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El salvadoreño Kilmar Abrego, símbolo de la reforma migratoria de Trump, detenido de nuevo tras haber sido liberado

Kilmar Abrego García, inmigrante indocumentado de El Salvador cuya deportación lo convirtió en uno de los principales símbolos de la política migratoria de Donald Trump, fue detenido de nuevo este lunes por agentes de Inmigración (ICE) en Baltimore, apenas tres días después … de que una jueza federal ordenara su puesta en libertad.
Abrego había sido arrestado y deportado en marzo, pese a contar con una orden judicial que impedía su expulsión. Fue trasladado a El Salvador y recluido en el penal de máxima seguridad CECOT, símbolo de la política de Nayib Bukele contra las bandas y pandillas. Su caso desató una batalla legal entre la Administración Trump y los tribunales, que culminó en junio, cuando el Tribunal Supremo obligó al Gobierno a facilitar su regreso a Estados Unidos. A su llegada, fiscales en Tennessee lo imputaron por un caso de tráfico de inmigrantes, derivado de un control de carretera en 2022 que nunca fue aclarado.
El viernes pasado, la jueza federal Barbara Holmes concluyó que Abrego no representaba un riesgo de fuga ni una amenaza y ordenó su excarcelación. Sin embargo, el lunes, al acudir a una cita rutinaria con ICE en Maryland, fue arrestado nuevamente. Según sus abogados, el Gobierno busca deportarlo de manera inminente a Uganda, una medida que consideran un intento de coacción para que acepte una salida negociada hacia Costa Rica. Una orden judicial en Maryland obliga a las autoridades a concederle al menos 72 horas para recurrir su deportación a un país alternativo.

Trump ha firmado un acuerdo con Uganda, en África, para que acepte deportados de todas las nacionalidades.
Casado con una ciudadana estadounidense y padre de una hija estadounidense, Abrego insiste en que huyó de El Salvador por el acoso de la mara salvatrucha. Él y su familia rechazan cualquier vínculo con esa pandilla, conocida como MS-13 también, acusación que la Administración Trump ha utilizado para justificar su expulsión. Sus abogados califican el proceso como una «persecución selectiva» y sostienen que se trata de un castigo por haber desafiado al Gobierno en los tribunales.
A las puertas de la oficina de ICE en Baltimore, decenas de activistas y simpatizantes se congregaron con pancartas de «Free Kilmar», según la agencia Afp. Antes de entrar al edificio, Abrego se dirigió a ellos en español, agradeció el apoyo y calificó su breve liberación de «milagro». «Prométanme que seguirán peleando, rezando y creyendo en la dignidad y en la libertad, no solo por mí, sino por todos», pidió, en un mensaje que extendió a las familias separadas por las deportaciones masivas. «Aunque la justicia nos golpee fuerte, no perdamos la fe. Dios está con nosotros», añadió.
El caso Abrego, pendiente del juicio por tráfico de inmigrantes, se ha convertido en una prueba de fuerza entre la Administración Trump y el poder judicial sobre los límites de la deportación. Activistas migratorios consideran que su situación refleja una estrategia más amplia de presionar a acusados mediante amenazas de expulsión a terceros países.

Publicado: agosto 25, 2025, 8:45 am

La fuente de la noticia es https://www.abc.es/internacional/salvadoreno-kilmar-abrego-simbolo-reforma-migratoria-trump-20250825151344-nt.html

Kilmar Abrego García, inmigrante indocumentado de El Salvador cuya deportación lo convirtió en uno de los principales símbolos de la política migratoria de Donald Trump, fue detenido de nuevo este lunes por agentes de Inmigración (ICE) en Baltimore, apenas tres días después de que una jueza federal ordenara su puesta en libertad.

Abrego había sido arrestado y deportado en marzo, pese a contar con una orden judicial que impedía su expulsión. Fue trasladado a El Salvador y recluido en el penal de máxima seguridad CECOT, símbolo de la política de Nayib Bukele contra las bandas y pandillas. Su caso desató una batalla legal entre la Administración Trump y los tribunales, que culminó en junio, cuando el Tribunal Supremo obligó al Gobierno a facilitar su regreso a Estados Unidos. A su llegada, fiscales en Tennessee lo imputaron por un caso de tráfico de inmigrantes, derivado de un control de carretera en 2022 que nunca fue aclarado.

El viernes pasado, la jueza federal Barbara Holmes concluyó que Abrego no representaba un riesgo de fuga ni una amenaza y ordenó su excarcelación. Sin embargo, el lunes, al acudir a una cita rutinaria con ICE en Maryland, fue arrestado nuevamente. Según sus abogados, el Gobierno busca deportarlo de manera inminente a Uganda, una medida que consideran un intento de coacción para que acepte una salida negociada hacia Costa Rica. Una orden judicial en Maryland obliga a las autoridades a concederle al menos 72 horas para recurrir su deportación a un país alternativo.

Trump ha firmado un acuerdo con Uganda, en África, para que acepte deportados de todas las nacionalidades.

Casado con una ciudadana estadounidense y padre de una hija estadounidense, Abrego insiste en que huyó de El Salvador por el acoso de la mara salvatrucha. Él y su familia rechazan cualquier vínculo con esa pandilla, conocida como MS-13 también, acusación que la Administración Trump ha utilizado para justificar su expulsión. Sus abogados califican el proceso como una «persecución selectiva» y sostienen que se trata de un castigo por haber desafiado al Gobierno en los tribunales.

A las puertas de la oficina de ICE en Baltimore, decenas de activistas y simpatizantes se congregaron con pancartas de «Free Kilmar», según la agencia Afp. Antes de entrar al edificio, Abrego se dirigió a ellos en español, agradeció el apoyo y calificó su breve liberación de «milagro». «Prométanme que seguirán peleando, rezando y creyendo en la dignidad y en la libertad, no solo por mí, sino por todos», pidió, en un mensaje que extendió a las familias separadas por las deportaciones masivas. «Aunque la justicia nos golpee fuerte, no perdamos la fe. Dios está con nosotros», añadió.

El caso Abrego, pendiente del juicio por tráfico de inmigrantes, se ha convertido en una prueba de fuerza entre la Administración Trump y el poder judicial sobre los límites de la deportación. Activistas migratorios consideran que su situación refleja una estrategia más amplia de presionar a acusados mediante amenazas de expulsión a terceros países.

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