Publicado: octubre 22, 2026, 2:07 am
El juez de la Audiencia NacionalAntonio Piña ha dictado el procesamiento al completo de la cúpula de ETA cuando en agosto de 2002 se produjo el atentado contra la casa cuartel de Santa Pola (Alicante). Murieron una niña de seis años y un hombre que esperaba el autobús y dejó más de medio centenar de heridos.
Los autores materiales del atentado fueron ya condenados. Ahora el juez responsabiliza también a quienes integraban el Zuba, el Comité Ejecutivo de ETA, tal y como reclamaba Dignidad y Justicia cuando en 2022 presentó una querella para reactivar la investigación. El magistrado dirige el procesamiento contra a Ainhoa Múgica Goñi, Juan Antonio Olarra Guridi, Félix Ignacio Esparza Luri y María Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’. En una primera fase en 2024, el juez Manuel García Castellón procesó por estos hechos a Mikel Albisu, ‘Mikel Antza’, y a Ramón Sagarzazu, ‘Ramontxo’.
Ahora el procesamiento por asesinato, lesiones y daños terroristas alcanza a la cúpula de la banda al completo, que tiene como referencia la pena impuesta a los dos etarras que colocaron el Ford Escort con 100 kilos de explosivo: 843 años de cárcel.
La resolución judicial se enmarca en la batalla de las víctimas para que la responsabilidad de los atentados recaiga también sobre los dirigentes de ETA y no solo sobre aquellos a los que se logre vincular directamente con cada atentado en concreto. La estructura interna de la banda, fuertemente jerarquizada, implicaba que era la dirección de la banda la que daba la luz verde.
En esa línea, el juez instructor indica que el atentado de Santa Pola se integró dentro de «la estrategia» de ETA y «fue posible gracias a la actuación coordinada de diversos órganos de la organización terrorista ETA, sometidos a las directrices emanadas de su órgano de dirección denominado Zuba o Comité Ejecutivo».
La resolución acuerda citarles a declarar a los cuatro dirigentes para notificarles la resolución. A Olarra Guridi y Múgica Goñi, por su control sobre el aparato militar (Lohi) , lo que suponía «el control, coordinación y abastecimiento de los comandos». A Esparza Luri, por ser «máximo responsable del aparato logístico (Otsagi), encargado por tanto «de la adquisición, preparación y suministro de los medios materiales empleados en los atentados». A Anboto le competía el aparato de finanzas (Diba). Incluía «la gestión y distribución de los recursos económicos destinados al sostenimiento de la actividad terrorista».
Los informes policiales y de la Guardia Civil incorporado a esta causa «atribuyen a dichas estructuras directivas la provisión de los medios materiales necesarios para la ejecución del atentado, entre ellos el vehículo sustraído utilizado como coche bomba, las placas de matrícula falsas y el material explosivo, elementos que habrían sido entregados al comando Argala ya preparados desde Francia, sin que los autores materiales dispusieran de infraestructura propia para su elaboración o acondicionamiento». Es decir, que la intervención de la cúpula fue imprescindible para la comisión del atentado.
