Grecia juzga a 24 trabajadores humanitarios por tráfico de personas durante la crisis migratoria

Los hechos tuvieron lugar en 2018, cuando cientos de refugiados sirios llegaban en embarcaciones desde Turquía a Grecia –principalmente a la isla de Lesbos–. Todos los acusados trabajaban o colaboraban como voluntarios en la organización humanitaria Emergency Response Centre International (ERCI), operativa entre 2015 … y 2018, durante los años de la denominada crisis migratoria europea, y que se encargaba, entre otras funciones, de labores de búsqueda y rescate de refugiados en aguas del norte del Egeo.
En un primer momento, se les acusó de los delitos menores de espionaje, falsedad documental y blanqueamiento de capitales, además de los cargos de tráfico de personas y pertenencia a una organización criminal. En 2023, un tribunal de apelaciones retiró los cargos menores, pero mantuvo los de tráfico de personas y pertenencia a una organización criminal, por los que los acusados están siendo juzgados desde este jueves y por los que podrían afrontar penas de hasta veinte años de prisión.
Entre ellos figuran el entonces director de la ONG, Nasos Karakitsos; el buzo y rescatista profesional Sean Binder; el marinero y voluntario holandés Peter Vinterberg; tres ejecutivos de la ONG, y la activista Sarah Mardini, conocida por huir de Siria en 2015 con su hermana Yursa –entonces ambas eran menor de edad– y salvar a decenas de refugiados que viajaban con ellas una embarcación que partió de Turquía rumbo a Grecia.

Tras averiarse el motor, las dos hermanas remolcaron durante horas la barca a nado hasta las costas de Lesbos. Esta historia inspiró la película ‘Las nadadoras’, dirigida por Sally El Hosaini. Algunos de los acusados, entre ellos Mardini, Karakitsos y Binder, fueron detenidos en 2018 y pasaron más de cien días en prisión preventiva a la espera de juicio.
Se trata de un juicio polémico, que ha sido calificado por diversas organizaciones internacionales de derechos humanos y organismos de la ONU como un proceso basado en cargos infundados y motivado por razones políticas. En 2021, el Parlamento Europeo describió este caso como «el mayor caso de criminalización de la solidaridad en Europa». Amnistía Internacional, por su parte, ha enviado a Lesbos para seguir el proceso a una decena de observadores para seguir el desarrollo de las vistas.

Un refugiado sirio trata de sostener a sus dos hijos al desembarcar en Lesbos en 2015

Reuters

En su defensa, los acusados, han declarado que lo único que hacían era brindar a los refugiados que llegaban a Lesbos una primera atención médica y psicológica, proporcionarles ropa seca, agua y comida, para luego ponerlos inmediatamente a disposición de la Guardia Costera griega para que pudieran iniciar los trámites de solicitud de asilo. «Éramos los primeros en tomarles el pulso y brindarles la atención necesaria, en lugar de pedirles un pasaporte», afirmó Binder en un comunicado.

Endurecimiento de las políticas migratorias

Entre 2015 y 2016, punto álgido de la crisis migratoria, más de un millón de personas entraron en Europa a través de Grecia. Lo que empezó como una emergencia humanitaria –proveer alimentación, alojamiento y ayuda a las miles de personas que llegaban a Grecia huyendo de la guerra– terminó convirtiéndose en una crisis política.
Desde su llegada al poder en 2019, Kyriakos Mitsotakisha endurecido la política migratoria del país con medidas como la construcción de una valla en la frontera terrestre con Turquía o la paralización temporal, el pasado verano, de las tramitaciones de asilo para las personas indocumentadas que accedieran al país por la ruta marítima del norte de África.