Bolivia cierra el año con el Gobierno fracturado: el presidente y su vicepresidente rompen

Bolivia llega al cierre de 2025 con un escenario político inesperado para un país que hace apenas dos meses celebraba el inicio de un nuevo ciclo político alejado de la izquierda. El presidente Rodrigo Paz, que asumió el poder el 8 de noviembre tras … imponerse en una segunda vuelta electoral, está enfrentado públicamente con su vicepresidente, Edmand Lara, quien se ha declarado «oposición» y acusa al Gobierno de gobernar «para los ricos».
La ruptura, que se fue gestando en silencio durante las primeras semanas de mandato, estalló a pocos días de Navidad y se profundizó en la última semana del año, dejando a Bolivia con un gobierno dividido, protestas de sectores sociales y una agenda económica marcada por decisiones consideradas impopulares.
El punto de quiebre fue el Decreto Supremo 5503, aprobado por el presidente Paz como parte de un paquete de emergencia económica que eliminó la subvención a los combustibles, elevando de forma inmediata los precios de la gasolina y el diésel. El Gobierno defendió la medida como inevitable ante una economía «al borde del colapso», pero Lara la calificó como un «decreto del hambre».

Desde entonces, el vicepresidente no solo rechazó la decisión, sino que se alineó con sectores movilizados, respaldó protestas y cuestionó públicamente a ministros y asesores del presidente, a quienes llegó a insultar en videos difundidos sobre todo en redes sociales. «Soy oposición, pero oposición constructiva», afirmó Lara, marcando una distancia inédita para un vicepresidente en funciones.
El enfrentamiento dejó de ser un desacuerdo interno cuando Lara acusó al presidente de rodearse de «gente corrupta» y aseguró que su misión es combatir la corrupción. En una serie de mensajes, afirmó que, si el pueblo decide revocar el mandato presidencial en dos años, «no tendrá miedo» y se irá «por la puerta grande».
Estas declaraciones provocaron una reacción inmediata del entorno presidencial. La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, denunció un supuesto «plan de conspiración» contra el presidente Paz, en el que se habrían alineado Lara y sectores afines al exmandatario Evo Morales.
El propio presidente se pronunció. «Yo no hago tiktoks, yo actúo», dijo Paz tras firmar acuerdos con gremiales para mitigar el impacto del decreto económico. Defendió la eliminación de la subvención señalando que el Estado perdía hasta 10 millones de dólares diarios y advirtió que mantener ese esquema habría llevado al país a la quiebra en pocos meses.
La crisis escaló aún más este lunes cuando el Gobierno acusó al vicepresidente de intentar influir en la Policía Boliviana y en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN). El viceministro de Defensa Social denunció públicamente que Lara llamó en reiteradas ocasiones para solicitar puestos de trabajo y espacios dentro de la institución policial.
«La Policía no es botín político ni agencia de empleos», afirmó la autoridad, asegurando que el comandante de la Policía fue designado por meritocracia y que no se aceptaron sugerencias de ningún actor político, incluido el vicepresidente.
El episodio cobra relevancia internacional tras conocerse que 700 kilos de cocaína, ocultos en madera y con destino a España, habían salido de ese país meses antes, durante la gestión anterior. Lara había denunciado inoperancia y corrupción en la FELCN, pero el Gobierno respondió que el cargamento salió en octubre, antes de la asunción de Paz, y que las acusaciones generales solo «embarran» a la institución.
La confrontación política se desarrolla en un contexto económico extremadamente delicado para Bolivia. Según el Instituto Nacional de Estadística, Bolivia cierra el año con una inflación acumulada del 19,22%, una de las más altas de las últimas décadas. Productos básicos como tomate, carne y zanahoria registraron subidas abruptas, mientras la escasez de combustibles afectó al transporte, la producción y el abastecimiento de alimentos.
El Gobierno sostiene que recibió un país devastado, con déficit fiscal elevado, falta de dólares y un Estado paralizado. En su discurso de investidura, Paz habló de «la peor crisis de los últimos cuarenta años» y acusó a los gobiernos del Movimiento al Socialismo de haber dilapidado más de 40.000 millones de dólares durante la bonanza del gas.
Mientras su gobierno se fragmenta, Paz avanzó rápidamente en política exterior. Restableció contactos formales con Estados Unidos, rotos desde 2008, y recibió en La Paz al subsecretario de Estado Christopher Landau, quien aseguró que Washington ve en Bolivia «una nueva era» de cooperación. El nuevo Gobierno también reactivó el diálogo con países vecinos y con la Unión Europea, buscando financiamiento y respaldo para estabilizar la economía.
El vicepresidente Lara insiste en que no busca desestabilizar, sino «corregir el rumbo». El presidente Paz, en cambio, apuesta por consolidar autoridad y avanzar con reformas estructurales, aun a costa de desgaste político.
Bolivia cierra así el 2025 con una crisis económica y un Gobierno que prometía unidad, pero comienza su gestión marcada por la confrontación interna.