Publicado: septiembre 6, 2019, 5:08 am
La decisión de la entidad tuvo en cuenta el tipo de negocio que es Rappi al determinar que la naturaleza de su modelo responde más a un proveedor de bienes y servicios a través de medios electrónicos que a un simple portal de contacto.
En ese sentido, la empresa tiene que seguir los lineamientos expuestos en el Estatuto del Consumidor y ajustar el documento denominado `términos y condiciones´, que está expuesto en su plataforma, pues algunas disposiciones podrían vulnerar las normas.
De acuerdo con la Superintendencia, algunos de los planteamientos dados por Rappi en dicha sección podrían limitar su responsabilidad respecto con las obligaciones que por ley le corresponden, presumir la manifestación de voluntad del consumidor y restringir la posibilidad de hacer efectivas las garantías y la entrega de vueltas exactas.
Hay que tener en cuenta que, desde 2016 y hasta 9 de agosto de 2019, Rappi tuvo un total de 472 demandas jurisdiccionales en ejercicio de la acción de protección al consumidor, de las cuales 108 se encuentran activas.
Justamente para proteger los derechos de los consumidores, la SIC le ordenó a la empresa varias medidas. Primero, Rappi deberá informar el precio total de los productos -incluyendo todos los impuestos, costos y gastos- sin que sea posible la modificación posterior al momento de aceptar la orden de compra dada por el consumidor. No obstante, si después de haberse efectuado la transacción se anunciaran dos o más precios, el consumidor sólo estará obligado a pagar el precio más bajo.
Además, la empresa en mención tendrá que indicar a los consumidores, de manera previa a la aceptación de la oferta realizada, la procedencia del derecho de retracto y de reversión de pago; al tiempo que deberá disponer de mecanismos para la recepción reclamos en su plataforma de comercio electrónico en los que le garantice al usuario el acceso a la información relacionada con su trámite, tiempo de respuesta y de solución.
Finalmente, la autoridad nacional planteó que la compañía tiene que brindar un enlace visible que posibilite a los consumidores contactarlos en que caso que sientan que están siendo vulnerados sus derechos.
Rappi tiene treinta días hábiles para ajustar su servicios o de lo contrario podría pagar multas sucesivas de hasta 1.000 salarios mínimos legales vigentes.
