La ONU señala a EE.UU. y a Irán por crímenes de guerra y contra la humanidad

Siete meses después del bombardeo que mató a 150 personas, entre ellas 120 niños, en la escuela de primaria Shajareh Tayyebeh de Minab, al sur de Irán, una misión de investigación de la ONU concluyó que «existen motivos razonables para creer que Estados Unidos … cometió el crimen de guerra de lanzar un ataque indiscriminado que causó la muerte o heridas a civiles o daños a bienes de carácter civil». El organismo internacional opina lo mismo del ataque ocurrido el mismo día 28 de febrero en un centro deportivo en Lamerd, donde hubo 22 civiles muertos.
El informe también concluyó que las autoridades iraníes cometieron «crímenes contra la humanidad» durante la brutal represión de las protestas que estallaron a comienzos de año debido a la crisis económica y que se extendieron por todo el país. El balance oficial de las autoridades fue de 3.117 muertos, según el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, pero algunas organizaciones de derechos humanos afirman que fueron más. La represión policial supuso «una escalada para suprimir a la disidencia» sirviéndose de «leyes represivas», «fuerza letal» y «la pena de muerte como herramienta de intimidación y control». El estudio recoge que, entre marzo y agosto, al menos 29 hombres fueron ahorcados en relación con las protestas.

No hubo reacciones oficiales de Washington y Teherán a las conclusiones de este informe de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán, que será presentado la próxima semana ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Los investigadores examinaron la respuesta del Gobierno iraní a las protestas y la actuación de Estados Unidos durante la guerra que comenzó en febrero de manera sorpresa ya que Washington estaba en medio de un proceso negociador con la república islámica para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear. Los estadounidenses contaron con el respaldo de Israel durante la operación.

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Mikel Ayestaran

En junio, Donald Trump, afirmó que «nadie» había atacado deliberadamente una escuela de niñas en Irán en febrero, citando una investigación sobre el incidente, pero hasta el momento el Pentágono no ha publicado ninguna conclusión preliminar. Washington sostiene que la escuela no fue atacada aposta como objetivo civil, pero el informe de la ONU señala otra cosa.
Los investigadores recogen que, el hecho de que Estados Unidos no actualizara en sus bases de datos de selección de objetivos la información relativa a la escuela, situada junto a un complejo naval de los Guardianes de la Revolución, y que no confirmara que el edificio era un objetivo militar, «supuso algo más que una simple negligencia». Respecto al bombardeo en el complejo deportivo de Lamerd, el mando militar afirmó en marzo que no realizaron ningún ataque en la zona ese día, pero en este caso la ONU también desmonta la versión estadounidense.

Aviso de HRW

Human Rights Watch (HRW) ya planteó en abril que Minab podía ser algo más que un error. Akshaya Kumar, responsable de la organización, advirtió de que si Estados Unidos conocía el riesgo de atacar un objetivo civil y actuó pese a ello podía existir «temeridad». Esta organización advirtió que «determinar que se cometieron errores en la selección del objetivo (…) no exime de responsabilidad» y señaló que la escuela llevaba más de una década separada del complejo de los Guardianes de la Revolución y tenía una amplia presencia pública en internet, por lo que la falta de actualización de los archivos de objetivos planteaba «importantes preguntas para una investigación por crímenes de guerra». HRW destacó que más de cien expertos estadounidenses en derecho internacional concluyeron que el ataque «probablemente viola el derecho internacional humanitario» y que, si los responsables actuaron de forma temeraria, «también podría ser un crimen de guerra».

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Los autores de la investigación pidieron que los países del Consejo de Derechos Humanos de la ONU «tomen medidas diplomáticas rápidas para implementar una paz permanente» y garanticen que las presuntas violaciones del derecho internacional sean «investigadas de forma independiente y que los responsables rindan cuentas». Ni Irán, ni Estados Unidos forman parte del consejo.