¿Por qué la disfunción presupuestaria perjudica tanto a nuestras democracias?

Existe una larga –y cada vez más reconocible– lista de factores que explican el empeño de algunas democracias por devorarse a sí mismas. En esta letanía destacan una profunda crisis de los partidos políticos tradicionales que hace tiempo abandonaron cualquier noción de corresponsabilidad; hiperliderazgos grotescos; … la normalización de la mentira en el lenguaje político; la mezcla de sectarismo, incompetencia y corrupción; la dictadura de minorías parlamentarias; la corrosión que supone maximizar el poder ejecutivo en detrimento de cualquier otro contrapoder; el asalto al Estado de derecho; y como resultado, la impunidad de políticos que evaden su obligada rendición de cuentas.

En este análisis sobre la crisis de las democracias también hay que hacer sitio para la cada vez más frecuente disfunción presupuestaria y que refleja la increíble dificultad de gobernar en un tiempo político dominado por las opciones más extremas. Una coyuntura en la que construir consensos se considera tan obsoleto como un calendario del año pasado. España, y la burla constitucional de no presentar presupuestos e intentar gobernar por tercer año consecutivo con las cuentas prorrogadas del 2023, es un buen ejemplo. Como es lo también Francia, entre la pinza sectaria de LePenchon, los mercados y la calle.

Sin embargo, nada se compara con el cierre del Gobierno federal en EE.UU. Con 21 ‘shutdowns’ en los últimos 50 años, Washington se enfrenta de nuevo a la paralización de toda la administración no esencial y la suspensión temporal de empleo y sueldo de unos 900.000 trabajadores públicos. Los demócratas quieren demostrar que pueden ganarle un puso a la Casa Blanca, mientras que Trump amenaza con resucitar la motosierra.

La batalla, que esta vez se centra en la renovación de los subsidios de la reforma sanitaria de Obama, es un síntoma de la polarización partidista extrema de EE.UU. Esa polarización ha provocado una disfunción en el proceso presupuestario, responsabilidad fundamental del Congreso que antes se decidía mediante acuerdos bipartidistas de alto nivel. Antes, los legisladores consideraban un fracaso no cumplir con esta obligación. Ahora, el desacuerdo es considerado como una oportunidad.

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