Publicado: enero 4, 2026, 9:45 pm
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Un gran capo sigue fuera del alcance de la justicia estadounidense en la causa del cártel de los Soles, y Donald Trump ha optado por darle margen, de momento. Diosdado Cabello reapareció el sábado en público, horas después de la captura de Nicolás Maduro, … para lanzar un mensaje de desafío y asegurar que estaba dispuesto a plantar cara. Su destino podría haber sido el mismo que el de los otros tres grandes imputados por los que Estados Unidos ofreció recompensa: Clíver Alcalá, Hugo «El Pollo» Carvajal y el propio Maduro.
Tras las imputaciones de 2020 y las sucesivas ampliaciones del caso en el Distrito Sur de Nueva York, la macrocausa ha ido estrechando el círculo. Con acusaciones ya formalizadas, colaboradores condenados y antiguos aliados convertidos en testigos, el proceso ha dejado una fotografía cada vez más nítida del entramado que Washington atribuye a la cúpula del poder venezolano. En esa imagen, el nombre que permanece en fuga es el de Diosdado.
La Fiscalía estadounidense sostiene desde hace años que el núcleo dirigente de Venezuela utilizó de forma sistemática las instituciones del Estado para facilitar el tráfico de cocaína a gran escala hacia Estados Unidos. Las primeras imputaciones, presentadas en 2020, señalaban a Maduro y a varios de sus colaboradores más estrechos, sobre todo a Cabello. Desde entonces, el caso se ha ampliado con nuevas alegaciones, acusaciones sustitutivas y confesiones de antiguos responsables militares y de inteligencia. El resultado es una causa más detallada, con hechos concretos, fechas, rutas y pagos descritos en los escritos judiciales.
Mientras otros imputados han sido detenidos, extraditados o han acabado colaborando con la justicia, como el caso de Carvajal, él sigue fuera del alcance de los tribunales estadounidenses. Para los fiscales, no se trata de un secundario, sino de una de las figuras centrales del sistema, que debería correr la misma suerte que los demás.
Diosdado es militar de formación y uno de los dirigentes más longevos del chavismo. Fue jefe de campaña de Hugo Chávez, vicepresidente de la República, gobernador del estado Miranda, presidente de la Asamblea Nacional y de la Asamblea Constituyente. En la actualidad es ministro del Interior, jefe policial. Dentro del régimen, ha sido identificado durante años como el responsable del control interno, con influencia directa sobre las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia. Su perfil ha estado ligado a la disciplina del aparato y a la gestión del poder coercitivo del Estado.
La acusación estadounidense en el distrito que juzga a Maduro lo describe como uno de los dirigentes que permitió que Venezuela se convirtiera en un punto clave del tráfico internacional de cocaína. Según los escritos de la Fiscalía, Cabello garantizó protección política y militar a envíos de varias toneladas, facilitó el uso de puertos, aeropuertos y pistas clandestinas y cobró sobornos para evitar investigaciones o detenciones. Los fiscales sostienen que esas actividades se prolongaron durante años y que formaron parte de una estructura organizada, el famoso cártel de los Soles.
El expediente lo vincula además con organizaciones designadas como terroristas por Estados Unidos, entre ellas las FARC, el ELN, el cártel de Sinaloa y los Zetas. La acusación afirma que esas alianzas permitieron asegurar rutas, logística y seguridad armada dentro del territorio venezolano, a cambio de beneficios económicos y apoyo mutuo. No se trata, según la Fiscalía, de contactos puntuales, sino de una colaboración estable.
Entre los hechos concretos que recoge la causa figuran reuniones tras incautaciones relevantes de cocaína, pagos millonarios para encubrir a militares implicados y desplazamientos a zonas fronterizas controladas por grupos armados para supervisar rutas aéreas clandestinas. En los escritos más recientes, se le atribuye incluso la recepción de beneficios procedentes del narcotráfico hasta fechas cercanas a la apertura de la acusación.
Por todo ello, Estados Unidos mantiene activa una recompensa por información que conduzca a su captura: 10 millones. La cifra, fijada por el Departamento de Estado, lo sitúa entre los objetivos prioritarios de la justicia federal en materia de narcotráfico y narcoterrorismo. No es un gesto retórico: implica que Washington considera su detención una pieza clave para cerrar el caso.
A estas alturas del proceso, la causa contra el cártel de los Soles se ha convertido en una de las más ambiciosas jamás impulsadas por Estados Unidos contra dirigentes en ejercicio de otro país. Y, dentro de ese sumario, Diosdado Cabello es el nombre que sigue pendiente. El gran prófugo de una investigación que, según los fiscales, ha dejado ya suficientemente acreditado el funcionamiento de un sistema criminal enquistado en el poder del Estado venezolano y que, de momento, sigue en plaza.
