Publicado: junio 1, 2026, 6:00 am
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El Gobierno estudia una posible prórroga del paquete anticrisis aprobado para mitigar las consecuencias económicas de la guerra de Irán. Fuentes de mercado explican a La Información Económica que el Ejecutivo está haciendo seguimiento del impacto del conflicto y analiza el efecto de las medidas adoptadas junto a los agentes sociales y los sectores, con miras a evaluar su continuidad más allá del 30 de junio. Este lunes ha decaído la rebaja del IVA del gas y la luz, que regresa de nuevo al 21% desde el 10% en el que estaba fijado en los últimos meses.
En cambio se mantiene la bonificación de los carburantes, que mantendrán la rebaja del IVA al tipo reducido del 10%, la suspensión del impuesto sobre el valor de la energía eléctrica, las ayudas para agricultores y transportistas o los descuentos adicionales del bono social eléctrico. En la reunión de la semana pasada (25 mayo) con los agentes sociales, la conclusión compartida es que España está respondiendo bien al ‘shock’ externo y que el escudo cumple su función, que es la de «proteger el poder adquisitivo de las familias y la competitividad de las empresas».
Las mismas fuentes detallan que el plan de respuesta, en vigor desde el 20 de marzo, está amortiguando el impacto y ayuda a frenar el poder adquisitivo de los hogares. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPC de los carburantes sin las medidas hubiera escalado en abril hasta el 28,9%. El programa ha conseguido moderar esta cifra en más de 16 puntos porcentuales.
El efecto sobre la inflación general es de una moderación cercana a un punto porcentual. En concreto, los últimos datos a impuestos constantes, que permiten ver cuál habría sido la evolución de los precios si no se hubiera aprobado el paquete de alivio, reflejan que el IPC habría escalado hasta el 4,5% en abril de no ser por el paquete fiscal. Aunque la mayor parte de ese efecto se ha debido a la bajada temporal de impuestos a los carburantes.
Está previsto que en las próximas semanas haya nuevas reuniones para compartir el diagnóstico y evolución del estado de situación de cara a calibrar las medidas de apoyo que puedan ser necesarias una vez finalice el plazo de las que están en vigor (30 junio). Desde los sindicatos CCOO y UGT ya han solicitado una revisión semestral del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y alegan la necesidad de paliar la pérdida de poder adquisitivo, así como el mantenimiento de la rebaja del IVA y una ayuda de 300 euros para las personas con ingresos bajos.
Aunque la inflación se estabilizó en el 3,2% en mayo, varios organismos han revisado al alza las previsiones para este año, entre las que se encuentra Funcas, que la sitúa en el 3,4% de media, ocho décimas por encima de las proyecciones anteriores. En concreto, el ‘think tank’ recoge que también han revisado al alza sus previsiones medias de IPC para 2026 la Cámara de Comercio de España (3,2 %), CEOE (3 %) y el Instituto de Estudios Económicos (3 %), en todos los casos medio punto más que en el panel de marzo.
Yolanda Díaz pide un decreto «urgente»
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha exigido este lunes un nuevo decreto «urgente» para recuperar las rebajas fiscales a la luz, el gas y otras fuentes de energía que han decaído con la llegada de junio. En opinión de la ministra, en esta nueva norma también debería incluirse la congelación masiva de los alquileres, que ya estuvo incluida en uno de los decretos de medidas de apoyo ante la guerra, pero que decayó por la falta de apoyo parlamentario.
En este sentido, Díaz ha expuesto que con los precios del consumo subiendo al 3,2%, las subidas salariales que se están negociando en los convenios colectivos, que alcanzan el 2,9% de media en lo que llevamos de año, se están quedando atrás.
