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Avanza en comisión cambios a leyes para elección judicial

Publicado: octubre 14, 2024, 2:20 am

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Entre dudas y cuestionamientos sobre su implementación, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó las dos reformas a leyes secundarias que tienen como fin poner las reglas para la elección de ministros, jueces y magistrados.  

Con la mayoría de los votos de Morena y sus aliados, el PT y PVEM, en reunión extraordinaria, las y los integrantes de la Comisión de Justicia aprobaron, sin modificaciones, las minutas provenientes del Senado de la República, que reforman la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en torno a la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial.

Dichos dictámenes provenientes de dos iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pasaron al pleno de San Lázaro para ser discutidos y votados este lunes.

Fechas

A través de diversos artículos transitorios, las y los legisladores avalaron las fechas sobre la etapa de convocatoria y postulación de candidaturas de las personas juzgadoras, entre las que destacan que el Senado de la República emitirá la convocatoria general a más tardar el 16 de octubre del 2024.

Mientras que los Poderes de la Unión instalarán sus respectivos Comités de Evaluación a más tardar el 31 de octubre de 2024; además, los Comités de Evaluación publicarán las convocatorias para participar en el proceso de evaluación y selección de postulaciones, a más tardar el 4 de noviembre de 2024.

En tanto, el plazo para que las personas interesadas se inscriban en las convocatorias emitidas por los Comités de Evaluación comprenderá del 5 de noviembre al 24 de noviembre de 2024.

Los Comités de Evaluación seleccionarán los perfiles mejor evaluados para cada cargo y remitirán los listados correspondientes a la autoridad que represente a cada Poder de la Unión, a más tardar el 4 de febrero de 2025 y el Senado de la República integrará los listados y expedientes de las personas postuladas por cada Poder de la Unión y los remitirá al Instituto Nacional Electoral, a más tardar el 12 de febrero de 2025, a efecto de que organice el proceso electoral.

Impugnaciones

Por otro lado, las reformas a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, establece los procesos de impugnación y anulación de candidatos que se deberán aplicar para este proceso electoral.

Entre lo reformado destaca que durante el proceso electoral para la elección judicial los aspirantes podrán impugnar las determinaciones de las autoridades electorales federales que violen normas constitucionales o legales.

Asimismo, se plantea que la Sala Superior del Tribunal Electoral será competente para resolver los juicios de inconformidad, con excepción de la elección de sus integrantes, en cuyo caso corresponderá conocer al Pleno de la SCJN.

Se añade que el juicio de inconformidad sólo podrá ser promovido por los candidatos y se estipula que cuando se impugne la elección de personas ministras de la SCJN, magistradas de la Sala Superior y del Tribunal de Disciplina Judicial, deberá promoverse a más tardar dentro de los cuatros días posteriores a que el Consejo General del Instituto realice la declaratoria de resultados.

Críticas

Durante la discusión, legisladores de oposición subrayaron que los problemas técnicos y legales que se avecinan con la aprobación de estas leyes para la elección de juzgadores, pues aseguraron que el texto tiene errores graves, incluso en la sintaxis y en la redacción que complican su interpretación.

El líder parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, destacó que las reformas secundarias contienen contradicciones con lo aprobado previamente en materia constitucional.

Mientras que el diputado César Israel Damián Retes (PAN) dijo que votaría en contra debido a que las reformas buscan “desaparecer la división de Poderes y extinguir la República”.

Contrario a lo anterior, el diputado José Carlos Acosta Ruiz (Morena) dijo que la reforma está bien hecha y lo que busca es terminar con las pensiones millonarias y atender la demanda de la ciudadanía cansada de ministros y jueces de consigna.

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