Andrés Windsor y el Estado de derecho

La detención de Andrés Mountbatten-Windsor –hasta hace poco príncipe Andrés de Inglaterra– en su residencia de Sandringham ha marcado un hito en la historia contemporánea del Reino Unido. La Policía inglesa ha confirmado, con una delicadeza que se aparta de su práctica habitual, el … arresto de «un hombre de Norfolk en sus sesenta años» por sospecha de «misconduct in public office» (mala conducta en un cargo público), en el marco de una investigación que ha cobrado impulso tras la publicación de documentos vinculados a Jeffrey Epstein.
Como jurista, debo subrayar que detención no equivale a culpabilidad. En el sistema penal británico, como en cualquier democracia que se precie de tal nombre, la presunción de inocencia rige con la misma fuerza para un ciudadano común que para quien fue miembro de la realeza. La acusación puede implicar incluso penas privativas de libertad; pero solo tras un proceso justo y con todas las garantías, se podrá hablar de responsabilidad penal. No obstante, lo sucedido exige ir más allá de una advertencia prudencial jurídica; al implicar una crisis de reputación que trasciende a un individuo.

La figura del tercer hijo de la Reina Isabel II de Inglaterra ha sido una constante fuente de controversia, incrementada en los últimos años por su relación con un personaje tan oscuro como Epstein, convicto por tráfico y abuso sexual de menores. El Rey Carlos III, su hermano, le ha retirado recientemente sus títulos y honores; así como sus funciones como miembro de la Familia Real. Lo sucedido parece confirmar que no se estaba ante una mera decisión interna de la Casa Real británica, sino que se ha practicado para levantar un cortafuegos entre la institución y los actos personales de un hermano del rey.

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Ivannia Salazar

La lógica era –y sigue siendo– clara. Preservar la integridad de la Corona para que el daño colateral de una conducta polémica no termine por erosionar la confianza pública en la institución real entera. Para esta, es una prueba de fuego. Si el sistema legal trata a todos por igual, entonces se fortalece la legitimidad misma de la monarquía ante una sociedad que cada vez demanda más responsabilidad y menos privilegio. Asistimos a un momento en el que la persona y la institución real inglesa se entrecruzan por el imperativo de que el Estado de derecho se aplique con imparcialidad.
En un Estado constitucional, cuando se detiene a un miembro de la familia reinante conforme al procedimiento ordinario, nunca debe entenderse como un desafío a la monarquía, sino como una reafirmación de la igualdad ante la ley, de que nadie está por encima de ella. Esto es la esencia del Estado de derecho. La ‘auctoritas’ de la monarquía británica, como de cualquier monarquía parlamentaria, no depende de su fuerza o su posición. Depende de la percepción pública de probidad, de dignidad, de prudencia, de transparencia y de ejemplaridad.
En España, el caso Urdangarin supuso un punto de inflexión. Y eso que no se trató –notable diferencia con el caso inglés– de un hermano del Rey. El procesamiento y condena del esposo de la Infanta Cristina evidenciaron dos cosas. Primero, que la Justicia española debía actuar y actuó con independencia; segundo, que la supervivencia de la monarquía dependía de una regeneración ética visible. La decisión de Felipe VI de retirar el título de duquesa de Palma a su hermana y de apartar a ambos de la agenda institucional, fue, y así lo entendió el pueblo español, un ejercicio de responsabilidad ejemplar.
Con la detención de Andrés Mountbatten-Windsor, el Estado de derecho ha hablado con firmeza. Ahora la reputación institucional se jugará, como siempre, en el terreno de la justicia, la verdad y la percepción ciudadana. Porque en las democracias avanzadas, la Corona conserva primeramente su significado cuando está sometida a la Constitución y la ley, y, sobre todo, el público lo cree.
Daniel Berzosa López es jurista.