Publicado: agosto 4, 2019, 7:01 pm
Aún cuando las cifras entregadas recientemente por el DANE parecen alentadoras, no solo en términos de desempleo urbano (que pasó de 11, 1% en junio de 2018 a 10,7% en junio de este año) sino también en la tasa de desempleo general que fue la más baja en lo corrido de 2019, Colombia se enfrenta a la dificultad de generar nuevos puestos de trabajo, además de la cifra de destrucción de empleos que va en aumento.
En efecto, en un año, con corte a junio, se registraron 33.000 trabajos destruidos, especialmente, en los sectores de otros servicios e industria manufacturera; mientras construcción y servicios sociales moderaron el deterioro con la creación de nuevos puestos de trabajo.
El área de investigaciones económicas del Banco de Bogotá planteó en uno de sus informes, a partir de la publicación de la tasa del desempleo, que con la entrada en vigencia de la Ley de Garantías por las elecciones de octubre puede agudizar el deterioro en el mercado laboral por la restricción en la contratación del sector público.
Por otra parte, el tema de las cesantías es otra arista que se debe tener en cuenta al evaluar el impacto del desempleo, pues esta problemática motiva el retiro de cesantías para suplir necesidades básicas del día a día y no para alcanzar otros objetivos para los que fueron creadas (como conseguir casa propia o acceder a estudio).
De acuerdo con cifras de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía (Asofondos), en 2018, los trabajadores retiraron en total $1,84 billones de las cesantías, debido a la terminación de sus contratos. Este monto, que representa un tercio del total de retiros de cesantías; es decir 33, 4%, tuvo un crecimiento del 8,9% frente a lo usado en 2017.
Para la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), a medida que escala la tasa de desempleo, también se empiezan a deteriorar las ganancias que se tenían en términos de formalización laboral puesto que “los dineros asociados a las cotizaciones del pago y declaración de la seguridad social por internet (PILA) estarían reduciéndose nominalmente”.
Adicionalmente, la Anif ha expuesto su preocupación sobre un artículo de una nueva reglamentación (Ley 1955 de 2019) bajo la cual los trabajadores que devenguen por debajo de un salario mínimo podrán entrar a cotizar con un 15% del sueldo.
Sin embargo, esta medida había sido inicialmente pensada para aplicarse al sector rural, pero si se extiende al sector urbano, “pronto estaríamos drenando los ingresos públicos de Colpensiones-AFPs y del sistema de salud en su totalidad, agravando también la difícil situación fiscal”, señala el Centro de Estudios Económicos de la misma entidad.
La razón es que las contrataciones temporales urbanas, cotizando con un salario por debajo de 1 SML, sustituirían las cotizaciones que en cerca de un 65% hoy se hacen a nivel de 1 SML en el PILA.
A pesar de estas preocupaciones, tanto el Ministerio del Trabajo como algunas colectividades políticas están dando los primeros pasos para la búsqueda de la flexibilidad laboral que le permitiría a muchos trabajadores informales como los ‘rapitenderos’ entrar al mundo de la formalidad y acceder a un mínimo de protección social.
De hecho, el senador Álvaro Uribe Vélez anunció que el Centro Democrático radicará un proyecto ante el congreso en los próximos meses para la disminuir la jornada laboral de 48 horas y facilitar la contratación por días y por horas, con el fin que haya menor rigidez al momento de vincular y desvincular a los trabajadores.
