Portugal promulga una ley de nacionalidad más restrictiva que exigirá diez años de residencia

El presidente de Portugal, António José Seguro, promulgó este domingo la nueva ley de nacionalidad, con la que se endurecen los requisitos para los extranjeros que viven en el país, tras varias modificaciones exigidas por el Tribunal Constitucional. En una nota divulgada por … la Presidencia, el mandatario socialista marcó distancia ideológica con el texto y subrayó que habría preferido «un mayor consenso» político y social.
Antes de esta versión definitiva, el Tribunal Constitucional ya había rechazado varios puntos clave del diploma original por considerar que vulneraban principios constitucionales. Entre las normas tumbadas figuraban la aplicación retroactiva de los nuevos plazos de residencia —que afectaba a procesos ya en curso— y la limitación del acceso a la nacionalidad para menores nacidos en Portugal sin garantías suficientes de protección.

La nueva ley fue aprobada por segunda vez el pasado 1 de abril, después de incorporar las modificaciones solicitadas por el Tribunal Constitucional. En paralelo, ese mismo mes el Ejecutivo conservador liderado por Luís Montenegro aprobó en el Parlamento —con el apoyo de los partidos de la derecha— un decreto que modifica el Código Penal para introducir como pena accesoria la pérdida de la nacionalidad. El Partido Socialista ha remitido este texto al Tribunal Constitucional para que evalúe su posible inconstitucionalidad.

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Virginia López

Uno de los cambios más significativos de la nueva ley afecta a los menores nacidos en Portugal. Hasta ahora, bastaba con que uno de los progenitores residiera legalmente en el país durante al menos un año para que el menor pudiera acceder a la nacionalidad. Con la nueva ley, al menos uno de los progenitores tendrá que haber vivido en Portugal durante cinco años.
También se endurecen las condiciones para la adquisición de la nacionalidad por residencia. El plazo general pasa de cinco a diez años de residencia legal en Portugal. No obstante, se establece una excepción para los ciudadanos de países de lengua oficial portuguesa y de la Unión Europea, para quienes el requisito será de siete años.
El nuevo marco legal elimina, además, la concesión de nacionalidad portuguesa a los descendientes de judíos sefardíes —una medida vigente desde 2015—, así como a las personas nacidas en territorios que fueron antiguas colonias portuguesas.
«En la decisión de promulgar el texto ha pesado el hecho de que la adquisición de la nacionalidad no impide la imprescindible protección humanitaria ni la deseada integración de los menores nacidos en Portugal, hijos de inmigrantes, como se establece en el marco jurídico nacional», puede leerse en el comunicado presidencial.
El presidente Seguro también expresó su expectativa de que los procesos de concesión de nacionalidad que se encuentran en curso no se vean afectados por esta reforma. A su juicio, cualquier alteración en ese sentido podría suponer «una indeseable pérdida de confianza en el Estado», tanto a nivel interno como externo.

Política migratoria más restrictiva

El actual Gobierno conservador de Luis Montenegro ha impulsado una serie de reformas en materia de inmigración con el objetivo de restringir la entrada y permanencia de personas en situación irregular. El secretario de Estado para la Inmigración, Rui Armindo Freitas, ha acusado al Partido Socialista de haber convertido a Portugal en una puerta de entrada para la inmigración ilegal en Europa.
«Cuando llegamos al poder en 2024, había un caos en el sistema de inmigración, lo que empujó a muchos inmigrantes a situaciones de indignidad laboral y debilitó la cohesión social», afirmó. Según recordó, «entre 2017 y 2024, Portugal pasó de tener 440.000 extranjeros a cerca de un millón y medio».
«Hemos revisado todo el marco regulatorio y aprobado las piezas legislativas necesarias para poder afirmar que hoy Portugal cuenta con un sistema de gestión de la inmigración que funciona», defendió Armindo Freitas.