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Trump planea militarizar las principales ciudades demócratas

El Pentágono estudia crear lo que define como una «Fuerza de Reacción Rápida contra Disturbios Civiles» compuesta por centenares de reservistas de la Guardia Nacional, con 600 soldados de guardia permanente para desplegarse en menos de una hora en ciudades estadounidenses que enfrenten … protestas u otras situaciones de agitación. La fuerza estaría dividida en dos grupos de 300, con bases en Alabama y Arizona para cubrir, respectivamente, las zonas al este y oeste del río Misisipi.
La fuerza, de la que informó primero el diario Washington Post este martes, se plantea como un recurso federal a disposición del presidente de forma permanente para enviar tropas entre estados en casos de disturbios, bajo órdenes del presidente y con financiación federal, incluso si un gobernador no coopera o trata de rechazar su despliegue.
El objetivo es reaccionar rápido ante disturbios y proteger edificios y funciones del Gobierno federal, aunque los documentos advierten riesgos como cansancio del personal, menos recursos para emergencias como huracanes, interrupción de entrenamientos, conflictos políticos y que se vuelva habitual usar militares en tareas de policía, algo inconstitucional.

En su conferencia de prensa este lunes en la Casa Blanca, Trump presentó la intervención federal de Washington como un modelo que podría extenderse a otras ciudades con altos índices de criminalidad. El presidente dijo que «otros están mirando lo que hacemos aquí» y que su expectativa es que «quizá se limpien solas», pero advirtió de que, si eso no ocurre, «aplicaremos acciones equivalentes» en lugares como Chicago, Los Ángeles o San Francisco.

O baja la delincuencia o habrá militarización

El mensaje a las grandes ciudades que controlan los demócratas, esos últimos bastiones de la izquierda estadounidense, está claro: o los índices de delincuencia bajan pronto, o la militarización de Los Ángeles y Washington será sólo el principio.
Trump de hecho insistió en que el despliegue de agentes federales (del FBI), Guardia Nacional y unidades especializadas será «una presencia abrumadora» en las calles de la capital, con el objetivo de «hacerla segura y hermosa otra vez». Según afirmó, «Washington será un modelo, y lo haremos muy rápido».
El mandatario defendió que su plan implica «plena cooperación, sin fisuras, entre todos los niveles de las fuerzas de seguridad» y prometió que «habrá más policías y más agentes, y la gente estará feliz». Sobre la proyección nacional de esta medida, concluyó: «Si no aprenden la lección, si no han estudiado esto bien, tendremos que actuar».

Primer despliegue en Los Ángeles

Ya en junio, el presidente Trump ordenó el despliegue de más de 4.000 miembros de la Guardia Nacional y unos 700 marines en Los Ángeles, bajo la autoridad federal y sin el consentimiento del gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom. La operación se presentó como una medida para proteger instalaciones y personal federal durante protestas contra las políticas migratorias de la Casa Blanca.
El despliegue incluyó un toque de queda nocturno en el centro de la ciudad y patrullas militares visibles en zonas céntricas de la urbe, lo que reavivó el debate sobre el uso de tropas en tareas de seguridad interna, algo muy infrecuente hasta que llegó Trump.
La razón es el marco legal y la voluntad de impedir insurrecciones en los siglos XVIII y XIX. Una ley llamada Posse Comitatus de 1878 prohíbe que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad interna o hagan cumplir la ley, salvo autorización expresa del Congreso o la Constitución. Esta norma, pensada para mantener la separación entre poder militar y autoridad civil, no se aplica a la Guardia Nacional cuando actúa bajo control estatal. La principal excepción es la Insurrection Act de 1807, que faculta al presidente a desplegar tropas federales o asumir el control de la Guardia Nacional para sofocar insurrecciones, garantizar el cumplimiento de leyes federales o proteger derechos civiles, incluso sin el consentimiento de un gobernador.
Pero para ello, el presidente debe declarar que hay una insurrección antes, algo muy complicado, imposible, de probar en el caso californiano o de Washington. En la capital sin embargo le es más fácil porque es un distrito federal sujeto a la supervisión del gobierno central.
El gobernador Newsom demandó de hecho al Gobierno federal alegando que la intervención violaba la ley, insistiendo en que el control de la Guardia Nacional corresponde al estado. Un juez federal le dio inicialmente la razón, pero un tribunal de apelaciones permitió que la operación continuara mientras se resolvía la disputa. A mediados de julio, la mayoría de las tropas se retiraron, aunque cerca de 2.000 permanecieron en la base de Los Alamitos.
En 2024, la delincuencia en las grandes ciudades de Estados Unidos experimentó un descenso generalizado respecto al año anterior, del 16% según el Consejo de Justicia Criminal. Los homicidios cayeron de forma significativa en grandes urbes como Baltimore o Chicago, al igual que los robos, las agresiones con armas de fuego y los hurtos de vehículos. Solo el hurto en tiendas registró un aumento, consolidándose como una de las pocas excepciones en un panorama de mejora.

