subrayan que la concreción de todos estos puntos no está cerrada todavía, siguen las negociaciones para alcanzar un decreto «ambicioso y transversal». El apoyo del resto de partidos es clave, ya que, una vez se apruebe en el Consejo de Ministros, la norma necesita recibir también el visto bueno del Congreso de los Diputados en los 30 días siguientes para mantener su vigencia y evitar que las medidas decaigan, como ocurrió en abril con la prórroga de los contratos de alquiler y a principios de año con el escudo antidesahucios. «El Gobierno está afanándose en construir un acuerdo entre los grupos parlamentarios que responda al clamor social y mejore el acceso a la vivienda de la ciudadanía», recalcan fuentes de Vivienda.