Publicado: junio 17, 2026, 2:00 pm
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Claro y rotundo. El líder de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha aprovechado su intervención ante la asamblea general de la organización para denunciar la «deriva institucional» en la que quienes gobiernan tienen sumido al país por estar «más pendientes de sus intereses electorales e ideológicos», al tiempo que ha acusado en particular al ministerio de Trabajo de dinamitar el diálogo social para imponer un «ideario político e ideológico».
El representante de los empresarios ha situado la inestabilidad institucional como uno de los peores riesgos para la actividad económica y la creación de empleo y ha citado como ejemplo la prórroga por tres años de los que son ya los Presupuestos Generales del Estado más longevos de la Democracia. Garamendi, que ha defendido la labor de la prensa «libre», de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los jueces, ha criticado el «ataque brutal» que a su juicio sufren estos últimos y ha llamado a «levantar las alfombras» en plena oleada de casos de corrupción.
En el ámbito laboral, el jefe de la patronal ha denunciado abiertamente la «asfixia normativa» que supone para los empresarios el hecho de que el departamento que encabeza Yolanda Díaz haya dado luz verde a 61 cambios en la normativa laboral entre septiembre de 2022 y diciembre de 2025. No es solo un problema de «inseguridad jurídica» e «injerencias» en la negociación colectiva, sino que a su juicio responde al intento de utilizar el diálogo social para imponer un «ideario político e ideológico», frente a las acusaciones de que la patronal bloquea el acuerdo.
De hecho, ha asegurado que el colectivo al que representa está «profundamente» orgullosos de los más de veinte acuerdos alcanzados en el marco del diálogo social desde 2020, como la reforma laboral, la del sistema de Seguridad Social o la del teletrabajo, entre otras.
Crítica el ‘hachazo’ fiscal a las empresas
Antonio Garamendi ha lamentado que frente a este esfuerzo de los agentes sociales, España se sitúe entre los países de la OCDE donde más ha aumentado la presión fiscal y ha vuelto a pronunciarse en favor de una deflactación del IRPF que evite que los trabajadores pierdan poder adquisitivo por la subida de los precios.
Impuestos y cotizaciones se ‘comen’, en su opinión, buena parte de las mejoras salariales pactadas entre empresarios y trabajadores. Ha puesto el ejemplo, así de que por cada 100 euros de alza salarial, el empleado recibe alrededor de 65 euros, mientras que los 35 restantes van a parar a abonar los impuestos correspondientes. Así, ha reclamado una reducción de la carga fiscal para empresas y trabajadores.
Garamendi ha hecho referencia también a la regularización de inmigrantes, como una medida necesaria cubrir las vacantes existentes en distintos sectores -el Instituto Nacional de Estadística confirmó el martes que estas habían tocado máximos nunca visto en el primer trimestre del año-, si bien ha puntualizado que debería haberse debatido en sede parlamentaria por tratarse de una cuestión de Estado.
