En un nuevo episodio de confrontación con los capos del narco presos en Estados Unidos, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum reclamó a Ismael ‘Mayo’ Zambada que presente pruebas de que sobornó a políticos, policías y militares durante su reinado criminal en México. Zambada … fue, hasta el año pasado, uno de los jefes del Cártel de Sinaloa.
Este lunes, ante una corte en Nueva York, Zambada, quien además se declaró culpable, dijo que a lo largo de más de cuarenta años sobornó a diversas figuras de la vida pública mexicana.
«Pues tiene que haber una denuncia, ¿no? O sea, porque, puede decir este tema, pero ¿a quién le daba dinero? «, reclamó Sheinbaum este martes desde su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Zambada reconoció que entre 1980 y 2024 su organización criminal transportó y vendió 1.500 millones de kilos de cocaína en EE.UU. «La organización que dirigí promovió la corrupción en mi propio país al pagar a policías, comandantes militares y políticos que nos permitieron operar libremente. El pago de estos sobornos se remonta a mis inicios, cuando era un joven que empezaba, y continuó durante todos los años de existencia del Cártel», afirmó.
Sheinbaum dijo que ella solo sabe lo que se ha hecho público por parte de la defensa del Mayo, así como lo declarado por el Departamento de Justicia, tanto en el Gobierno de Joe Biden como en la actual Administración de Donald Trump.
«Lo que sabemos es lo que ustedes saben, lo que menciona el abogado en su entrevista cuando sale del juicio y después lo que declaran las autoridades de Estados Unidos, eso es lo que sabemos, igual que ustedes», señaló la mandataria.
Zambada, a quien se atribuye haber construido una red criminal para traficar cocaína, heroína y fentanilo a través de la frontera con EEUU, y consolidar su emporio mediante asesinatos masivos y corrupción, será condenado a cadena perpetua el 13 de enero del próximo año.
El Gobierno mexicano festejó este lunes las declaraciones de la fiscal general de EEUU, Pam Bondi, que reconoció la colaboración de las autoridades mexicanas para dar con grandes figuras del narco.
Según estiman en el Gabinete de Sheinbaum, el arresto de capos históricos, alivia la presión que ejerce Donald Trump sobre otras áreas de la relación bilateral como el comercio, los negocios y las finanzas.
El punto crítico es la reclamación de Washington de que México impulse las investigaciones sobre políticos asociados al crimen organizado. Este es un tema sensible para Sheinbaum porque la empuja a chocar con aliados del expresidente Andrés Manuel López Obrador que están sospechados de nexos inconfesables con el crimen organizado.

La crisis política y presupuestaria más grave desde la fundación de la V República, fundada entre 1958 y 1962, ha tomado proporciones internacionales, amenazando el puesto de Francia en la zona euro y la escena internacional.Las amenazas de la extrema derecha de Marine … Le Pen y la extrema izquierda de Jean-Luc Mélenchon de censurar y «dinamitar» el gobierno de François Bayrou, primer ministro, con Emmanuel Macron como presidente, el próximo día 8 de septiembre, han disparado todas las alarmas, nacionales e internacionales.
Una fuente oficial próxima a Macron declaró la tarde del martes: «El jefe del Estado prefiere no disolver la Asamblea Nacional para salir de la crisis. Pero no se privará de hacerlo, usando su poder constitucional, para volver a convocar elecciones anticipadas». Macron ya disolvió la Asamblea y convocó elecciones anticipadas el mes de junio del año pasado. Con el catastrófico resultado bien conocido.

