La noticia, esperada y temida por mucha gente, llegó a altas horas de la madrugada: el Gabinete Político y de Seguridad aprobó la propuesta del primer ministro, Benjamin Netanyahu, de «derrotar a Hamás» y «tomar el control de la franja de Gaza». A pesar … de las manifestaciones de estos últimos días, a pesar de las protestas de las familias de rehenes y, sobre todo, a pesar de los consejos del Ejercito israelí, el deseo del primer ministro de prepararse para tomar el control de la ciudad de Gaza fue validado.
Aunque la operación en Ciudad de Gaza es menos amplia de lo planeado, el plan de Netanyahu fue adoptado en contra del consejo del jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, quien ha advertido de importantes pérdidas humanas.
Los detalles del plan dados por la oficina del primer ministro son pocos pero se sabe que prevé cinco puntos: el desarme del Hamás; el regreso de todos los rehenes, vivos y muertos; la desmilitarización de la franja de Gaza; el control de seguridad israelí; el establecimiento de una administración civil que no sea ni de Hamás ni de la Autoridad Palestina.

Tras el anuncio de la decisión y la publicación del plan aprobado, comenzaron a surgir reacciones, tanto dentro como fuera del país. El líder de la oposición, Yair Lapid, denunció en la red social X la decisión del gabinete de seguridad de aprobar la ocupación de la franja de Gaza, calificándola de «catástrofe que conducirá a muchas otras catástrofes».
Lapid añadió que el ministro de Seguridad Pública, Itamar Ben Gvir, y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, «arrastraron» a Netanyahu «a una operación que durará meses, resultará en la muerte de rehenes, la masacre de numerosos soldados, costará a los contribuyentes israelíes decenas de miles de millones y conducirá a un colapso político». «Esto es exactamente lo que Hamás quería: que Israel quedara atrapado en el terreno, sin un objetivo, sin nada definido para el futuro, en una ocupación sin sentido que nadie entiende adónde conduce», continuó.

«Todos van a estar en una picadora de carne y será terriblemente trágico», advierte un excomandante de operaciones especiales

Según el presidente del partido Yisrael Beytenu y exministro de Defensa, Avigdor Liberman, esta medida «demuestra que las decisiones que involucran asuntos de vida o muerte se toman sin tener en cuenta las consideraciones de seguridad y los objetivos de la guerra». Por su parte, el presidente del partido Kakhol Lavan-HaMahane HaMamlahti, Benny Gantz, también criticó el plan, calificándolo de «fracaso político que anula los tremendos logros del Ejército israelí». Y el líder del partido Demócratas, Yair Golan, afirmó que la decisión «dejaría a más rehenes a su suerte».
Ahora, la toma de Gaza pone a Israel ante varios peligros importantes. Primero, desplegar la artillería comporta el riesgo de que caiga en emboscadas de Hamás en una ciudad en ruinas y plagada de túneles. En una guerra de guerillas, el ocupante no está en posición de fuerza frente a un enemigo que conoce perfectamente el terreno y puede contar con el apoyo de la población civil. Es lo que ocurrió en 2006, cuando Israel luchó contra el Hizbola en el sur del Líbano y que no ha podido lograr sus objetivos. La mejor prueba es que, el año pasado, Israel no repitió los mismos errores que en 2006.

La trampa del Líbano

En el caso de Gaza, Israel tendrá que tener cuidado de no caer en la trampa. Además, sus soldados ya están cansados después de tantos meses en el frente. Aunque Netanyahu no lo escuchó ni lo oyó, Zamir hizo ampliamente conocida su oposición por temor a poner en peligro innecesariamente las vidas de soldados israelíes. Una de sus grandes preocupaciones es esta: la presión adicional que una «ocupación total» supondría para un Ejército ya desbordado tras 670 días de guerra, con tropas regulares insuficientes y reservistas reducidos.
Gaza, que era la frontera que menos preocupaba hasta el 7 de octubre de 2023, está lejos de ser el único frente activo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), ya que se enfrentan a desafíos diarios en Cisjordania, más al este, sin olvidar la frontera norte y más allá.
Zamir no es el único militar a oponerse a esta operación. Doron Kempel, excomandante adjunto de la unidad de operaciones especiales de las FDI, Sayeret Matkal, explicó a la BBC cómo podría ser la expansión de las operaciones militares en Gaza. Afirmó que el Ejército israelí querría que sus propias fuerzas sufrieran la menor cantidad de bajas posible, lo que podría implicar avanzar lentamente por el territorio, y que probablemente pedirían a los civiles que abandonaran la zona para reducir al mínimo las bajas.

«Esto es lo que Hamás quería: que Israel quedara atrapado en una ocupación sin sentido», denuncia Yair Lapid, líder de la oposición

«Creo que esta medida es una mala noticia a corto plazo para todos los que están en el terreno: combatientes de las FDI, rehenes, palestinos y Hamás», declaró. Contundente, pronosticó que «todos van a estar en una picadora de carne, y será terriblemente trágico para todos los involucrados a corto plazo».
Por su parte, el Foro de Familias de los secuestrados criticó que «esta decisión del gabinete de iniciar operaciones para ocupar la franja de Gaza constituye una declaración oficial de abandono de los rehenes. Además, ignora por completo las reiteradas advertencias de la cúpula militar y la voluntad claramente expresada de la mayoría de la población israelí».

