El bolsonarismo redobla la presión en el Congreso por una amnistía al expresidente brasileño

La condena de la Primera Sala del Supremo contra Jair Bolsonaro y otros siete acusados por trama golpista ha encendido el tablero político en Brasil y recolocado el foco de la semana en el Congreso. La oposición empuja una amnistía amplia, general e irrestricta … que alcance al expresidente y a los condenados por los ataques del 8 de enero a edificios públicos; el Gobierno rechaza cualquier perdón; y las cúpulas de las dos Cámaras maniobran para frenar o encauzar la iniciativa.
En la Cámara de Diputados, su presidente, Hugo Motta, evita por ahora pautar el asunto; en el Senado, Davi Alcolumbre trabaja un texto alternativo: no un perdón de penas, sino una recalibración de castigos, excluyendo a Bolsonaro según interlocutores parlamentarios. La oposición, reforzada por el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que ahora se proyecta como posible candidato en las elecciones del año que viene, quiere llevar el tema al pleno «ya»; el Gobierno, con Lula al frente, ha pedido movilización para barrer la propuesta. Esa pugna –y no el espectáculo de las togas– marcará la agenda de los próximos días.
El alcance del perdón que promueve la oposición es extremo: fijaría como marco el inicio del Gobierno Bolsonaro (2019) y extinguiría la punibilidad de quienes hayan sido investigados o vayan a ser condenados por delitos «contra la democracia», incluyendo mensajes en redes, ofensas a instituciones, apoyo logístico o financiero a protestas e incluso ataques a la soberanía nacional. El plan cuenta con apoyos recientes en el Centrão –bloque mayoritario sin una orientación política concreta– y con un requerimiento de urgencia para llevarlo directamente al pleno de la Cámara, saltando comisiones. Pero ese movimiento solo despega si Motta decide incluir la urgencia en la orden del día, algo que no ha hecho. En el Senado, Alcolumbre resiste y, además, no quiere un texto que incluya a Bolsonaro. La batalla, por tanto, es doble: qué se vota y dónde se empieza a votar.

En paralelo a ese pulso político, el frente judicial no traerá giros dramáticos esta semana. Tras el 4-1 de la Primera Sala (27 años y 3 meses de pena, en régimen inicial cerrado), el Supremo debe cerrar los trámites formales: primero, la lectura del acta del juicio; después, la publicación del acórdão (la sentencia íntegra con votos). Hasta que el acórdão no se publique, no corren los plazos de recurso. Publicado, la defensa tendrá cinco días para presentar embargos de declaración –un remedio para aclarar omisiones, contradicciones u oscuridades que, por regla general, no cambia el resultado–. Esos embargos van al relator, Alexandre de Moraes, se envían a la Fiscalía (PGR) para dictamen en 15 días y regresan a la Primera Sala para su decisión, sin plazo cerrado. Si se rechazan, la defensa podría intentar embargos infringentes; pero, de acuerdo con el criterio vigente, solo caben cuando hubo al menos dos votos absolutorios en el punto impugnado –no ocurrió, solo Luiz Fux votó por absolver–. Traducido a calendario: salvo sorpresa, veremos despachos, borradores y conversaciones de pasillo, no órdenes de encarcelamiento inmediatas.
Tampoco cambia por ahora el estatus de custodia: Bolsonaro sigue en prisión domiciliaria desde el 4 de agosto, en otra causa, la que investiga, entre otros hechos; articulaciones en Estados Unidos para obstruir el juicio. Esa medida fue dictada por Moraes y permanece hasta nueva decisión; no está «atada» a la condena ahora dictada por la Primera Sala. Para el lector práctico: no hay fecha de entrada en presidio por esta condena; eso solo llega con el tránsito en cosa juzgada (cuando se agotan los recursos de la propia Sala).
Sobre el «dónde» cumplir la pena –si llega la ejecución– hay cuatro escenarios en discusión, todos hipotéticos y supeditados a una decisión motivada del relator: la penitenciaría de Papuda (con separación respecto a otros internos), una sala especial en la Policía Federal de Brasilia (un arreglo que recuerda al de Lula en 2018–2019), instalaciones del Ejército (por su condición de capitán retirado) o mantener la domiciliaria por edad/salud. Son posibilidades, no un cronograma.
Vuelto al Congreso, el choque por la amnistía tendrá hitos muy concretos esta semana. En la Cámara, habrá que ver si Motta cede y pauta el requerimiento de urgencia para que el perdón amplio –tal y como lo redacta la oposición– salte a pleno. En el Senado, se espera que Alcolumbre enseñe el esqueleto de su texto alternativo (sin perdón, con recalibración de penas y sin Bolsonaro), y que empiece la cuenta de porotos para una versión restringida. La oposición ya ha elevado la presión con la participación de Tarcísio de Freitas en las gestiones en Brasilia; el Gobierno endurece el discurso –«trabajaremos contra la amnistía», dijo Lula– y moviliza a los suyos para evitar que el tema avance.
Hay, además, una línea roja jurídica que sobrevuela el debate: Alexandre de Moraes sostuvo, durante el juicio, que los crímenes contra la democracia no son amnistiables. Entre bastidores, ese criterio cala en el Supremo: no cabría perdón para delitos que atenten contra la propia Constitución. Si el Senado lograse aprobar un texto restringido y la Cámara insistiera en un perdón general que alcanzase a Bolsonaro y a crímenes democráticos, el choque político sería inmediato y la disputa jurídica, inevitable.
En suma, el centro de gravedad de la semana se desplaza del tribunal a las mesas de negociación del Congreso: ahí se decidirá si hay vía rápida para una amnistía amplia, si cuaja un texto alternativo del Senado y hasta dónde llega el cálculo del Centrão. En el Supremo, el reloj sigue su curso: acta, acórdão, embargos. Y para Bolsonaro, nada de barrotes a corto plazo: domiciliaria vigente y recursos por delante. La política, entretanto, decidirá si el país abre la puerta a un perdón masivo o si, como pronuncia el Supremo, la democracia no se perdona a sí misma.