En otro terreno, Eric Lombard, ministro de Economía, ha subrayado la dimensión internacional de la crisis: «Si es rechazado el plan de economías propuesto por François Bayrou corremos el riesgo de una intervención del Fondo Monetario Internacional para gestionar la economía nacional, víctima de un endeudamiento que no ha dejado de crecer durante varias décadas».
Ese riesgo, sin precedentes, corre parejo a otra evidencia inmediata: la gran banca internacional presta dinero al gobierno francés, pero la Francia de Macron debe pagar intereses más altos que la Italia de Giorgia Meloni. Detalle simbólico e inquietante, como han comprendido la Bolsa de París y la gran banca nacional.
La Bolsa parisina abrió en rojo el martes, con caídas importantes de la cotización de los bancos franceses. La incertidumbre y los riesgos de una prolongación indefinida de la inestabilidad gubernamental que comenzó hace un año iluminan una triple amenaza, institucional, política y económica.
Amenaza institucional. La pareja Le Pen – Mélenchon puede precipitar la censura y caída del gobierno de François Bayrou, el próximo día 8 de septiembre. Emmanuel Macron podrá estudiar la presentación de otro gobierno… pero esa alternativa puede llevar días y semanas de incertidumbre, volviendo a dejar a Francia sin gobierno ni presupuestos durante un periodo de tiempo imprevisible. Si no prefiere disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones anticipadas.
Amenaza política. La pareja Macron – Bayrou forman el «dúo» más impopular de las últimas décadas, en la cumbre del Estado, sin mayoría para gobernar, apoyados por un grupito de partidos centristas, minoritarios. Bayrou puede caer. Pero Macron no piensa dimitir, de ninguna manera, obligado a «cohabitar» con una Asamblea Nacional donde los principales partidos, los de Le Pen y Mélenchon, le son muy hostiles.
Amenaza económica. Francia lleva un año sin gobierno estable, sin controlar los déficits del Estado ni el incremento de la deuda pública. Cuando el ministro de Finanzas, Eric Lombard, subraya el riesgo de una Francia «controlada» por el FMI quizá esté exagerando. Evidentemente. Exageración que ilumina el estado catastrófico de una crisis sin precedentes.
Hasta el martes, se había descartado el riesgo de disolución de la Asamblea Nacional (AN, primera cámara del Parlamento) y la convocatoria de elecciones generales anticipadas. Un portavoz del Elíseo relanzó oficialmente esa hipótesis la tarde del martes. Todos los sondeos afirman que la extrema derecha de Le Pen podría seguir creciendo.
Conscientes de su fuerza política, como líderes de los primeros partidos de Francia, Mélenchon y Le Pen insisten en sus amenazas.
Mélenchon ha anunciado que presentará un proyecto de destitución de Macron, como jefe del Estado, a finales de septiembre. El líder de La Francia Insumisa (LFI, extrema izquierda) se apoya en la fuerza nada desdeñable de los sindicatos y el conjunto de las izquierdas. La destitución del jefe del Estado parece harto improbable, pero atizará días y semanas de agrias polémicas estériles.
Le Pen insiste en sus andanadas contra Macron y Bayrou: «Son dos fracasados. Deben dimitir y convocar elecciones, para que gobierne el partido mayoritario». El partido de Le Pen ya es el primer partido parlamentario de Francia, votado en las últimas elecciones, hace catorce meses, por el 65 % de los obreros y los agricultores pobres.

Donald Trump propone reinstaurar la pena de muerte en los casos de homicidio en la capital de Estados Unidos. El anuncio llegó después de que el presidente desplegara a reservistas de la Guardia Nacional y a agentes federales —del FBI, de la Patrulla Fronteriza … y de otras agencias— en las calles de Washington con tareas de seguridad ciudadana.
«Cualquiera que mate a alguien en la capital, pena capital. Pena capital en la capital», dijo Trump en una reunión de gabinete televisada en la que los secretarios se turnaron para elogiarlo. «Si alguien mata a alguien en Washington, vamos a buscar la pena de muerte. Es un fuerte elemento preventivo. No sé si este país está preparado… pero no tenemos otra opción».
El anuncio se enmarca en la ofensiva federal contra la delincuencia en Washington, iniciada el 7 de agosto con el despliegue de fuerzas federales y, días más tarde, de la Guardia Nacional.
Según datos de la Casa Blanca, desde entonces se han producido más de 1.000 arrestos, con la captura de miembros de pandillas como la Mara Salvatrucha y el Tren de Aragua, la incautación de más de un centenar de armas de fuego y el desmantelamiento de decenas de campamentos de personas sin hogar.

Trump destacó además que, durante 12 días consecutivos, no se registró ningún homicidio en la ciudad, hasta el asesinato de un hombre el martes en el sureste de Washington.
La alcaldesa, la demócrata Muriel Bowser, ha replicado que la criminalidad en la capital ya estaba en mínimos de tres décadas antes de la llegada de tropas federales y recordó que la pena de muerte fue abolida en el Distrito de Columbia en 1981, tras un fallo del Tribunal Supremo en 1972 que había dejado en suspenso las leyes vigentes.
Washington carece de pena capital en su sistema local. Sin embargo, los fiscales de la ciudad dependen de la oficina del fiscal federal —designado por el Gobierno federal, en este caso la fiscal general Pamela Bondi— lo que abre la puerta a que Trump intente imponerla por la vía federal.
En teoría, el Departamento de Justicia podría procesar un caso de asesinato bajo estatutos federales que sí permiten la pena de muerte, un movimiento que encaja con la estrategia de Trump de federalizar la seguridad en la capital, apartando a las autoridades locales.

Medida ya anunciada en 2024

El presidente ya había defendido en la campaña de 2024 ampliar la pena de muerte a nivel federal, incluso para delitos como el narcotráfico.
En 2023 la ciudad vivió un repunte de violencia, con 273 homicidios en una población de 700.000 habitantes. Pero desde entonces las cifras habían descendido de forma marcada, según los datos de la propia policía metropolitana.
Hoy, unas 2.100 personas esperan la ejecución en el llamado corredor de la muerte en Estados Unidos. Esa cifra lleva más de veinte años consecutivos disminuyendo. Cada vez se dictan menos condenas a muerte por parte de los jurados, más estados han abolido o suspendido la pena capital, y en muchos casos las sentencias han sido reducidas, o hasta anuladas.
En la década de los 90, Estados Unidos realizaba cerca de 100 ejecuciones al año; en los últimos años, la cifra rara vez supera las 30. Hoy en día, más de la mitad de los estados no aplican la pena de muerte o la han abolido formalmente, aunque sigue siendo legal a nivel federal y en 24 estados.