Publicado: octubre 3, 2020, 11:31 am
Por Gonzalo Gómez Betancourt
He sido un abanderado en cumplir a cabalidad las normas empresariales en Colombia y he querido siempre guiar a los empresarios al respecto, pero cuando se trata de entender la lógica detrás del denominado concepto de “Grupo Empresarial” se me ha hecho imposible defenderla, ya que contradice los aspectos básicos de protección patrimonial de un accionista.
La ley 222 de 1995, estableció “Habrá grupo empresarial cuando además del vínculo de subordinación que exista entre las entidades, se tenga unidad de propósito y dirección”. El espíritu de esta ley era supuestamente proteger el patrimonio de terceros que participaran en las relaciones comerciales con dichos grupos y controlar cualquier abuso de su posición dominante. Por lo tanto, “en caso de insolvencia de una sociedad controlada, la ley establece que cuando esta situación exista y haya sido producida por causa de las actuaciones realizadas por la sociedad matriz, ésta responderá en forma subsidiaria por las obligaciones de aquella”.
Según esto en Colombia estamos muy lejos de fomentar la creación de grupos empresariales, no aprendemos de la historia de los demás. Aunque en nuestro país funcionan grupos empresariales de variadas dimensiones, la legislación como lo pueden notar es lamentable. Ya vamos a cumplir 25 años de la ley 222, que ha sido en esta materia inaceptable, debido a las múltiples prohibiciones y cargas que deben soportar los grupos, y con su inexplicable regla de extensión de responsabilidad a las casas matrices que puso en entredicho algo fundamental en una sociedad capitalista, como es el principio de la separación patrimonial entre una compañía y sus accionistas, además del vacío que dejó en materia de operaciones intergrupales que debe ser resuelto mediante mecanismos de conflictos de intereses en las asambleas de accionistas.
En Colombia se necesitan empresarios que generen empleo, pero las normas cada vez más parecen tener una tendencia a hacerles la vida difícil a quienes hacen bien al país. Es una realidad que agrupar patrimonios hace compañías más solventes, que incluso ayudan a traer inversión extranjera. Mostrar al mercado grupos empresariales robustos es positivo para el país, sin que, per sé, sean violatorios de las normas de promoción de la competencia y de la protección del consumidor. Ante este hecho considero que lo que debe hacer la ley es reconocerlos y además fomentarlo, en vez de ahuyentarlos.
Todos los empresarios sabemos que crear empresa tiene riesgos, y entendemos que éstos deben estar supeditados al patrimonio invertido en la misma, lo que no aceptamos de ninguna manera es que el accionista sea responsable más allá del patrimonio invertido y que por ley quede establecido que lleguen a tomar el capital de otro tipo de negocios diferentes, esto es saltarse el principio de la propiedad privada. Existen otras formas para tratar de establecer un abuso de poder de las mayorías y no que estás sean confiscatorias desde el inicio, es decir, la ley tacha al empresario de culpable.
La norma anterior hace que cualquier empresario cree empresas separadas, y trate a toda costa de evitar que la superintendencia trate de identificarlos como grupo; y aunque el resultado sea una multa, puede que a la larga salga más barato, que dejarla a la merced de esta ley. Entonces, en vez de avanzar como cualquier empresa de un país civilizado mostrando lo que se tiene, se idean mecanismos para demostrar lo que no son. Irónicamente los pequeños empresarios tratan de ponerles nombres a sus empresas con la palabra “grupo” para mostrarse “más importantes” y los grandes tratan de evitar a toda costa que se les declaré grupo, como dice el viejo adagio “alcancía llena nunca suena” pero precisamente por no sonar, es difícil demostrarle a un inversionista extranjero que quiera invertir en Colombia, que tenemos empresas separadas para no llamar la atención de esta ley, que no tienen nada que ver con el negocio en particular, y al escuchar esto prefieren dar vuelta y decir cuando tengan más seguridad interna, podremos pensar en invertir.
Creo que llegó la hora de transformar la ley 222 en favor de permitir a los empresarios agruparse para poder tomar como base el escaso patrimonio que nos dejó la pandemia e iniciar actividades que faciliten la creación de nuevas empresas, además de permitir a inversionistas extranjeros entender que las normas de nuestro país los protegen, sin necesidad de que los empresarios nacionales tengan que buscar formas creativas para proteger su patrimonio, ya que seguirán pensando que somos una república muy atrasada.
CEO Legacy and Management Consulting Group
