Publicado: noviembre 5, 2025, 1:45 pm
La fuente de la noticia es https://www.abc.es/internacional/supremo-pone-duda-poderes-trump-imponer-aranceles-20251105200628-nt.html
La mayoría del Tribunal Supremo de Estados Unidos expresó este miércoles dudas sobre el uso que hace el presidente Donald Trump de la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales de 1977 por haber impuesto aranceles a importaciones de más de 100 países … , un pilar central de su agenda económica. El fallo se demorará semanas o meses, pero si al final es contra el presidente, tendrá amplias consecuencias políticas y económicas, un duro golpe al segundo mandato de Trump.
Según dijo el presidente del Tribunal, el conservador John Roberts, en la audiencia de este miércoles, «el vehículo es la imposición de impuestos a los estadounidenses, y eso siempre ha sido una competencia central del Congreso». Eso apunta a que su voto sería contrario a Trump, como el de una mayoría de los nueve magistrados, tres de ellos nombrados por el propio Trump en su primer mandato.
El programa arancelario impugnado ahora arrancó con gravámenes a China, Canadá y México vinculados al tráfico de fentanilo y se amplió en abril con un arancel base global del 10% y tipos mayores para varias decenas de países, algo inédito. La causa llega tras tres derrotas del Gobierno en instancias inferiores; en agosto, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal falló que la ley no autoriza aranceles de esa magnitud, sin cerrar la puerta a medidas más limitadas.
En este año judicial, el Tribunal Supremo verá al menos 32 casos: las prohibiciones estatales a atletas transgénero en equipos femeninos, la constitucionalidad de la prohibición de la llamada «terapia de conversión» de homosexuales en Colorado, la evaluación de la discapacidad intelectual en la pena de muerte y una disputa sobre el mapa electoral de Luisiana que ha creado un distrito mayoritariamente negro.
Además, los jueces revisarán los límites a los gastos coordinados de los partidos con candidatos y si un preso puede reclamar daños contra funcionarios a título personal por violar la ley federal que protege la libertad religiosa de reclusos, así como la responsabilidad de un proveedor de internet por infracciones de propiedad intelectual de sus abonados.
La cuestión jurídica central es si esa ley de emergencias autoriza al presidente a imponer aranceles o si, al ser impuestos, esa potestad corresponde exclusivamente al Congreso; el Gobierno sostiene que se trata de la regulación de asuntos exteriores, y los demandantes replican que la ley no menciona «aranceles», «impuestos» ni «derechos». Según la jueza progresista Elena Kagan, «el Congreso, no el presidente, tenía el poder de gravar y regular el comercio exterior».
«¿Es su postura que todos los países debían ser gravados? Quiero decir, ¿España? ¿Francia?»
Amy Coney Barrett
Magistrada del Supremo de EE.UU.
Varios magistrados conservadores se sumaron a preguntas críticas sobre una posible delegación inconstitucional del poder de imponer tributos al Ejecutivo y sobre la separación de poderes. La jueza Amy Coney Barrett hasta se preguntó sobre las razones para gravar a aliados tradicionales de Washington en lo comercial y lo militar. «¿Es su postura que todos los países debían ser gravados…? Quiero decir, ¿España? ¿Francia?», preguntó al procurador John Sauer, que representa al Gobierno.
El Tribunal abordó si rige la doctrina de las cuestiones mayores, que exige autorización clara del Congreso para acciones económicas de gran calado; su aplicación sería desfavorable para la posición gubernamental. Según Roberts, «la justificación se usa para imponer aranceles a cualquier producto de cualquier país en cualquier cuantía y por cualquier tiempo».
La recaudación una cuestión «incidental»
El Gobierno defendió que los aranceles son medidas regulatorias orientadas a la seguridad nacional y la política exterior y que la eventual recaudación es incidental. Según alegó Sauer, en nombre del Ejecutivo: «No se trata del poder de imponer tributos; se trata de la capacidad de regular los asuntos exteriores… el hecho de que recauden ingresos es solo incidental».
Los demandantes, un grupo de comerciantes e importadores afectados, insistieron en que «los aranceles son impuestos» y que, cuando el Congreso ha querido ceder esa potestad, lo ha hecho con lenguaje expreso y límites. Propusieron que, si el Supremo les da la razón, el remedio tenga efectos futuros para evitar disrupciones, y citaron los gravámenes a aliados como ejemplo del alcance inédito de la medida.
El Tribunal examinó las consecuencias de una derrota del Gobierno: posibles devoluciones millonarias a importadores y la necesidad de deshacer o reordenar acuerdos comerciales. Samuel Alito preguntó si todos los aranceles son necesariamente recaudatorios y qué ocurriría si la Casa Blanca los reimpusiera amparándose en otras leyes.
También se reabrió el debate sobre la doctrina de no delegación y sobre si el Congreso ha cedido más de lo debido. Neil Gorsuch, nombrado por Trump, advirtió del riesgo de que se consolide «una vía de una sola dirección» que traslade poder del Legislativo al Ejecutivo en materia fiscal y comercial.
El Gobierno replicó que, aun con un revés, podría recurrir a marcos alternativos para aplicar aranceles, aunque con menos flexibilidad, y defendió mantenerlos dentro del arsenal presidencial. Brett Kavanaugh, también nombrado por Trump, alertó sobre retirar de esa «caja de herramientas» instrumentos para responder a verdaderas emergencias económicas.
