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Ecuador votará el 16 de noviembre si da paso a una Asamblea Constituyente planteada por Daniel Noboa

La Corte Constitucional de Ecuador emitió, la noche de este jueves 24 de septiembre, dictamen favorable para la convocatoria a consulta popular con la finalidad de instalar una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución que reemplace a la actual, vigente desde 2008, … conforme al pedido del presidente, Daniel Noboa. La luz verde llega tras constatar que la Presidencia de la República corrigió las observaciones formuladas en un fallo anterior del alto tribunal.
En consecuencia, la Corte dispuso al Consejo Nacional Electoral (CNE) incluir en la papeleta oficial de la consulta la pregunta, el estatuto y la tabla de distribución de asambleístas, de modo que el electorado conozca con exactitud la propuesta final. La Asamblea Constituyente estaría integrada por 80 representantes: 22 asambleístas nacionales; 50 asambleístas provinciales y seis asambleístas por el exterior.

La consulta para preguntar si se aprueba o no ir a una Constituyente se realizará el 16 de noviembre próximo, fecha que había fijado el CNE al convocar, el 20 de septiembre anterior, a un referéndum y consulta popular en los que el país deberá confirmar si aprueba o no la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional, que ya fue tuvo respaldo en consulta popular, el año pasado, y luego también por la Asamblea Nacional (Congreso), conforme ordena la Constitución que impone sea ratificado por el pueblo en las urnas.
En esa misma consulta y referéndum también se preguntará a los ecuatorianos si están de acuerdo con eliminar la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, que fue aprobado por la Asamblea Nacional, a pedido del presidente Daniel Noboa, y que, al tratarse de una reforma parcial la Constitución, debe ser ratificado en las urnas.

Se supera un conflicto entre Noboa y la Corte

Con el dictamen favorable de la Corte Constitucional para viabilizar una consulta popular que llevaría a una Asamblea Constituyente se supera una seria diferencia entre el Ejecutivo de Daniel Noboa y el alto tribunal, que había llegado a niveles preocupantes, que mereció llamados de atención y alertas de organismos internacionales.
El presidente de la República había intentado eludir el control constitucional al disponer, directamente, al Consejo Nacional Electoral que incluya en la consulta que había llamado para otros temas, la pregunta sobre la Asamblea Constituyente; pero el organismo electoral remitió el pedido a la Corte para el respectivo control de constitucionalidad.
En respuesta, la Corte hizo varias observaciones al estatuto planteado por Noboa y el mandatario debió responder; en ese momento, el Ejecutivo se había sometido, como manda la Carta Magna, a la Corte Constitucional, y el diferendo quedaba superado. La constitución que Noboa busca cambiar fue redactada, en 2008, durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) y es considerada estatista y excesivamente garantista.

Publicado: septiembre 25, 2025, 12:45 am

La fuente de la noticia es https://www.abc.es/internacional/ecuador-votara-noviembre-paso-asamblea-constituyente-planteada-20250925072031-nt.html

La Corte Constitucional de Ecuador emitió, la noche de este jueves 24 de septiembre, dictamen favorable para la convocatoria a consulta popular con la finalidad de instalar una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución que reemplace a la actual, vigente desde 2008, conforme al pedido del presidente, Daniel Noboa. La luz verde llega tras constatar que la Presidencia de la República corrigió las observaciones formuladas en un fallo anterior del alto tribunal.

En consecuencia, la Corte dispuso al Consejo Nacional Electoral (CNE) incluir en la papeleta oficial de la consulta la pregunta, el estatuto y la tabla de distribución de asambleístas, de modo que el electorado conozca con exactitud la propuesta final. La Asamblea Constituyente estaría integrada por 80 representantes: 22 asambleístas nacionales; 50 asambleístas provinciales y seis asambleístas por el exterior.

La consulta para preguntar si se aprueba o no ir a una Constituyente se realizará el 16 de noviembre próximo, fecha que había fijado el CNE al convocar, el 20 de septiembre anterior, a un referéndum y consulta popular en los que el país deberá confirmar si aprueba o no la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional, que ya fue tuvo respaldo en consulta popular, el año pasado, y luego también por la Asamblea Nacional (Congreso), conforme ordena la Constitución que impone sea ratificado por el pueblo en las urnas.

En esa misma consulta y referéndum también se preguntará a los ecuatorianos si están de acuerdo con eliminar la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, que fue aprobado por la Asamblea Nacional, a pedido del presidente Daniel Noboa, y que, al tratarse de una reforma parcial la Constitución, debe ser ratificado en las urnas.

Se supera un conflicto entre Noboa y la Corte

Con el dictamen favorable de la Corte Constitucional para viabilizar una consulta popular que llevaría a una Asamblea Constituyente se supera una seria diferencia entre el Ejecutivo de Daniel Noboa y el alto tribunal, que había llegado a niveles preocupantes, que mereció llamados de atención y alertas de organismos internacionales.

El presidente de la República había intentado eludir el control constitucional al disponer, directamente, al Consejo Nacional Electoral que incluya en la consulta que había llamado para otros temas, la pregunta sobre la Asamblea Constituyente; pero el organismo electoral remitió el pedido a la Corte para el respectivo control de constitucionalidad.

En respuesta, la Corte hizo varias observaciones al estatuto planteado por Noboa y el mandatario debió responder; en ese momento, el Ejecutivo se había sometido, como manda la Carta Magna, a la Corte Constitucional, y el diferendo quedaba superado. La constitución que Noboa busca cambiar fue redactada, en 2008, durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) y es considerada estatista y excesivamente garantista.

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