Publicado: octubre 3, 2026, 6:00 am
La fuente de la noticia es https://www.20minutos.es/lainformacion/economia-y-finanzas/los-economistas-piden-recuperar-los-creditos-para-entrada-primera-vivienda-los-avales-alquiler-social-tras-decaer-los-decretos_7044320_0.html
Los mismos problemas que ayer, pero menos que mañana… si nada lo remedia. El mercado de la vivienda transita la primera jornada después de que el Congreso tumbase el viernes los dos decretos aprobados por el Gobierno que contenían medidas como la prorroga de los alquileres, los topes a las rentas, la limitación de compra a los «fondos buitre» y beneficios fiscales para caseros e inquilinos, entre otras. Lejos de sosegarse, el debate en la calle se ha intensificado, pero también entre los expertos.
De un lado, el sector inmobiliario considera que la Cámara Baja ha frenado una respuesta equivocada al problema y ha reclamado una respuesta «útil» a la crisis habitacional a través de un Pacto de Estado por la Vivienda. De otro, el Consejo General de Economistas (CGE) ha incidido en que la coyuntura actual supone uno de los mayores problemas que enfrenta el país y ha recordado que, de acuerdo con los cálculos del Banco de España, acumula un déficit de unas 750.000 viviendas que serían necesarias para responder a la creación de hogares de los últimos años -y que pueden elevarse hasta un millón antes de que concluya la década-.
Por ello, en el CGE consideran necesaria la protección de las personas vulnerables y valoran positivamente algunas medidas incluidas en los decretos, como los préstamos para financiar la entrada de la primera vivienda, los avales para alquiler social y asequible, el apoyo a la construcción industrializada o determinadas ventajas fiscales.
Efectos indeseados sobre un mercado roto
Al mismo tiempo inciden en que, dado que el principal problema es la escasez de vivienda, las medidas propuestas podían redistribuir sus efectos, pero difícilmente solucionarían el déficit estructural de oferta. Los economistas recuerdan que alrededor del 92% de las viviendas alquiladas a precio de mercado pertenecen a particulares. Así, sostienen que determinadas limitaciones sobre contratos, rentas y desahucios podían provocar que algunos propietarios retirasen viviendas del alquiler, las destinasen a la venta o recurrieran al alquiler temporal o por habitaciones.
Otro efecto no deseado sería que los propietarios fijasen rentas iniciales más elevadas para anticiparse a futuras restricciones. En su análisis recuerdan cómo en 2024, las viviendas que entraban por primera vez en el mercado del alquiler tenían una renta media un 16,5 % superior a la del conjunto de viviendas ya alquiladas.
Los economistas consideran, además, que el impacto de las medidas propuestas no sería igual para todos. Quienes ya cuentan un contrato podrían beneficiarse de una mayor estabilidad, mientras que jóvenes, trabajadores que necesitan cambiar de ciudad y hogares con ingresos irregulares podrían enfrentarse a una menor oferta y a mayores exigencias por parte de los propietarios. El CGE relaciona esto último con la movilidad laboral, puesto que si cambiar de ciudad implica perder un contrato protegido y acceder a un mercado más caro, podrían reducirse los incentivos para desplazarse por motivos profesionales.
En relación a las empresas del sector, el Consejo advierte de que el marco planteado podía aumentar la prudencia inversora y hacer que algunos proyectos destinados al alquiler se orientasen hacia la venta. Por todo ello, los economistas defienden la necesidad de un marco estable que favorezca tanto la oferta pública como la privada.
Otro elemento central de su análisis pasa por la seguridad jurídica. El CGE considera que la modificación prácticamente simultánea de normas sobre la misma materia podía generar incertidumbre, problemas interpretativos y mayor litigiosidad. También destaca los posibles costes financieros y administrativos para las comunidades autónomas y la necesidad de concretar adecuadamente su compensación estatal.
“Lo que les faltaba (a los decretos) sigue teniendo tanto o más peso que las medidas que se proponían”, recalcan en su informe, al tiempo que ponen sobre la mesa medidas necesarias como movilizar suelo, agilizar licencias, reducir los largos plazos urbanísticos, actuar sobre la falta de trabajadores en la construcción, así como impulsar la vivienda industrializada y el aumento del parque público y social. Este último representa, según el documento, aproximadamente el 1,7 % de los hogares en vivienda pública y el 3,5 % en alquiler social, en sentido amplio.
Finalmente, el Consejo interpreta la no convalidación como una oportunidad para elaborar una política de vivienda “más amplia, estable y estructural”, con debate suficiente, evaluación económica y social y participación de los distintos agentes. Los economistas reclaman que se proteja a los hogares vulnerables mediante recursos públicos suficientes, garantizar la seguridad jurídica y, sobre todo, combinar esas medidas con un “verdadero plan de incremento de la oferta”. Su principal conclusión es que la vivienda debe convertirse en una “política de Estado”, para lo que deberían combinarse la protección social, la seguridad jurídica y los incentivos económicos para aumentar sostenidamente la oferta.
