La dimisión del director de la Oficina del Presupuesto le abre un nuevo frente a Starmer

La dimisión del presidente de la Oficina para la Responsabilidad Presupuestaria (OBR) tras la publicación anticipada del informe fiscal que debía acompañar el presupuesto de la ministra británica de Economía, Rachel Reeves ha desencadenado una crisis política que no se limita al organismo independiente, sino … que se ha convertido en un nuevo punto de presión sobre el Gobierno de Keir Starmer. El episodio, descrito por la propia OBR como «el peor fallo» en sus quince años de historia, ha abierto un frente que ya no se centra solo en la integridad técnica del supervisor fiscal, sino en la figura de la propia ministra de Economía, objeto de crecientes peticiones de dimisión procedentes de la oposición y amplificadas por la prensa local, que ahora se han hecho más fuertes.
El incidente se produjo cuando el informe completo del OBR, que contenía las previsiones económicas y fiscales esenciales para apoyar el presupuesto, fue publicado por error antes de que Reeves lo presentara oficialmente en la Cámara de los Comunes. El documento estuvo accesible durante un período suficiente para que periodistas y analistas financieros consultaran y publicaran datos sensibles, lo que generó movimientos inesperados en los mercados y obligó al Ejecutivo a improvisar aclaraciones. La investigación interna del organismo concluyó que el motivo de la filtración fue una vulnerabilidad técnica en el sistema de publicación digital. Richard Hughes, su presidente, anunció entonces su renuncia y afirmó que asume «plena responsabilidad» por lo ocurrido.
En paralelo, el propio organismo fiscal intentó aclarar otro frente de tensión que había cobrado fuerza en los días previos al presupuesto. David Miles, del OBR, explicó este martes ante la comisión del Tesoro de la Cámara de los Comunes que el organismo había advertido al ministerio sobre una serie de filtraciones que, según afirmó, estaban generando «ideas equivocadas» acerca de la evolución de sus previsiones. Señaló que información que no procedía del OBR circuló ampliamente en la prensa y que el organismo no podía corregirla sin comprometer su neutralidad institucional, lo que consideró perjudicial tanto para su reputación como para la calidad del proceso presupuestario.

Miles detalló malentendidos concretos, como la percepción de que las previsiones del organismo habían cambiado de forma abrupta en las horas previas al discurso de Reeves. Aseguró que las afirmaciones no eran ciertas y que contribuyeron a ofrecer una «imagen falsa» del contexto en el que la ministra tomó sus decisiones fiscales, un extremo que, a su juicio, dañó aún más la credibilidad del proceso.
La salida de Hughes, sin embargo, ha hecho crecer el escándalo en lugar de cerrarlo. Los conservadores y un sector de la prensa acusan a la ministra de haber exagerado las cifras del supuesto agujero fiscal del país para justificar las subidas de impuestos, y uno de los argumentos es que «se negó a respaldar» al presidente de la OBR en las horas posteriores al incidente, una actitud que ha alimentado la percepción de que Reeves habría buscado convertir a Hughes en «chivo expiatorio» para mantener intacta su credibilidad. Las fuentes consideran que, si el error de la OBR dejó en evidencia incoherencias entre las advertencias públicas de la ministra y las previsiones reales, Reeves debería ser la siguiente en renunciar a su cargo.
De hecho, pese a la evidencia de problemas estructurales en el organismo, la tensión política se ha centrado más en la figura de Reeves que en el propio OBR, pese a que el propio Keir Starmer salió a defenderla el lunes. Pero el presupuesto era uno de los pilares centrales de su estrategia económica, y este nuevo episodio introduce dudas sobre la fortaleza de la arquitectura institucional que respalda sus políticas, que cuentan, a la vez, con cada vez menos apoyo entre el electorado.