La reforma de la ley del aborto contemplaba la creación de un registro individual de objetores con el fin de impedir la objeción en bloque del servicio completo de ginecología de un hospital o de la mayoría de sus profesionales, dado que esta situación dificulta que se realicen interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública. Sin embargo, más de año y medio después de su entrada en vigor, varias comunidades no han creado dicho registro.