Publicado: diciembre 17, 2025, 5:45 pm
La fuente de la noticia es https://www.abc.es/internacional/trump-intensifica-ofensiva-sobre-venezuela-bloqueo-petroleros-20251217204743-nt.html
Washington apunta a las rutas del crudo hacia China y a una red financiera que, según documentación revisada por ABC, ha canalizado miles de millones hacia Irán, mientras el Congreso debate los límites al uso de la fuerza
Donald Trump ha … ordenado un cerco total a los petroleros venezolanos con el objetivo doble de asfixiar la principal fuente de financiación del régimen de Nicolás Maduro y cortar lo que la propia Casa Blanca describe como una red de «terrorismo, narcotráfico y corrupción» sostenida con ingresos del crudo. El presidente sostiene que Estados Unidos bloqueará y decomisará buques sancionados que entren o salgan de Venezuela, elevando la presión militar y judicial en el Caribe y trasladando el pulso con Caracas del terreno diplomático al de la coerción directa.
La relación con China es central en ese planteamiento. La mayor parte del petróleo venezolano se vende con descuento a refinerías chinas debido a las sanciones, y Washington entiende que ese flujo sostiene al régimen y, de forma indirecta, circuitos financieros opacos. El bloqueo apunta precisamente a esas rutas hacia China, donde operan muchos buques de la llamada «flota oscura», con el objetivo de cortar ingresos, reducir la capacidad de maniobra de Maduro y limitar el uso del petróleo venezolano como moneda política y financiera frente a EE.UU. y sus aliados.
En la Casa Blanca el cerco se presenta como una operación de «denegación de liquidez». No se trata solo de impedir que la petrolera estatal cobre, sino de dificultar que el crudo venezolano siga funcionando como activo explotado en mercados paralelos, con cambios de bandera, transbordos en alta mar y rutas diseñadas para diluir el origen. Esa lógica explica por qué la atención de Washington se centra ahora en los buques y en la logística, tanto como en los intermediarios. El petróleo, sostienen, financia al régimen chavista y su red de aliados.
Documentos publicados recientemente por ABC describen una estructura financiera creada por el poder venezolano para mover recursos fuera del control internacional. En esos dosieres se detalla un circuito en el que parte del dinero que entraba en Venezuela desde China terminaba beneficiando, de forma directa o indirecta, al aparato estatal iraní. Un informe citado en esa documentación estima en 7.821 millones de dólares (6.659 millones de euros) el volumen total de fondos canalizados hacia Irán por esa vía, incluyendo transferencias identificadas y desvíos asociados al llamado Fondo Chino-Venezolano.
La cifra no se apoya en una sola operación. El informe sostiene que parte de los recursos del Fondo Chino-Venezolano (FCCV) terminó en proyectos y circuitos vinculados a Teherán mediante esquemas de triangulación que incluyen programas de «fábricas socialistas», sobrecostes y servicios no prestados. Ese mismo documento incorpora una hipótesis conservadora: considerar desviado un 5% del total del FCCV, calculado sobre 62.631 millones de dólares (53.328 millones de euros), lo que arrojaría 3.132 millones de dólares (2.666 millones de euros) como tramo indirecto atribuible a esos flujos.
Evadir las sanciones
En la lectura que hace Washington, el petróleo vendido a China y los créditos asociados no solo sostuvieron a Maduro. También ofrecieron una plataforma para que recursos y proyectos se desplazaran hacia un tercer actor sancionado. El foco sobre las rutas marítimas hacia China y sobre la «flota oscura» deja de ser solo un castigo económico a Caracas y pasa a presentarse como una operación para impedir que el petróleo venezolano siga funcionando como instrumento financiero exportable, con ramificaciones hacia terceros países.
Trump decidió además vincular la presión a una exigencia de restitución. En su mensaje del martes, anunció que mantendrá y ampliará el cerco «hasta que Venezuela devuelva a EE.UU. todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente». Se trata de una referencia explícita a las nacionalizaciones del sector energético y a activos expropiados a empresas estadounidenses en etapas anteriores del chavismo. Con esa formulación, elevó el conflicto del terreno técnico de sanciones y licencias al de una reclamación directa de propiedad y de supuesta deuda histórica.
