El acuerdo petrolero de Trump evidencia que pocos se fían del persistente chavismo

El Gobierno de Estados Unidos ha tenido que implicarse directamente, incluso a través de su Departamento de Defensa, en un nuevo plan petrolero para Venezuela con el fin de intentar dar garantías adicionales al sector privado internacional, dada la evidencia de que los grandes grupos … energéticos siguen sin fiarse de la seguridad jurídica que puede ofrecerles el ecosistema político y económico chavista. Por su parte, la cúpula chavista ha debido otorgar mayores concesiones petroleras a Washington –el acceso a una quinta parte de sus reservas nacionales de crudo–, porque de la llegada de inversiones exteriores depende su propia supervivencia política.
Dada la falta de un acuerdo con Irán sobre el normal flujo de hidrocarburos a través del estrecho de Ormuz, a Donald Trump le urge crear expectativas sobre un descenso del precio del petróleo de cara a las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre. Para Delcy Rodríguez atarse más en corto con la Administración Trump le permite empujar hacia más adelante las elecciones que deberían haberse celebrado ya en Venezuela.

Las inversiones que Trump aseguró que llegarían a Venezuela al tomar posesión del sector petrolero venezolano tras apresar a Maduro no se han producido. La petrolera Chevron, la única estadounidense con presencia en Venezuela en las últimas décadas, ha aumentado su actividad, como también la española Repsol y la italiana Eni, igualmente ya presentes, pero la Administración Trump no ha convencido de momento a otros grandes actores energéticos de operar en el país caribeño. Desde comienzos de año, la mayor petrolera estadounidense, ExxonMobile, así como la también destacada ConoccoPhillips, siguen declinando sumarse a las inversiones, a pesar de la invitación expresa realizada desde la Casa Blanca.

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Emili J. Blasco

La producción petrolera venezolana ha ido subiendo en los últimos meses: de momento alcanza una cifra aún no consolidada de 1,1 millones de barriles diarios, un tercio de lo que se producía cuando Chávez llegó al poder. Con los compromisos de las compañías ya instaladas en el país podría cumplirse el objetivo de alcanzar los 1,5 millones de barriles diarios quizás en tres años.
Pero esto se queda corto ante las apremiantes urgencias de Estados Unidos en cuanto al precio del petróleo, que se han agravado con el cierre del estrecho de Ormuz. La rivalidad geopolítica con China también empuja a Washington a asegurarse un mayor control de los recursos estratégicos en su entorno geográfico más próximo. Este contexto es el que explica el acuerdo cerrado por la Administración Trump y Delcy Rodríguez, por el que una sociedad en la que Estados Unidos participará al 35% recibirá la exclusiva de explotación durante al menos 25 años de 17 campos petroleros, que conjuntamente cuentan con unas reservas probadas estimadas en 65.000 millones de barriles.
La participación pública estadounidense será a través de la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono, con títulos que, según la Administración Trump, no supondrán un desembolso (se confía que este corra a cargo de empresas privadas), lo que garantizaría que EE.UU. pueda adquirir el 20% de la producción a precio de coste y tenga preferencia sobre el 80% restante. Las compras públicas estadounidenses irían destinadas a aumentar las reservas estratégicas almacenadas.

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Esa sociedad mixta, North American Blue Energy Partners (NABEP), propiedad del empresario venezolano Alejandro Betancourt, prevé canalizar una inversión de 100.000 millones de dólares. El Gobierno venezolano prevé unos ingresos por impuestos de 200.000 millones de dólares

Un acuerdo insólito y sus dudas

El acuerdo es bastante insólito, no solo por la participación directa en el negocio del Gobierno de Estados Unidos (a través del Departamento de Defensa, lo que lo hace doblemente inusual), sino también por ir de la mano de una empresa venezolana, con experiencia petrolera solo reciente y además propiedad de un empresario con litigios por corrupción abiertos en varios países. La falta de trasparencia sobre detalles del plan no ayuda a despejar dudas sobre el beneficio personal que pueden obtener algunos de los operadores del acuerdo.
Asimismo, lo alambicado del esquema ideado puede fallar en atraer la inversión deseada, con lo que Trump se quedaría nuevamente corto en su segundo intento de potenciar un gran salto en la producción de crudo venezolano. De los 17 campos de la concesión, 9 serían campos maduros del entorno del lago de Maracaibo, cuya explotación requiere menos inversión, y 8 estarían en la Franja del Orinoco, con más potencial a largo plazo y una exigencia de mayor aportación de capital. La rentabilidad de las inversiones estaría especialmente vinculada a ese mayor horizonte, pero qué ocurrirá con el trumpismo en dos años y cómo actuaría al respecto un gobierno postchavista suponen incertidumbres de riesgo.