Alemania restringe la vigilancia policial con virus troyanos a delitos con más de tres años de cárcel

La Policía alemana sólo podrá utilizar la vigilancia más sofisticada en telecomunicaciones en caso de «delitos muy graves». El Tribunal Constitucional ha sentenciado (1 BvR 180/23) que el uso de los denominados «troyanos estatales» es en gran medida acorde con la Ley Fundamental, … pero establece esta restricción en virtud de la privacidad de las comunicaciones.
El Primer Senado del máximo tribunal alemán ha declarado nula la llamada vigilancia de las telecomunicaciones en origen, que permite el registro en línea de ordenadores y teléfonos inteligentes de sospechosos, para los delitos castigados con una pena de hasta tres años de prisión.
Los delitos por debajo de dicha pena no podrán ser perseguidos por esta vía y los investigadores tendrán que buscar otras alternativas, al menos hasta que se adopte un nuevo reglamento que ajuste las prácticas policiales a este veredicto.

Un troyano estatal es un software de espionaje que se instala en la computadora o teléfono inteligente del sospechoso sin su conocimiento. Los más conocidos son Pegasus, FinFisher y Regin. Fueron inicialmente desarrollados para las agencias de Inteligencia y seguridad nacional, pero actualmente también los utiliza la Policía en sus investigaciones.
Desde una enmienda al Código de Procedimiento Penal en 2017, la Policía alemana ha podido, gracias a ellos, leer mensajes cifrados a través de servicios de mensajería como WhatsApp o Telegram (fuente TKÜ) o revisar en línea de forma encubierta todos los datos en un dispositivo.
«La fuente TKÜ es una violación muy grave de los derechos fundamentales», ha dictaminado el tribunal de Karlsruhe. «Sobre la base del peso muy alto de este tipo invasión, la vigilancia de las telecomunicaciones de origen debe limitarse al enjuiciamiento de delitos particularmente graves, por razones de proporcionalidad en el sentido más estricto», delimita ahora.

Violación de privacidad injustificada

Aquellos delitos para los que se prevé una pena máxima de prisión de hasta tres años o una multa pertenecen al área de delitos simples y están descartados de la clasificación de delito penal especialmente grave. Por ello, el tribunal no considera justificada la violación de la privacidad en estos casos.
Ante el Tribunal Constitucional alemán se habían presentado varias querellas contra este tipo de vigilancia policial. Esta sentencia responde concretamente a la presentada por la asociación Digitalcourage, una organización sin fines de lucro que desde 1987 defiende en Alemania los derechos fundamentales, la privacidad y la protección de datos personales en la era digital.
Su objetivo es promover los derechos civiles y humanos en el ámbito digital. Entre otras acciones, organiza los populares Big Brother Awards, premios que denuncian a entidades que violan sistemáticamente la privacidad de los ciudadanos. El año pasado, por ejemplo, se concedieron a Deutsche Bahn por dificultar el transporte sin vigilancia digital, a la Policía de Sajonia por el uso indiscriminado de cámaras de reconocimiento facial, al ministro de Sanidad Karl Lauterbach por impulsar el Espacio Europeo de Datos de Salud, que centraliza datos médicos sensibles, y a Shein por prácticas invasivas de recopilación de datos en sus plataformas de comercio electrónico.

Una espada de doble filo

«Los troyanos estatales se instalan a través de brechas de seguridad que deben estar presentes en todos los teléfonos inteligentes, ordenadores, tabletas y consolas de juegos», explica la asociación en su página web. Alega también que, además de la Policía, los delincuentes podrían usar estas puertas traseras para acceder a los dispositivos, y que el Estado está violando así su deber de protección.
Según las estadísticas publicadas este martes por la Oficina Federal de Justicia, en 2023 hubo un total de 104 órdenes judiciales sobre la fuente TKÜ en Alemania. Las búsquedas en línea se ordenaron 26 veces y se llevaron a cabo en seis ocasiones, según la misma información. La mayoría de los casos estuvieron relacionados con investigaciones sobre organizaciones criminales.