Al ser preguntado el miércoles el equipo presidencial a qué se refería Trump con esas restituciones, dado que no existen registros de una expropiación de territorio estadounidense por parte de Venezuela, la respuesta fue articulada por Stephen Miller, uno de los halcones más duros del trumpismo en seguridad nacional e inmigración.
Miller sostuvo que la industria petrolera venezolana fue creada con capital, tecnología y trabajo estadounidenses, y que su expropiación constituyó «el mayor robo registrado de riqueza y propiedad estadounidense». Según su relato, esos activos «saqueados» no solo sostuvieron al régimen de Maduro, sino que habrían servido para financiar terrorismo y alimentar redes de drogas, mercenarios y violencia con impacto directo en la seguridad interna de Estados Unidos.
«Mantendremos la presión hasta que Venezuela devuelva a EE.UU. todo el petróleo, las tierras y los activos que nos robaron previamente»
Donald Trump
Presidente de Estados Unidos
Las expropiaciones a las que alude ese funcionario se produjeron principalmente durante los gobiernos de Hugo Chávez, a partir de mediados de la década de 2000, cuando Venezuela nacionalizó vastos sectores estratégicos, en especial el del crudo. En ese proceso, el Estado tomó el control de proyectos con participación de grandes compañías extranjeras, incluidas empresas norteamericanas, con el argumento de recuperar soberanía sobre los recursos naturales. En varios casos hubo compensaciones parciales. En otros, las disputas terminaron en arbitrajes internacionales prolongados. Desde la perspectiva actual de Washington, esas nacionalizaciones supusieron pérdidas millonarias para empresas radicadas en EE.UU. y marcaron el deterioro de la relación bilateral.
La Administración Trump retoma ahora ese episodio para encuadrar la presión actual no solo como una política de sanciones. De hecho, incluye una reclamación de activos y una acusación de que los recursos obtenidos tras aquellas expropiaciones habrían terminado financiando redes criminales y alianzas con países sancionados como Irán.
Trump reforzó además la advertencia política alegando que la presencia militar estadounidense en el Caribe «solo se hará más grande», y que el impacto para Caracas será «como nada que hayan visto antes». Ante esto, los demócratas de la Cámara de Representantes están forzando votaciones para limitar el uso de la fuerza militar por parte del presidente, después de que Trump advirtiera de que podrían producirse ataques terrestres «pronto».
La mayor parte del petróleo venezolano se vende con descuento a refinerías chinas debido a las sanciones
Una de las resoluciones, impulsada por Gregory Meeks, pretende retirar a las fuerzas armadas de cualquier hostilidad contra organizaciones designadas como terroristas en el hemisferio occidental sin aval legislativo. La segunda, presentada por el demócrata Jim McGovern, se centra específicamente en Venezuela y cuenta con el respaldo de varios republicanos, lo que le da más opciones de prosperar.
El debate se produce tras meses de ataques contra embarcaciones que Washington vincula al narcotráfico y que han causado al menos 95 muertes, y después de nuevas señales de escalada. Entre ellas, destaca la designación de parte del aparato del régimen de Maduro como organización terrorista extranjera y el anuncio de un bloqueo total a petroleros sancionados. Varios legisladores denunciaron que la Administración no ha explicado por qué no ha consultado al Congreso y cuestionaron si el objetivo real va más allá de la lucha antidroga.
Aunque algunos republicanos reconocen que existe apoyo suficiente para autorizar una acción militar, insisten en que el presidente debe solicitarla formalmente. Desde la Casa Blanca y el liderazgo republicano se defiende que Trump actúa dentro de sus competencias constitucionales, mientras que la jefa de gabinete, Susie Wiles, admitió que cualquier operación terrestre sí requeriría aprobación del Capitolio.
