Publicado: septiembre 21, 2026, 6:00 am
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Llenar un depósito de 50 litros con diésel cuesta ya cerca de 90 euros en España, incluso después de que el Gobierno haya aplicado durante septiembre una rebaja fiscal temporal de 20 céntimos por litro. El precio medio ronda los 1,79 euros, frente a niveles sensiblemente inferiores hace apenas unos meses, y el gasóleo acumula una subida interanual superior al 30%. La ayuda termina el 30 de septiembre si no se prorroga, de manera que parte del colchón que ahora contiene el precio podría desaparecer justo cuando hogares y empresas empiezan a asumir una factura energética mucho mayor.
Un trabajador que recorra 40 kilómetros diarios entre ida y vuelta al trabajo durante 22 días al mes hará unos 880 kilómetros. Con un coche que consuma seis litros cada 100 kilómetros necesitará aproximadamente 53 litros mensuales, de modo que una subida de 20 céntimos por litro añade algo más de 10 euros al mes y unos 127 euros al año. El cálculo aumenta rápidamente en hogares con dos vehículos, trayectos más largos o coches con mayor consumo, pero sigue representando únicamente la parte del encarecimiento que aparece directamente en el surtidor.
Los camiones que recorren decenas de miles de kilómetros cada año convierten unos pocos céntimos adicionales por litro en miles de euros de sobrecoste. El Observatorio de Costes del Transporte de Mercancías por Carretera utiliza el combustible como una de las principales partidas para calcular cuánto cuesta mantener en funcionamiento un vehículo pesado, porque el diésel representa una parte muy relevante de sus gastos operativos. Cuando esa factura aumenta, las empresas pueden absorberla durante un tiempo reduciendo márgenes, pero mantener indefinidamente el mismo precio del transporte resulta mucho más difícil.
Del camión a la compra
Alimentos, ropa, electrodomésticos, materiales de construcción, medicamentos o pedidos de comercio electrónico recorren una parte de su camino hasta el consumidor por carretera. El aumento del combustible puede pasar así del transportista a la empresa que contrata el servicio, después al distribuidor o al comercio y finalmente al precio que paga el consumidor, aunque ese traslado no sea inmediato ni tenga por qué realizarse en su totalidad.
Frutas, verduras, carne, pescado y lácteos soportan además una cadena especialmente dependiente de la energía porque muchos necesitan transporte rápido y refrigeración constante. Un producto perecedero no puede permanecer almacenado durante meses esperando a que baje el combustible y, cuando la mercancía debe reponerse continuamente, los cambios en los costes logísticos pueden llegar pronto al establecimiento.
Antes de subir al camión, muchos alimentos ya han consumido diésel. Tractores, cosechadoras y otra maquinaria agrícola dependen de él, mientras que la pesca incorpora combustible directamente al coste de salir a faenar. En Alicante, ASAJA calcula que el gasóleo agrícola ha pasado de 1,211 euros por litro en febrero a 1,694 euros en septiembre, una subida de 48 céntimos que golpea especialmente a cultivos intensivos en maquinaria como cereales, olivar y hortalizas de invierno.
En Baleares, las organizaciones agrarias estiman un sobrecoste anual de 1,7 millones de euros únicamente por la subida del gasóleo agrícola, después de que el precio haya pasado de unos 90 céntimos a cerca de 1,70 euros desde comienzos de año. Las explotaciones de las islas consumen alrededor de 3,4 millones de litros anuales, lo que permite comprobar cómo una variación aparentemente pequeña en una gasolinera adquiere otra dimensión cuando se multiplica por millones de litros.
Del surtidor al IPC
El IPC español alcanzó el 4,3% en agosto, siete décimas más que en julio y su nivel más elevado desde febrero de 2023. El transporte registró una inflación interanual del 9,5%, más de tres puntos por encima del mes anterior, debido principalmente al encarecimiento de combustibles y lubricantes para vehículos personales. Solo durante agosto, este grupo subió un 3,3% y aportó 0,534 puntos a la variación mensual del IPC.
El gasóleo se encareció alrededor de un 30% interanual en agosto, mientras que la gasolina subió cerca de un 17%, unas variaciones suficientemente grandes para que la energía vuelva a ocupar una posición central en la evolución de los precios. Los alimentos todavía muestran una subida mucho más contenida, del 2,3%, lo que significa que una parte del incremento energético todavía no se ha trasladado de forma generalizada a la cesta de la compra.
Una familia que no tenga un coche diésel tampoco queda aislada de ese proceso. El combustible utilizado para cultivar una verdura, capturar pescado, refrigerar un alimento o llevar un electrodoméstico hasta una tienda no figura por separado en el ticket, pero forma parte del coste que soportan las empresas que intervienen en cada etapa. Cuanto más tiempo permanezca elevado el gasóleo, mayor será la presión para que una parte de esos costes termine avanzando por la cadena.
30 de septiembre
La rebaja fiscal que permite reducir actualmente en 20 céntimos por litro el precio del diésel expira a finales de septiembre, salvo que el Gobierno decida prolongarla. La medida explica además que el gasóleo vuelva a costar algo menos que la gasolina pese a haberse encarecido mucho más durante el último año: la bonificación aplicada al diésel es superior a la de cinco céntimos vigente para la gasolina.
Si esa protección desaparece mientras los precios internacionales y los márgenes de los combustibles continúan elevados, octubre puede añadir otra presión sobre transportistas, agricultores, empresas y conductores. Funcas y BBVA ya contemplan que la inflación pueda acercarse al 5% en septiembre, después del salto registrado durante agosto.
Si transportistas, agricultores y distribuidores no pueden trasladar íntegramente el encarecimiento a sus clientes, la presión termina apareciendo en márgenes más estrechos, menos inversión, renegociación de contratos o cierres de las empresas más débiles.
El precio del diésel puede dejar así de ser únicamente un problema de inflación para convertirse también en un problema de rentabilidad empresarial.
