La corrupción, la ineficiencia y las promesas incumplidas llevan a Boric a su mayor desaprobación

En los círculos de poder, específicamente en el Palacio de La Moneda, que el presidente Gabriel Boric mantuviera estable un 30% de apoyo personal tras tres años en el Gobierno era considerado una base más que suficiente para llevar adelante el mandato. Sin embargo, … a nueve meses de dejar el cargo, una nube se ha instalado en el horizonte y la preocupación ha cundido por sus efectos en un año electoral (presidencial y parlamentario).
La última encuesta entregada hace una semana por el Centro de Estudios Públicos (CEP), la más prestigiosa del país, ha levantado las alertas en el oficialismo porque hoy sólo un 22% de los chilenos respalda al mandatario, es decir, 8 puntos menos que en septiembre de 2024, mientras que la desaprobación a su gestión se elevó en 12 puntos porcentuales alcanzando el 66%.
Las cifras son congruentes con otras encuestas conocidas en los últimos meses, entre las que se encuentra Cadem, un sondeo semanal que muestra el pulso de la opinión pública frente a cada evento noticioso. Es así, como la de este lunes indica que Boric mantiene un 27% de respaldo y un 70% de rechazo, cifras similares a las que alcanzó cuando otorgó los indultos a los presos del estallido social en diciembre de 2022 y se asesinó y quemó a tres carabineros en abril de 2024, sus dos peores registros en este sondeo desde que asumió el poder.

Durante todo lo que va del Gobierno diversos dirigentes políticos del Socialismo Democrático y del Frente Amplio (FA) han sostenido la convicción que el respaldo del 30% de los chilenos a Boric era suficiente para sortear los problemas de toda gestión gubernamental, pero las cosas han cambiado y como señala el analista político Pepe Auth a ABC, «la corrupción y la ineficiencia le han pasado la cuenta».
«Los datos reflejan una acumulación de decepciones y su caída en las encuestas no solo se debe a la animadversión política opositora, sino que a que la desilusión de otros porque el FA ha contradicho su promesa de que iba a renovar la política. No sólo hay más corrupción, sino que mayor ineficiencia», explica.
Si bien en el pasado el fracaso de los procesos constituyentes significó un duro golpe para el Gobierno, pues se vio obligado a morigerar sus aires refundacionales y de paso perder apoyo en los sectores de la izquierda radical, diferentes eventos políticos han terminado minando el respaldo entre aquel 25,8% que votó por Boric en la primera vuelta presidencial de 2021.

Corrupción

Según los analistas, el denominado caso fundaciones o convenios, destapado a mediados de 2023 y que se refiere al traspaso de dineros fiscales a ONG que no hicieron contraprestación de servicios, se ha convertido en una caja de pandora de alcances mayores a los imaginados lo que ha terminado por impactar de lleno en La Moneda y el apoyo ciudadano.
Al comienzo, la mayor parte de los cuestionamientos se centraron en la fundación Democracia Viva, ligada a militantes de Revolución Democrática, lo que derivó en la salida del gabinete del exministro y compañero de ruta del mandatario, Giorgio Jackson, y en el desafuero de la diputada Catalina Pérez, próxima a ser formalizada.
No obstante, hoy el caso está focalizado en la fundación ProCultura, ligada a Alberto Larraín, quien habría utilizado su estrecha cercanía con el gobernante para optar a convenios por montos superiores a los 6 mil millones de pesos (más de 6 millones de dólares). La investigación judicial, incluida la intervención de teléfonos, ha vinculado a estrechos colaboradores de Boric con esta trama, entre ellos, a su expareja Irina Karamanos (hoy testigo en la causa) y su exjefe de asesores Miguel Crispi. En la última semana se han conocido una conversación del mandatario con la expareja de Larraín y quien fuera psiquiatra de Boric, Josefina Huneeus, en donde el gobernante expresa su preocupación por lo que está sucediendo y deja entrever el intento por coordinar la defensa de Karamanos.
Boric, de gira en la actualidad por Japón y China, se ha limitado a señalar que, como ha sostenido desde un comienzo en el caso convenios, la justicia debe investigar «caiga quien caiga».

Gestión ‘amateur’

El analista Pepa Auth asegura a este diario que a todo lo anterior se suma la gran decepción de quienes votaron por Gabriel Boric en la segunda vuelta y estaban a la espera de si pasaba el test de la eficiencia y cumplimiento de las promesas. «Su apoyo se estancó en un 30%, pero ahora ha comenzado a caer por el efecto combinado de la corrupción, la ineficiencia y la gran distancia entre el resultado del Gobierno y el programa prometido», aclara.
Auth apunta al hecho de que la mayor muestra de rendición para la izquierda radical es la promulgación reciente de una reforma previsional que no cumplió con la oferta de eliminar a las administradoras de fondos de pensiones (AFP), sino que, por el contrario, terminó por entregar a ellas el manejo de un 4,5 del 7% extra de cotización previsional que deberán hacer los empleadores. «Esto ha erosionado su propia base del 25,8% de la primera vuelta», dice.
Se suma a lo anterior una serie de errores en el manejo de las cifras de Hacienda. La oposición ha hecho ver en varias ocasiones que la directora de presupuesto les ha entregado datos inexactos al momento de discutir el estado de las finanzas de nación, pero ahora se agrega la entrega de cifras erróneas en la tramitación de una nueva ley de pesca. El ministro de Economía, Nicolás Grau, reconoció hace una semana que el subsecretario de Pesca se equivocó en los montos de captura de merluza necesarios para establecer el nuevo fraccionamiento y ahora se busca una solución legislativa que corrija lo anterior y evite la concreción del anuncio de una empresa pesquera de cerrar y despedir a miles de trabajadores.

«El amateurismo tocó fondo. Lo que era aceptado como algo propio en un primer año de gobierno hoy, en el último, genera estupor. A la inexperiencia se le dio el beneficio de la duda, hoy se dijo «ya basta»», afirma Pepe Auth a ABC y recuerda que al tema de las cifras económicas se suman otra serie «desprolijidades» como las ha denominado el propio Gobierno.
El analista hace referencia al fracaso de la compraventa de la casa de Salvador Allende, donde 17 abogados no advirtieron la inhabilidad constitucional que pesaba sobre la exsenadora Isabel Allende y exministra Maya Fernández Allende para hacer negocios con el Estado; la no revisión de los antecedentes de los indultados del estallido social entre los que había delincuentes comunes que han regresado a prisión tras la comisión de nuevos delitos; o la entrega de pensiones de gracia a víctimas del estallido que resultaron ser falsos o prófugos de la justicia.