08/08/2025 a las 11:09h.

La jefa del departamento de Sinhogarismo y Democracia del Ministerio de Vivienda de Reino Unido, Rushanara Ali, ha dimitido este jueves al considerar que seguir en su cargo «supondría una distracción para la ambiciosa labor del Gobierno», en medio de las acusaciones por haber puesto fin al alquiler de los inquilinos en una vivienda de su propiedad en Londres para volverla a poner en el mercado con una subida de 700 libras (algo más de 800 euros).
«En relación con las recientes informaciones, quiero dejar claro que en todo momento he cumplido con todos los requisitos legales pertinentes. Creo que me he tomado muy en serio mis responsabilidades y obligaciones, y los hechos así lo demuestran», ha afirmado en su carta de dimisión al primer ministro, Keir Starmer, defendiendo su decisión de finalizar el contrato de sus cuatro inquilinos antes de subir el alquiler de su casa en el este de Londres hasta las 4.000 libras (cerca de 4.600 euros), detalles revelados por una investigación del diario ‘The i Paper’.

A pesar de ello, la hasta ahora jefa de departamento de la cartera dirigida por Angela Rayner ha decidido dimitir. «Es evidente que continuar en mi cargo supondría una distracción para la ambiciosa labor del Gobierno», ha afirmado. «Me enorgullece haber contribuido al cambio que este Gobierno ha llevado a cabo durante el último año. Trabajando junto a la vice primera ministra (Rayner), hemos conseguido una inversión récord en vivienda social y asequible, y casi mil millones de libras de financiación para paliar la falta de vivienda y el sinhogarismo», ha subrayado en un balance en el que también ha destacado su rol en la campaña electoral y «la lucha contra el acoso y la intimidación en la vida pública».

Asimismo, ha agradecido a Starmer la oportunidad de formar parte de un Gobierno que, en sus palabras, «está demostrando su liderazgo internacional en una serie de cuestiones, desde la defensa de Ucrania frente a la agresión rusa hasta la colaboración con nuestros aliados en el desarrollo de una vía para poner fin a la guerra en Gaza, incluido el reconocimiento del Estado palestino». Por su parte, el mandatario británico le ha dado las gracias y ha destacado su papel en la derogación de la Ley de Vagancia, que criminaliza el acto de dormir en la calle y dejará de estar en vigor en la primavera de 2026, así como en la lucha contra el acoso y la ampliación del voto a jóvenes de 17 y 16 años.

Una jueza federal de Estados Unidos ordenó el jueves la paralización inmediata y por un plazo de 14 días de las obras de ampliación del centro de detención de inmigrantes indocumentados conocido como «Alligator Alcatraz», situado en una zona remota de el parque de … los Everglades, en el sur de la Florida.
La moción, dictada por Kathleen M. Williams, magistrada del Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, concede una victoria aunque solo temporal a grupos ecologistas que advierten de un grave riesgo para humedales y especies protegidas.
La decisión implica que el Estado no podrá instalar más sistemas de iluminación, pavimentación, enrejado u otras estructuras en el complejo durante ese periodo. El centro, gestionado por el estado de Florida pero que aloja a detenidos por el Servicio de Inmigración federal, ha sido objeto de una demanda interpuesta en junio por varias organizaciones medioambientales.

Estas sostienen que el proyecto avanza sin el informe medioambiental exigido por la legislación federal y han solicitado una orden judicial preliminar para detener por completo las obras y la operación del centro.
Desde el Gobierno estatal, el portavoz de Ron DeSantis, Alex Lanfranconi, restó importancia a la resolución. Afirmó que «Alligator Alcatraz» seguirá operativo y que la orden «no tendrá efectos en la aplicación de las leyes de inmigración en Florida», dijo en un correo electrónico.
El nombre «Alligator Alcatraz» no es oficial, sino un apodo que han usado críticos y medios para referirse al centro de detención. Se combina, por un lado, su ubicación en una zona aislada de los Everglades –hábitat natural de caimanes y cocodrilos– y, por otro, la referencia a la famosa prisión de Alcatraz en la bahía de San Francisco, conocida por estar prácticamente aislada.
Las autoridades de Florida han manifestado su intención de duplicar la capacidad del centro hasta alcanzar los 4.000 detenidos a finales de este mes. Sostienen que las obras son mínimas y que el impacto ambiental es limitado. Sin embargo, la vista oral no podrá concluirse hasta la próxima semana por problemas de agenda, lo que llevó a los demandantes a solicitar la suspensión temporal de las obras.
Ante la negativa de los abogados del Estado a asumir ese compromiso, la magistrada emitió la orden desde el estrado.
El caso medioambiental es uno de los dos litigios federales contra «Alligator Alcatraz». El otro cuestiona el respeto los derechos de los detenidos y el acceso a sus abogados. El Departamento de Seguridad Nacional, por su parte, ha intentado desvincularse del centro, alegando que su ubicación y operación son responsabilidad exclusiva del Estado de Florida.