Publicado: febrero 2, 2020, 2:41 pm
Aunque a las mejores perspectivas de crecimiento en 2019 y 2020 deberían moderar el deterioro del mercado laboral en los próximos meses, el desempleo sigue siendo el principal desafío de la economía colombiana.
En efecto, según el Dane, el año pasado cerró con una tasa de desocupación de 10,5%, lo que representó un aumento de 0,8 puntos porcentuales frente al 2018 (9,7%). Más aun, la tasa de desocupación promedio del año completo fue de 11,2%.
Tan mayúsculo es el desafío, que recientemente revivió el debate sobre la eliminación de los aportes del 4% a las Cajas de Compensación, una propuesta que, sin embargo, nació muerta porque el presidente, Iván Duque, la rechazó de plano.
Pero, con un mercado laboral en continuo deterioro y un subempleo que supera el 60%, lo que sí figura en la agenda del gobierno es la flexibilización del mercado laboral, una palabra controversial, casi que maldita para los sindicatos y trabajadores.
Controversial porque los críticos la asocian al modelo laboral de plataformas digitales como Rappi y otras similares, y los trabajadores la asimilan al recorte de derechos adquiridos en el pasado, tal como ocurrió con las horas extras en el gobierno de Álvaro Uribe.
Pero lo cierto es que, a pesar de no contar hasta ahora con mayorías en el Congreso y de la baja popularidad de Duque, el gobierno tiene algunas ideas sobre la materia y la saliente Ministra de Trabajo y futura Ministra del Interior, Alicia Arango, ya ha venido mostrando sus cartas.
Por ejemplo, a pesar de apoyar la flexibilización, Arango ha dicho ante los empresarios que la contratación no puede violar los derechos de los trabajadores: “La transformación tecnológica, la flexibilidad de los jóvenes que quieren trabajar desde su casa y el mundo cambiante, requiere darle un poco de posibilidades a las personas de trabajar de forma distinta, pero respetando los derechos de los trabajadores, lo cual será siempre nuestra prioridad”.
A juicio de la funcionaria, el país debe flexibilizar el mercado laboral para que los trabajadores que permanecen en la informalidad puedan cotizar por horas: “Todas las personas que trabajan en Colombia deben tener derecho a cotizar a salud y a pensión, hasta los que ganan menos de 1 salario mínimo legal vigente”.
Arango ha señalado que la preocupación del gobierno son los trabajadores más vulnerables y esto incluye el 44% de aquellos que no alcanzan a devengar 1 salario.
Por su parte, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, ha señalado que hay que crear las condiciones para que, además de obligatorio, sea más atractivo para todos contratar trabajadores en esquemas formales.
Según el dirigente gremial, los desafíos laborales son inmensos. “En el caso de la informalidad estamos hablando de un problema endémico el cual no ha registrado nunca niveles aceptables. Colombia tiene que tomarse muy en serio este tema, debe estudiar sus causas y definir las reformas que nos permitan superarlo”.
Explicó que, aunque hay indicios de que la economía debe crecer a tasas más aceleradas, las condiciones de inflexibilidad y cargas prestacionales inhiben el crecimiento del empleo formal.
“Desde el punto de vista laboral, la informalidad es sin duda alguna el principal flagelo para el país. No es correcto con los trabajadores, que no cuentan con ninguna seguridad social y normalmente con salarios muy por debajo del mínimo, el Estado no cuenta con aportes a la salud o la vejez, y las empresas formales cuentan con una depredadora competencia desleal”.
