Algunos vuelos de deportación de inmigrantes fletados por el Gobierno de Donald Trump, como los que efectuó a mediados de marzo en virtud de una ley bélica de 1798, han provocado batallas judiciales y políticas de gran calado. No es el caso de un … vuelo que salió este lunes de Houston con destino a Honduras y Colombia, con 64 ciudadanos de ambos países a bordo, todos ellos inmigrantes indocumentados. Y todos ellos abandonando EE.UU. de manera voluntaria.
El vuelo fue publicitado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en sus siglas en inglés) –el encargado de perseguir y expulsar a los inmigrantes indocumentados– como el primer transporte de su programa de autodeportación. Una estrategia más de su Administración para intentar hacer buena la promesa del presidente de EE.UU. de conseguir una deportación «histórica», de «millones de inmigrantes», «la mayor de la historia».
Entre mucha estrategia del palo –retórica agresiva, restricciones a la petición de asilo, redadas, deportaciones exprés de legalidad dudosa–, hay algo de zanahoria: el programa de autodeportación, anunciado en marzo, provee a quienes se acogen con asistencia financiera para pagar el billete y una paga de mil dólares para animarles a la decisión.

«Esto ha sido un vuelo charter voluntario, no una operación de ICE», explicó el DHS en un comunicado en referencia a la Policía de Aduanas e Inmigración, conocida en la comunidad inmigrante como ‘la migra’.
Frente a las imágenes de inmigrantes introducidos a empujones y a gritos a una cárcel de máxima seguridad de El Salvador, conocida por sus violaciones de los derechos humanos, a estos deportados se les vio aterrizar entre sonrisas y recibidos por familiares.
El programa de autodeportación utiliza una aplicación digital, CBP Home, para solicitar el proceso y organizar el vuelo de salida. Esa aplicación utiliza la base de otra, CBP One, creada por la anterior Administración, la de Joe Biden. Entonces, se utilizó para ordenar el caos migratorio, la avalancha de personas que cruzaban la frontera para pedir asilo y que luego se quedaban en territorio estadounidense de forma indefinida, esperando a que se procesaran sus casos migratorios. La Administración Biden la creó para que los inmigrantes solicitaran las entrevistas de asilo antes de llegar a la frontera y que solo lo hicieran con una cita. Ahora, la aplicación ya no tiene ese uso -la petición de asilo es todavía más limitada- y sirve solo para hacer las maletas de manera legal.
Es difícil pensar que las contrapartidas económicas -pago del billete, propina de mil dólares- sean un incentivo para la inmensa mayoría de los millones de inmigrantes indocumentados que están en EE.UU., muchos de ellos con trabajos estables, con la vida hecha aquí, con familia y círculos sociales. Y muchos también que salieron de sus países por razones -pobreza, inseguridad, violencia, persecución- que no han cambiado.
El incentivo adicional es que la Administración Trump insiste en que las personas que se acogen a la autodeportación «mantienen la posibilidad de regresar un día a EE.UU. de manera legal», como ha dicho el Departamento de Seguridad Nacionaal.
Es algo que lleva repitiendo durante semanas la secretaria de dicho departamento, Kristi Noem, que ha protagonizado un anuncio en radio, televisión y redes sociales: «Si no te autodeportas, serás objeto de multas, arrestos, deportación y nunca más se te permitirá volver», asegura. «Autodepórtate ahora y mantendrás la posibilidad de regresar de manera legal y correcta».
Las organizaciones de ayuda a los inmigrantes han puesto en duda esta posibilidad. Por ejemplo, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, en sus siglas en inglés) ha advertido a quienes escuchan ese anuncio que es «engañoso» y que «da la impresión de que no habrá consecuencias para ellos, como que se les impida regresar en el futuro. Nadie debería dar esto por bueno sin primero recibir una buena asesoría legal».

Sin anuncio previo y sin mayor explicación, el Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, ha decidido disolver por decreto la unidad que tenía como propósito evaluar la responsabilidad de varios integrantes del gabinete en el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. La criptodivisa había sido … difundida hace tres meses por el mismo jefe de Estado a través de sus redes sociales y acabó en estafa.
La comisión cerrada este martes por decisión del presidente había sido creada el pasado febrero y tenía como objetivo «recabar información vinculada al criptoactivo denominado $LIBRA y colaborar de manera rápida y expedita con el Poder Judicial y/o el Ministerio Público Fiscal», según informaba en sus redes sociales-. La Unidad de Tareas de Investigación (UTI) estaba integrada por miembros de organismos especializados en activos virtuales, delitos financieros y lavado de dinero. Era la encargada de determinar si existieron maniobras fraudulentas o conductas irregulares en la difusión y posterior derrumbe del valor de la polémica criptomoneda.
Al menos por el momento, no se ha hecho pública ninguna de las conclusiones o hipótesis alcanzadas por esta unidad. El Gobierno argentino, que días atrás se sumía en el entusiasmo tras la victoria de su candidato en la ciudad de Buenos Aires, el portavoz presidencial Manuel Adorni, ha tomado esta medida con el argumento de que «ya dio respuestas a todos los requerimientos que se había autoencomendado».

Concretamente, la resolución dada a conocer en las últimas horas afirma: «Disuélvese la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) creada en el ámbito del Ministerio de Justicia por haber dado cumplimiento a la tarea que le fuera encomendada». El decreto lleva la firma del jefe de Estado y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien fue llamado a declarar en el Congreso por el caso $LIBRA, pero no asistió a la cita.
Después de darse a conocer la noticia, al Ejecutivo le llovieron en Argentina las críticas por su decisión, pero también por desconocerse los detalles de las tareas que realizó la UTI desde el inicio de sus funciones, tres meses atrás.
Cabe recordar que el pasado 14 de febrero Milei había celebrado y difundido la llegada de la criptomoneda en una publicación en la que festejaba que «la Argentina liberal crece» y aseguraba que $LIBRA iba a incentivar «el crecimiento de la economía argentina». Tras desplomarse las acciones de la empresa, el presidente borró rápidamente la publicación de sus redes sociales.

