La cárcel de Bukele gusta a otros presidentes

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, gusta de enseñar su megacárcel a los dirigentes de otros países, que acuden allí en búsqueda de inspiración. Bautizado como Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) e inaugurado en enero de 2023, el lugar tiene espacio para … 40.000 pandilleros. Orillando lo cuestionable de la política de mano dura de Bukele, los visitantes quedan al parecer deslumbrados por las escenas distópicas de la prisión. Algunos países ya anunciaron hace algún tiempo que desean copiar las instalaciones, creando también centros de máxima seguridad para reclusos especialmente peligrosos, y otros recientemente han expresado su interés en poder enviar algunos de sus reos al Cecot salvadoreño, siguiendo el ejemplo de Trump.
El Ecuador del reelegido presidente Daniel Noboa quiere ambas cosas. En su declarada guerra contra el crimen organizado, el cual ha convertido el país en poco tiempo en uno de los más peligrosos de la región al devenir en importante punto de salida de la droga colombiana, Noboa ya puso en marcha en 2024 la construcción de dos cárceles de máxima seguridad. Una en la costa del Pacífico y otra en el interior amazónico del país, cada una de ellas con capacidad para unos 800 reos, lejos de la que tiene el Cecot de Bukele pero igualmente dotada de nuevas tecnologías para la custodia de presos. Ninguna de las dos ha sido inaugurada todavía.
Apremiado por el hacinamiento de las cárceles ecuatorianas y la violencia que en ellas se registra –entre 2021 y 2024 murieron 500 reclusos en reyertas y motines– el Gobierno de Noboa baraja la posibilidad de enviar reos a El Salvador, según un cable diplomático estadounidense al que ha tenido acceso «The Washington Post». El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, admite que funcionarios ecuatorianos han visitado el Cecot, pero niega que haya ningún plan al respecto. En cualquier caso, se muestra «teóricamente interesado» en la posibilidad de enviar a El Salvador reos extranjeros no arraigados en Ecuador y vinculados a grupos delictivos trasnacionales. La Constitución prohíbe la entrega a otros países de ciudadanos ecuatorianos si no existe una orden de extradición (esta opción fue admitida en un referéndum celebrado en 2024), pero no se pronuncia sobre los extranjeros.

Algo semejante está considerando Perú, según ha reconocido el ministro de Justicia del país, Juan Alcántara, con el objetivo de aliviar el hacinamiento del sistema penitenciario peruano.
No está claro, sin embargo, que a El Salvador le interese convertirse en ‘hub’ carcelario americano. Una cosa es acoger a presos enviados desde Estados Unidos, por los que la Casa Blanca se ha comprometido a pagar una suma importante (6 millones de dólares al año por acoger a 260 reos remitidos por Washington), y otra hacerle el trabajo sucio a vecinos con pocos fondos. De todos modos, a Bukele tal vez pueda seguir conviniéndole cuidar su imagen de dirigente duro contra el crimen y atraer la atención internacional en esta cuestión.
La tendencia a exportar reos que comienza a darse en algunos países ricos (no solo es Estados Unidos: Suecia anunció a comienzos de año que quiere que encarcelados extranjeros cumplan las penas en el exterior, aunque en principio proyecta que lo hagan en sus naciones de origen, no en terceros países) indica que aquí existe un posible negocio, y todas las fuentes de ingresos –y de divisas– pueden ser importantes para una pequeña nación con El Salvador.
El llevar presos al país vecino puede ser una solución para lugares como Honduras, igualmente afectado por las maras y cuyas prisiones tienen una tasa de hacinamiento del 149%. Allí el Gobierno de Xiomara Castro no se ha decidido a llevar adelante la construcción de dos nuevas prisiones de máxima seguridad que se habían ideado a imitación de El Salvador. Castro copió algunas de las medidas de Bukele, como la aplicación parcial de estado de excepción, y en 2023 anunció la construcción de una cárcel en la isla del Cisne, en el mar Caribe, con capacidad para 2.000 reclusos e incluso procuró la licencia ambiental para las obras, pero estas han quedado en suspenso. Los trabajos para una segunda prisión de estas características, en una zona selvática del país, ni siquiera se iniciaron.