Publicado: octubre 30, 2026, 12:45 pm
La fuente de la noticia es https://www.abc.es/internacional/espanoles-carceles-venezuela-alcanza-libertad-prometida-trump-20261028183228-nt.html
Óscar Alejandro Caamaño Valero es español, tiene 53 años y ha sido condenado a 30 años de cárcel en Venezuela en circunstancias dudosas. Se encuentra recluido en la cárcel de Tocuyito, estado de Carabobo, donde su familia asegura que ha perdido cerca … de 30 kilos y padece problemas respiratorios que no están siendo atendidos adecuadamente. Su esposa no ha podido conseguir que lo lleven a un hospital para determinar si tiene derrame pleural, como sospecha.
El suyo es uno de los cientos de casos que ponen a prueba las promesas de Donald Trump y las exigencias a Delcy Rodríguez sobre la liberación de los presos políticos venezolanos. Más de un millar han salido de las cárceles desde que el 3 de enero se capturara a Nicolás Maduro. Pero, según el último balance disponible de Foro Penal, siguen siendo 322 los presos políticos. De ellos, 140 son militares y 31 son de nacionalidad extranjera o doble nacionalidad. Entre ellos hay más de una decena de españoles.
Caamaño, nacido en Caracas el 20 de abril de 1973, es español por parte de padre, emigrado desde España. Su mujer también es española por parte de su madre. Su familia asegura que su persecución comenzó mucho antes de la llegada de Maduro al poder, cuando Hugo Chávez aún gobernaba Venezuela.
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Venezuela
David Alandete
El exfuncionario ingresó en los servicios de Inteligencia en 1992. Trabajó en la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, antecesora del hoy Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el temido Sebin. Sus familiares aseguran que sus problemas empezaron en la crisis de abril de 2002, cuando Chávez fue sacado del poder brevemente en medio de manifestaciones y choques mortales en Caracas.
Según su familia, Caamaño y otros funcionarios se negaron a reprimir a los manifestantes. Cuando el poder fue recuperado por Chávez, esos agentes quedaron estigmatizados como desleales. En 2004 fue vinculado por el régimen a un expediente por explosiones contra las sedes diplomáticas de España y Colombia. La familia explica que aquella acusación terminó sin condena por falta de pruebas y que en 2005 fue expulsado de los servicios de Inteligencia.
El episodio decisivo llegó doce años después. Un grupo de militares y civiles liderado por el capitán Juan Carlos Caguaripano Scott se sublevó el 6 de agosto de 2017 en el Fuerte Paramacay (estado de Carabobo), donde tiene su sede la Brigada Blindada 41 del Ejército. Los participantes llamaron Operación David a la incursión. Se incautaron de armas y dijeron que pensaban promover una rebelión contra Maduro.
Sin pruebas tras el arresto
El Ejecutivo replicó con una operación para detener a los implicados y desarticular las redes de apoyo. En aquel caso acabó incluido Caamaño, aunque su familia niega que hubiera pruebas de su participación. Fue arrestado en agosto de 2017 y estuvo siete meses detenido en dependencias del Sebin en San Cristóbal, a cientos de kilómetros de su casa en Caracas. Durante ese tiempo su esposa apenas pudo verlo dos o tres veces.
En marzo de 2018 recuperó la libertad con medidas cautelares. En los años siguientes, según cuenta su familia, acudió a las comparecencias judiciales y cumplió con todas las obligaciones impuestas por los tribunales. Hasta el 18 de diciembre de 2025. Ese día, cuando el juicio llevaba más de ocho años de retraso, los acusados fueron convocados a una audiencia. El 19 de diciembre, el juez condenó a los 23 acusados a 30 años de cárcel, la pena máxima con la que cuenta la legislación venezolana.
En diciembre de 2025, tras ocho meses de retraso, los 23 acusados por la rebelión en Fuerte Paramacay fueron condenados a 30 años de cárcel, la pena máxima
El consulado español tiene conocimiento del expediente. La familia explica que un representante consular ha podido verlo en la cárcel y que recibe una pequeña ayuda económica, pero no tiene noticias de que los trámites diplomáticos hayan conseguido cambiar su situación.
La detención de Maduro abrió una esperanza impensable semanas atrás. La Administración Trump había decidido conservar provisionalmente a Delcy al frente del Ejecutivo venezolano a cambio de una serie de compromisos políticos y económicos. Una de las exigencias de Estados Unidos era la liberación de los presos políticos.
El preso político Oscar Alejandro Caamaño Valero.
(ABC)
El 30 de enero, Delcy anunció una ley de amnistía general que, según dijo, debería abarcar los conflictos políticos desde 1999. La presentó como una oportunidad de reparar las heridas de la confrontación y favorecer la convivencia democrática. Más lejos fue su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. El 6 de febrero prometió a los familiares de los detenidos que todos quedarían en libertad al momento de la aprobación de la ley. Eso no fue lo que ocurrió. La norma, publicada el 19 de febrero, estableció exclusiones y dejó su aplicación a los tribunales venezolanos.
A las excepciones pertenecían ciertos delitos militares y actos armados. Las organizaciones de derechos humanos denunciaron que el texto favorecía la permanencia en la cárcel de algunos de los presos que más tiempo llevan en prisión.
Los acusados por Paramacay quedaron fuera de las excarcelaciones. En febrero, el tribunal desestimó peticiones de sobreseimiento en relación con la amnistía. El 23 de abril, Delcy anunció el fin de la aplicación de la ley y remitió los casos pendientes a otros mecanismos de revisión judicial. El contraste con las promesas de Washington es especialmente patente.
«Vamos a sacarlos a todos»
El 12 de mayo, ABC le preguntó al presidente Trump por los presos políticos que siguen en las cárceles, a pesar de la amnistía anunciada por Delcy Rodríguez. «Vamos a sacarlos a todos», contestó el presidente estadounidense. Y dijo además que Delcy está haciendo un trabajo excelente. Caamaño sigue en la cárcel, más de cinco meses después.
Foro Penal había contabilizado 1.104 excarcelaciones durante el año 2026 hasta el 5 de octubre, pero también registraba 322 presos políticos y otras 11.468 personas sometidas a restricciones judiciales sobre su libertad. De los que siguen en las cárceles, 152 están condenados y 170 no tienen sentencia.
La liberación de más de mil personas supone un cambio importante respecto a los primeros días tras la caída de Maduro. Pero la maquinaria judicial que persiguió a los disidentes sigue teniendo la potestad de decidir quién sale y quién sigue preso. Es el caso de los acusados de Paramacay. Nueve años después de la operación militar contra Maduro siguen sometidos a una condena cuya apelación sigue sin resolver, aunque el dirigente contra quien se amotinaron ya no gobierna Venezuela.