El Gobierno, en la mira de la Justicia

En el Congreso argentino, la eliminación de la UTI ha sido recibida con un fuerte rechazo, y son varios los legisladores que consideran que el asunto no acaba allí. De hecho, la oposición solicita retomar el debate sobre este asunto dentro del Parlamento. «Solo demuestra que el Poder Ejecutivo busca asegurar la impunidad de Milei», ha expresado este martes el diputado Fernando Carbajal, del partido Democracia para Siempre.
Sin embargo, más allá del cierre de la comisión, avanza en la Justicia la investigación acerca de la responsabilidad de varios miembros del Gabinete de Gobierno por la responsabilidad en la difusión de una criptomoneda que acabó en pérdidas para inversores tanto dentro como fuera de las fronteras del país. La causa está en manos de la jueza María Romilda Servini de Cubría.
Cabe recordar que la magistrada ordenó hace unos días el congelamiento de bienes y activos financieros de los principales involucrados en el escándalo de la criptodivisa. A su vez, Servini de Cubría implementó medidas reservadas con el objetivo de investigar el patrimonio tanto del presidente argentino como de su hermana, la secretaria de Presidencia, Karina Milei.
Un aspecto a tener en cuenta es que el caso $LIBRA representa hasta ahora la mayor complicación para el Gobierno desde su llegada a la Casa Rosada, hace casi un año y medio. Sin embargo, en 2025 la polémica que tiene como protagonista al presidente puede afectarlo aún más. El próximo octubre los argentinos volverán a las urnas para unas elecciones legislativas que pueden modificar rotundamente el rumbo del país. La resolución judicial con respecto a la estafa virtual que recorrió el mundo es un tema que aún inquieta al poder, como ha quedado claro este martes.

Donald Trump ha presentado este martes un plan militar viejo y futurista a la vez: un escudo antimisiles apoyado en tecnología espacial que proteja a EE.UU. de cualquier ataque exterior. Es un plan similar al que ya ideó en su día otro presidente … republicano: Ronald Reagan y su Iniciativa Estratégica de Defensa de 1983, que fue bautizada como ‘Guerra de las Galaxias’ porque incluía capacidades espaciales.
El plan de Trump se llama Cúpula Dorada, lo que apunta a la otra gran inspiración del proyecto: la Cúpula de Hierro de Israel, el escudo antimisiles que ha demostrado su efectividad recientemente para repeler los ataques de Irán.
«En campaña, prometí al pueblo de EE.UU. que construiría un escudo de misiles avanzado para proteger a nuestra patria de la amenaza de ataques con misiles desde el extranjero y eso es lo que estamos haciendo hoy», ha dicho Trump desde el Despacho Oval, escoltado por imágenes de una cúpula dorada -su color favorito- sobre el territorio de EE.UU.

Y ha añadido: «Finalizaremos de verdad el trabajo que el presidente Reagan comenzó hace 40 años y acabaremos para siempre con la amenaza de misiles contra EE.UU.».
Trump siempre ha tenido la ambición de dotar a EE.UU. de un sistema similar, pero con capacidades tecnológicas todavía más ambiciosas: desde sensores de varias capas a nivel espacial hasta sistemas de interceptación lanzados desde el espacio.
La gran diferencia entre la cúpula israelí y la que quiere implantar Trump es el tamaño: el territorio que debe cubrir la Cúpula Dorada es más de 400 veces más grande que el de la Cúpula de Hierro.
Para un proyecto de ambición y complejidad descomunal, los detalles al respecto que ha ofrecido Trump han sido escasos. El presidente de EE.UU. ya había exigido el desarrollo de la Cúpula Dorada en una orden ejecutiva que firmó en enero, pocos días después de llegar a la Casa Blanca.
Trump solo ha confirmado que la «inversión inicial» en el proyecto será de 25.000 millones, una cantidad que ya se anticipaba que formaría parte del anuncio, ya que estaba ya incluida en el presupuesto del Departamento de Defensa para este proyecto.
El multimillonario neoyorquino también ha dicho que tendrá un «coste total» de 175.000 millones, aunque la estimación de la Oficina Presupuestaria del Congreso lo sitúa en cerca de 500.000, en un plazo de veinte años. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha calificado el proyecto como una «inversión generacional en la seguridad de EE.UU.».
Trump no ha dado información sobre cuándo debería estar acabado el proyecto ni qué capacidades específicas tendrá, más allá de asegurar que «tumbará» todo tipo de misiles «hipersónicos, balísticos o de crucero avanzados» y de prometer que tendrá un ratio de éxito de «casi el 100%, algo increíble».
«Seremos capaces de interceptar todos los misiles, incluso si se lanzan desde cualquier parte del mundo o desde el espacio», ha añadido en una referencia a China y su proyecto de desarrollar lanzaderas de misiles en el espacio.
Trump también ha anunciado que pondrá al frente del proyecto al general Michael Guetlein, hasta ahora un alto cargo de la Fuerza Espacial del Ejército de EE.UU., creada por el propio presidente en su primer mandato. Y ha adelantado que Canadá está interesada en participar en el proyecto y que él quiere que lo haga «pagando lo que sea justo».