Publicado: abril 14, 2026, 6:00 am
La fuente de la noticia es https://www.20minutos.es/lainformacion/economia-y-finanzas/gobierno-sostiene-que-sentencia-tjue-no-obliga-espana-hacer-fijos-los-interinos_6957845_0.html
El Gobierno descarta convertir en fijos a los trabajadores interinos de la administración pública que acumulan años (incluso décadas) encadenando contratos temporales de forma fraudulenta. Tras conocerse este martes la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que establece que España no sanciona ni compensa debidamente los abusos de temporalidad, el Ejecutivo interpreta que no obliga a otorgarles la plaza fija.
En un comunicado difundido por Función Pública, el ministerio se hace eco de un párrafo de la sentencia que dice lo siguiente. «El Acuerdo Marco no impone a los Estados miembros una obligación general de transformar en contratos por tiempo indefinido los contratos de trabajo de duración determinada».
Cuando el TJUE habla del Acuerdo Marco, se refiere a la directiva europea de contratos de duración determinada, la norma a la que los interinos se aferran para reclamar un contrato indefinido. La cuestión acabó en la justicia europea después de que el Supremo pidiese una aclaración sobre cómo interpretar la norma, dado que algunos tribunales estaban convirtiendo en fijos y otros, descartándolo.
Desde Función Pública trasladan también que la sentencia del TJUE «es meramente aclaratoria», por lo que «no afecta a la normativa nacional ni impone sanción de ningún tipo«. «Ante este fallo, el Gobierno de España reitera su firme compromiso con la reducción de la temporalidad entre los empleados de la administración pública, y recuerda que la doctrina del Tribunal Constitucional es contraria a hacer fijos a trabajadores temporales sin que saquen esta plaza en oposición abierta a todo el mundo», explican.
«El TJUE ha dicho que España tiene que hacer más para evitar abusar de la figura del trabajador temporal, pero no obliga a hacerlo de una manera u otra», añade el comunicado. Desde el departamento encabezado por Óscar López argumentan que el Ejecutivo viene trabajando a lo largo de estas dos últimas legislaturas en resolver el problema que arrastra España «desde hace décadas» y se escudan en que la ley aprobada en 2021 para reducir la temporalidad en las administraciones públicas «está funcionando».
En concreto, aseguran que la tasa de temporalidad se ha reducido en seis puntos a lo largo de estos últimos cinco años, pasando del 39% al 32,7% en el momento actual. «Nunca antes se había hecho una reforma tan profunda contra la temporalidad en el sector público: límites claros a la temporalidad, controles, responsabilidades y procesos masivos de estabilización», sostienen.
En esta línea, inciden en que el Gobierno se comprometió con la Comisión Europea a cubrir con trabajadores fijos al menos de 300.000 plazas, cifra que han rebasado, estabilizando un total de 419.756 funcionarios hasta la fecha. Según datos facilitados por Función Pública, entre 2018 y 2025, el Gobierno ha convocado una media de 32.522 plazas de empleo público.
Asimismo, echan balones fuera y argumentan que el problema de los trabajadores temporales afecta especialmente a las comunidades autónomas y entidades locales, con tasas del 40 y del 36% de empleados eventuales, en contraste con la Administración General del Estado, en la que ese porcentaje se reduce al 4,7%, dado que la mayor parte del personal discontinuo se concentra en ámbitos como la sanidad o la educación. «La administración no puede cerrar servicios esenciales, no puede dejar de prestar servicios, por lo que ante carencias de personal va a requerir acudir a figuras temporales», agregan.
En este contexto, Moncloa contempla la posibilidad de incluir medidas adicionales en el proyecto de ley orgánica de las carreras judicial y fiscal, así como en la ley de Función Pública de la Administración del Estado, ambas en tramitación parlamentaria.
CSIF exige agilizar los procesos
Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en este colectivo, instan a agilizar los procesos selectivos y reducir los plazos de ejecución, que actualmente cuentan con un plazo máximo de tres años, algo que se incumple sistemáticamente, además de regular dentro del ordenamiento jurídico con «sanciones ejemplares, claras, concretas y aplicables para los responsables que sigan abusando de la contratación temporal. «CSIF pide que este tipo de sanciones vayan más allá de la mera responsabilidad administrativa y recaigan sobre los máximos responsables de aquellas administraciones que incumplan», indican.
CSIF calcula que unas 125.000 personas sufren abuso de temporalidad, dado que el 23% de las plazas ofertadas aún no han sido cubiertas ni han sido convocadas. «Esta situación pone en evidencia la ineficacia y falta de voluntad política de las diferentes administraciones, lo que supone un flagrante incumplimiento de lo establecido por mandato legal en la Ley 20/2021 ya que la resolución de los procesos de estabilización debería haberse ejecutado antes del 31 de diciembre de 2024«, exponen.