Publicado: agosto 12, 2025, 10:45 pm

La fuente de la noticia es https://www.abc.es/internacional/trump-planea-militarizar-principales-ciudades-democratas-20250812200757-nt.html

El Pentágono estudia crear lo que define como una «Fuerza de Reacción Rápida contra Disturbios Civiles» compuesta por centenares de reservistas de la Guardia Nacional, con 600 soldados de guardia permanente para desplegarse en menos de una hora en ciudades estadounidenses que enfrenten protestas u otras situaciones de agitación. La fuerza estaría dividida en dos grupos de 300, con bases en Alabama y Arizona para cubrir, respectivamente, las zonas al este y oeste del río Misisipi.

La fuerza, de la que informó primero el diario Washington Post este martes, se plantea como un recurso federal a disposición del presidente de forma permanente para enviar tropas entre estados en casos de disturbios, bajo órdenes del presidente y con financiación federal, incluso si un gobernador no coopera o trata de rechazar su despliegue.

El objetivo es reaccionar rápido ante disturbios y proteger edificios y funciones del Gobierno federal, aunque los documentos advierten riesgos como cansancio del personal, menos recursos para emergencias como huracanes, interrupción de entrenamientos, conflictos políticos y que se vuelva habitual usar militares en tareas de policía, algo inconstitucional.

En su conferencia de prensa este lunes en la Casa Blanca, Trump presentó la intervención federal de Washington como un modelo que podría extenderse a otras ciudades con altos índices de criminalidad. El presidente dijo que «otros están mirando lo que hacemos aquí» y que su expectativa es que «quizá se limpien solas», pero advirtió de que, si eso no ocurre, «aplicaremos acciones equivalentes» en lugares como Chicago, Los Ángeles o San Francisco.

O baja la delincuencia o habrá militarización

El mensaje a las grandes ciudades que controlan los demócratas, esos últimos bastiones de la izquierda estadounidense, está claro: o los índices de delincuencia bajan pronto, o la militarización de Los Ángeles y Washington será sólo el principio.

Trump de hecho insistió en que el despliegue de agentes federales (del FBI), Guardia Nacional y unidades especializadas será «una presencia abrumadora» en las calles de la capital, con el objetivo de «hacerla segura y hermosa otra vez». Según afirmó, «Washington será un modelo, y lo haremos muy rápido».

El mandatario defendió que su plan implica «plena cooperación, sin fisuras, entre todos los niveles de las fuerzas de seguridad» y prometió que «habrá más policías y más agentes, y la gente estará feliz». Sobre la proyección nacional de esta medida, concluyó: «Si no aprenden la lección, si no han estudiado esto bien, tendremos que actuar».

Primer despliegue en Los Ángeles

Ya en junio, el presidente Trump ordenó el despliegue de más de 4.000 miembros de la Guardia Nacional y unos 700 marines en Los Ángeles, bajo la autoridad federal y sin el consentimiento del gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom. La operación se presentó como una medida para proteger instalaciones y personal federal durante protestas contra las políticas migratorias de la Casa Blanca.

El despliegue incluyó un toque de queda nocturno en el centro de la ciudad y patrullas militares visibles en zonas céntricas de la urbe, lo que reavivó el debate sobre el uso de tropas en tareas de seguridad interna, algo muy infrecuente hasta que llegó Trump.

La razón es el marco legal y la voluntad de impedir insurrecciones en los siglos XVIII y XIX. Una ley llamada Posse Comitatus de 1878 prohíbe que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad interna o hagan cumplir la ley, salvo autorización expresa del Congreso o la Constitución. Esta norma, pensada para mantener la separación entre poder militar y autoridad civil, no se aplica a la Guardia Nacional cuando actúa bajo control estatal. La principal excepción es la Insurrection Act de 1807, que faculta al presidente a desplegar tropas federales o asumir el control de la Guardia Nacional para sofocar insurrecciones, garantizar el cumplimiento de leyes federales o proteger derechos civiles, incluso sin el consentimiento de un gobernador.

Pero para ello, el presidente debe declarar que hay una insurrección antes, algo muy complicado, imposible, de probar en el caso californiano o de Washington. En la capital sin embargo le es más fácil porque es un distrito federal sujeto a la supervisión del gobierno central.

El gobernador Newsom demandó de hecho al Gobierno federal alegando que la intervención violaba la ley, insistiendo en que el control de la Guardia Nacional corresponde al estado. Un juez federal le dio inicialmente la razón, pero un tribunal de apelaciones permitió que la operación continuara mientras se resolvía la disputa. A mediados de julio, la mayoría de las tropas se retiraron, aunque cerca de 2.000 permanecieron en la base de Los Alamitos.

En 2024, la delincuencia en las grandes ciudades de Estados Unidos experimentó un descenso generalizado respecto al año anterior, del 16% según el Consejo de Justicia Criminal. Los homicidios cayeron de forma significativa en grandes urbes como Baltimore o Chicago, al igual que los robos, las agresiones con armas de fuego y los hurtos de vehículos. Solo el hurto en tiendas registró un aumento, consolidándose como una de las pocas excepciones en un panorama de mejora.

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