Publicado: mayo 12, 2026, 10:45 am
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El presidente de Portugal, António José Seguro, devolvió al Parlamento el decreto que creaba la pena accesoria de pérdida de la nacionalidad para determinados delitos cometidos por extranjeros nacionalizados. Desde que asumió funciones el pasado marzo, se trata del primer veto del presidente socialista … y llega después de que el Tribunal Constitucional decidiera por unanimidad que la modificación del Código Penal para incluir esta medida era inconstitucional.
En estos casos, la Constitución portuguesa determina que los decretos considerados inconstitucionales deben ser vetados por el jefe del Estado y devueltos al órgano que los aprobó. Sin embargo, al haber sido aprobado por una mayoría de dos tercios en el Parlamento, el texto todavía podría ser confirmado nuevamente por los diputados, pese al criterio del Constitucional.
El líder de la derecha radical, André Ventura, defendió este martes que los partidos que aprobaron el decreto deberían insistir en su ratificación o, en última instancia, someter el asunto a referéndum.
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Virginia López
«Si el Parlamento confirma la propuesta, entonces, quien comete delitos debe perder la nacionalidad portuguesa; si no, entonces el pueblo portugués debe ser llamado a pronunciarse sobre este asunto», afirmó el presidente de Chega.
Sin embargo, el Partido Socialdemócrata del primer ministro Luís Montenegro ha adoptado una posición diferente al considerar que «lo esencial de la ley ya ha sido aprobado». El diputado conservador Hugo Soares afirmó que su partido no pretende crear «ningún conflicto institucional» con el Tribunal Constitucional.
«Nosotros tampoco queremos una crisis, pero la propia Constitución prevé la reaprobación parlamentaria como mecanismo de confirmación en momentos en los que existen interpretaciones divergentes», sostuvo André Ventura.
La nueva legislación endurece de forma significativa las condiciones para acceder a la ciudadanía portuguesa. El tiempo mínimo de residencia legal exigido pasa de cinco a siete años para ciudadanos de países europeos y lusófonos y se amplía hasta diez años para el resto de nacionalidades. Además, la ley tendrá carácter retroactivo para muchos extranjeros que ya viven y trabajan en Portugal.
Inversores extranjeros se quejan de «traición»
Tras la entrada en vigor de la nueva ley de nacionalidad, más de 500 ciudadanos extranjeros titulares de los llamados «visados dorados» anunciaron además que pretenden avanzar con una acción colectiva contra el Estado portugués.
Entre los denunciantes hay, sobre todo, inversores estadounidenses que aseguran sentirse «traicionados» por el cambio de reglas. «Vamos a agotar el sistema jurídico portugués y después valorar qué otras vías legales existen en Europa», afirmó a la radio TSF Kevin Gogg, un ciudadano estadounidense que se trasladó a Portugal tras obtener un visado dorado. «Por lo visto, la ley en Portugal vale menos que un contrato», añadió.
Los inversores extranjeros que apostaron por Portugal bajo la promesa de poder solicitar la ciudadanía en un plazo de cinco años consideran ahora que el Estado portugués ha modificado unilateralmente las condiciones. Con la nueva ley, muchos de ellos tendrán que esperar diez años para poder pedir la nacionalidad.
El programa de visados dorados fue creado en 2012, durante el anterior Gobierno conservador de Pedro Passos Coelho, con el objetivo de atraer inversión extranjera en plena crisis financiera y durante el rescate de Portugal por parte de la troika. En una década, el programa generó más de 6.500 millones de euros de inversión, principalmente a través de la compra de inmuebles.
Viola principios de «igualdad» y «proporcionalidad»
El único punto de la ley que todavía no había superado el control del Tribunal Constitucional era la pérdida de nacionalidad para extranjeros condenados por determinados delitos, ya que esa medida obligaba a modificar el Código Penal portugués. El tribunal consideró que la medida vulneraba principios fundamentales de la Constitución portuguesa, entre ellos los de igualdad y proporcionalidad.
La recién creada Unión de los Inmigrantes Cualificados (Uniq) también ha criticado el endurecimiento de los plazos para solicitar la nacionalidad portuguesa. «La decisión adoptada no tiene en cuenta la realidad de las personas que llegaron legalmente a Portugal para trabajar, crear empresas y puestos de trabajo, aportar sus competencias y cualificaciones, construir su vida en el país y convertirse en parte de la sociedad portuguesa», defendió Ilia Bobin, presidente de la organización.
En la práctica, si la nacionalidad solo puede solicitarse a partir de la regularización definitiva de los permisos de residencia, el tiempo de espera podría alargarse hasta los 12 o incluso 15 años.
Según datos oficiales, Portugal supera ya el millón y medio de extranjeros, frente a los poco más de 400.000 registrados hace apenas siete años. La comunidad brasileña continúa siendo la más numerosa , com más de 500 mil personas, seguida por ciudadanos procedentes de India, Nepal y Bangladés.
