El Supremo de EE.UU. abre la puerta a compensaciones por propiedades confiscadas por el régimen cubano

El Tribunal Supremo de EE.UU. ha dado la razón a una compañía portuaria estadounidense que reclama una compensación a cuatro empresas de cruceros por usar sus muelles en La Habana, confiscados en 1959 en los primeros compases del régimen castrista en Cuba. La decisión … del alto tribunal abre la puerta a un aluvión de demandas similares por parte de compañías o individuos estadounidenses, que podrían afectar a las hoteleras españolas que operan en la isla.
La decisión del Supremo coincide con una campaña de presiones del Gobierno de Donald Trump contra el régimen cubano, con el objetivo de forzar a Cuba a una mayor apertura económica y política.

La sentencia fue aprobada casi por unanimidad, con ocho de los nueve jueces a favor, incluidas dos magistradas del sector progresista. La tercera integrante de este ala fue la única disensión.

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Sylvia Iriondo

Manuel Trillo

El caso tiene que ver con la demanda de Havana Docks Corporation, una empresa portuaria estadounidense que construyó muelles en la capital cubana a comienzos del siglo XX, contra cuatro grandes compañías de cruceros: Carnival, Norwegian, Royal Caribbean y MSC.
Su demanda está basada en la llamada ley Helms-Burton, aprobada por el Congreso de EE.UU. en 1996, y que permite a los estadounidenses que tenían activos en Cuba antes de la revolución demandar contra las entidades y personas que «trafiquen con propiedad confiscada por el Gobierno de Cuba desde el 1 de enero de 1959», en referencia al día en el que Fidel Castro tomó el poder en el país.
Esa ley estuvo en suspenso durante décadas, en ocasiones en medio de intentos de acercamiento entre los Gobiernos de EE.UU. y Cuba -como ocurrió al final de la presidencia de Barack Obama-, pero Trump la activó en 2019, lo que abrió la puerta a una cascada de demandas.
El propio Supremo de EE.UU. va a decidir sobre un caso similar, la exigencia de compensación de la petrolera Exxon Mobile por las explotaciones confiscadas por el régimen cubano tras la revolución.
Antes de la toma del poder de Castro, buena parte de las infraestructuras y del tejido industrial de Cuba estaba dominado por compañías estadounidenses. El dictador cubano ejecutó una confiscación y nacionalización masiva de todas esas compañías.
La sentencia, redactada por el juez conservador Clarence Thomas, mantiene que los activos «manchados por la confiscación» están sujetos a demanda «por parte de cualquier ciudadanos estadounidense con derecho a reclamación».
Está por ver el impacto que puede tener en otras reclamaciones, pero hay intereses españoles en juego. Las compañías hoteleras españolas tienen una veintena de establecimientos en la isla y están en el punto de mira desde la activación de las provisiones de Helms-Burton. Cadenas como NH Hoteles y Meliá han enfrentado demandas en el pasado y habrá que ver si la decisión del Supremo y la creciente presión de la Administración Trump contra el Gobierno de Cuba afecta a sus actividades.
La sentencia del alto tribunal ocurre un día después de la imputación del que fuera presidente de Cuba, el hermano y sucesor de Fidel Castro, Raúl Castro. La imputación tiene que ver con el derribo de dos aviones de una organización de exiliados, en el que murieron tres ciudadanos estadounidenses. Fue esa operación militar la que desencadenó un fortalecimiento del embargo contra Cuba y la aprobación de la ley Helms Burton.
La imputación de Castro ocurre en medio de presiones económicas contra la isla, apoyadas en el corte del suministro de petróleo venezolano con el que ha subsistido Cuba en los últimos años. Y con la intensificación de las negociaciones entre la Administración Trump y el régimen cubano, a la que EE.UU. ha añadido gravedad con el anuncio del despliegue de un portaaviones en el Caribe. Una medida similar a la que tomó en la campaña de presiones antes de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.