Así funciona el modelo de deportación de inmigrantes de Meloni que Europa ha acordado implantar: España es el único país que está en contra

La norma todavía debe pasar por el Parlamento Europeo, pero nadie en Bruselas duda de que superará el trámite. Se trata de la pieza que faltaba para activar los detalles más controvertidos del pacto migratorio que se acordó hace ocho meses, y dar a los gobiernos más poder para acelerar expulsiones, tramitar solicitudes de asilo fuera de la UE y crear centros de retorno más allá de sus fronteras. Pero, ¿en qué cambiarán las cosas a partir de ahora?

¿Qué es exactamente el ‘modelo Meloni’?

El llamado modelo Meloni es, en esencia, un sistema que desplaza fuera de la Unión toda la parte dura del proceso migratorio. Italia lo ha probado con Albania, donde ha levantado instalaciones financiadas y gestionadas por Roma pero situadas en territorio albanés. Allí se registra a los recién llegados, se estudian sus solicitudes de protección y se mantiene a quienes ya tienen una orden de expulsión.

Lo aprobado ahora por los ministros abre la puerta a que cualquier Estado miembro copie ese esquema. Bastará con firmar acuerdos con países que Bruselas considere seguros y trasladar allí tanto la fase de tramitación como la espera previa a la devolución.

¿En qué cambian las cosas?

Para la persona afectada, el proceso sería muy distinto al actual. Llegaría a la frontera o sería interceptada en el mar, pasaría por un primer examen y si no cumple los requisitos para quedarse sería enviada directamente a uno de esos centros externos, sin pisar suelo comunitario más de lo imprescindible.

Otro de los grandes cambios está en la definición de país seguro. Hasta ahora se exigía que la persona tuviera algún vínculo con el destino propuesto. A partir de la reforma ya no hará falta. Se podrá enviar a alguien a un país con el que no tiene relación alguna siempre que figure en la lista acordada entre los Veintisiete.

Además, el reglamento aprobado incluye la reducción de la cuota anual de reubicación solidaria de demandantes de asilo así como las compensaciones económicas que tienen que pagar los países que no deseen aceptar los inmigrantes que le corresponde para ayudar a los países más saturados.

España, eso sí, ha sido la única en votar que no, una posición aislada que el Gobierno justifica con dudas jurídicas y humanitarias. Moncloa advierte del riesgo de que estas instalaciones operen sin suficiente supervisión y de que la externalización termine vaciando de contenido el derecho de asilo. También teme que el reparto de responsabilidades quede descompensado y que países como España, Italia o Grecia sigan soportando la presión inicial sin recibir un apoyo real a cambio.