Publicado: octubre 25, 2026, 12:07 am
El Tribunal de Cuentas ha comunicado a las partes implicadas en el caso de David Sánchez, el hermano ya condenado del presidente del Gobierno, el inminente auto de apertura de diligencias, según ha podido confirmar EL MUNDO.
Este paso supone activar el procedimiento que puede desembocar en la recuperación para las arcas públicas de más de 400.000 euros cobrados irregularmente por Sánchez y su amigo Luis María Carrero. Tanto los denunciantes como la Diputación de Badajoz han recibido ya notificación del departamento segundo de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, que dirige actualmente la consejera Elena Hernáez, para completar los trámites de personación de cara a la apertura de diligencias.
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas no se ha opuesto a esta primera fase que activa el caso, pero sí la Diputación de Badajoz, pese a ser la supuestamente perjudicada y primera interesada en no perder fondos públicos.
Su presidenta, la socialista Raquel del Puerto, no ve justificación para que se ponga en marcha el caso en el Tribunal de Cuentas, pero es la única instancia en contra. «Vamos a solicitar todos los informes en que se basa la Diputación para no querer recuperar el dinero», asegura a este diario el diputado provincial del PP, Juan Antonio Barrios.
El PP, Vox y las asociaciones Iustitia Europa y Hazte Oír, que participaron en el juicio penal de Badajoz, se han personado también en el Tribunal de Cuentas. Su objetivo es que, tras lograr condenas por prevaricación en la Audiencia Provincial de Badajoz el pasado julio, la Diputación de esa provincia recupere el dinero pagado a Sánchez y a Carrero. Para ello, la Audiencia Provincial se declaró incompetente en orden a depurar la responsabilidad civil, pero ya apuntó en su sentencia que podría actuar el Tribunal de Cuentas.
La sentencia penal de la Audiencia Provincial facilita probar la malversación en el Tribunal de Cuentas
El procedimiento que abre este organismo fiscalizador del Estado implica ahora el nombramiento de un delegado instructor que investigará el caso para decidir si hay responsabilidad contable. Si la hay, se abrirá un enjuiciamiento que puede desembocar en el embargo preventivo de bienes a los responsables y, si son culpables, forzarles a la devolución del dinero, quiera o no la Diputación de Badajoz. El caso lo llevará Hernáez, consejera nombrada en su día a propuesta del PP, aunque la presidenta del Tribunal es Enriqueta Chicano, impulsada por el PSOE. Hernáez ha llevado ya casos polémicos, como el de los dirigentes independentistas a los que se ha terminado absolviendo por la Ley de Amnistía.
La admisión a trámite y el auto de apertura de diligencias denotan que técnicos del Tribunal de Cuentas sí ven de forma preliminar recorrido al caso. La Audiencia Provincial de Badajoz ha sentenciado que la contratación fue irregular y al margen de la ley, por lo que en realidad nunca debieron recibir salarios públicos ni David Sánchez ni Luis María Carrero.
El hermano de Pedro Sánchez llegó a recibir 340.572,36 euros entre el 10 de julio de 2017 y el 4 de mayo de 2025, según los datos oficiales. Y Luis María Carrero, 86.988,76 euros. Por tanto, el esfuerzo de los denunciantes es conseguir la devolución de, como mínimo, 427.561,12 euros más intereses. Pero un comunicado de uno de ellos, Iustitia Europa, matiza que en estas cifras no se incluyen todavía «las cotizaciones sociales asumidas por la Diputación, indemnizaciones, dietas y desplazamientos, ni los costes adicionales derivados de que otros empleados públicos tuvieran que asumir funciones que correspondían a los puestos investigados».
Puede haber embargo preventivo a los responsables
Los jueces de la Audiencia Provincial facilitan la instrucción del Tribunal de Cuentas al considerar acreditado que todos los condenados «estaban concertados para la creación de una plaza de empleo público, innecesaria y vacía de contenido esencial, cuyo destinatario sería el acusado Don David (y para el ulterior torticero cambio de denominación de tal puesto de trabajo), así como de otra igualmente vacua reservada a don Luis María».
Concluyeron que el entonces presidente de la Diputación, el exlíder socialista Miguel Ángel Gallardo, y otros subordinados montaron el plan «fingiendo un proceso de selección y valoración de méritos sustancialmente inexistente como justificación mendaz de los contratos para acceder al empleo público, que estarían avalados por unos procedimientos administrativos oficiales de selección, y propuestas de contratación puramente cosméticos o de escaparate, sin fundamento real alguno, con ulterior adaptación en el caso de Don David de las condiciones de su puesto a sus apetencias sin consideración alguna a la causa pública, al interés general, y soslayando de manera palmaria los principios de mérito y capacidad», reza el texto.
Todos los condenados han recurrido el fallo judicial. En el caso del hermano del presidente del Gobierno, está inhabilitado para ocupar cargos públicos durante nueve años como cooperador necesario de la prevaricación administrativa.
En caso de que el Tribunal de Cuentas vea indicios de responsabilidad, deberá dilucidar también quiénes son los llamados cuentadantes, los responsables a los que se debe ir embargando bienes. Hay precedentes para incluir en el grupo no sólo a los responsables del pago de estas nóminas irregulares a los enchufados, sino también a estos mismos beneficiarios. El embargo complicaría aún más la carrera de David Sánchez, al que el presidente del Gobierno volvió a defender el pasado jueves en su intervención en el programa de TVE La Revuelta. «Se han traspasado líneas rojas. Es injusto», dijo.
