Publicado: octubre 22, 2026, 4:07 pm
La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha explicado este jueves que su partido ha decidido no entregar al juez que investiga el caso Cloacas los contratos con abogados que están bajo sospecha.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz había solicitado esa información al partido para intentar aclarar si correspondían a servicios legales realmente prestados o encubrían la financiación de las actividades de la fontanera Leire Díez.
Tras una primera solicitud el pasado 6 de octubre, no atendida, el martes Pedraz dio un último plazo de dos días al partido para que entregara la información. El propio magistrado indicaba en su solicitud que el PSOE podía no atender su requerimiento si consideraba que violaba el secreto profesional o que perjudicaba a sus intereses. Se trata de una previsión que se aplica a quien está investigado o cerca de la imputación, como es el caso del PSOE.
«Nosotros ayer hicimos un registro a la Audiencia sobre todo para decirle al juez Pedraz que aquí hay una cuestión que hay que tener en cuenta: y es el secreto profesional, la confidencialidad, la relación entre los abogados y los clientes», ha declarado Torró, que se ampara en una circular del Consejo General de la Abogacía que «venía a decir que ese secreto profesional, que esa confidencialidad entre abogado y cliente es sagrada», ha declarado Torró en una entrevista en la Cadena Ser.
«Hemos querido decírselo al juez porque nosotros no queremos vulnerar un derecho fundamental de los abogados», ha añadido. El partido, de hecho, ha cursado una consulta al Ilustre Consejo General de la Abogacía Española para que le aclare si lo solicitado afecta al secreto profesional.
Así consta en el escrito del partido, notificado a las partes a última hora de la mañana de este jueves y presentado ayer en el juzgado 5 de la Audiencia Nacional. Contiene tanto motivos para no entregar los datos como para hacerlo más adelante, pero no ahora.
Además de la referencia al secreto profesional, argumenta que las circunstancias electorales hacen difícil recabar la documentación: «Obviamente, estando en periodo electoral, y concentrada la actividad del Partido en el desarrollo de la campaña en curso, la capacidad de respuesta inmediata se ve obviamente mermada y no depende exclusivamente de esta Asesoría Jurídica».
A esa dificultad se suma que la información «no está centralizada» y debe solicitarse «a distintos interlocutores, pues las distintas organizaciones territotoriales del Partido pueden efectuar ese tipo de encargos que afectan a procedimientos y necesidades del propio territorio».
La petición del instructor no afectaba al contenido material de la relación del PSOE con los abogados y asesores contratados, sino a la pura contratación y comprobación que la prestación del servicio. A este respecto, el escrito del responsable jurídico del PSOE, Alberto Cachinero, indica que la mera existencia de ciertos contratos con abogados puede revelar información.
«Establecer relación completa de letrados o despachos profesionales de abogacía y/o consultoría que hayan sido contratados no solo revela la existencia de actuaciones profesionales, sino que también, con frecuencia, permite inferir su objeto».
El escrito también indica que el juez no les marcó inicialmente un plazo para responder y que el partido ya había informado a la UCO -a través de la cual recibió la solicitud judicial- que la contestación, «al coincidir con la campaña electoral, estaba siendo complicada»
En el caso Cloacas están imputados dos abogados que trabajaron para el partido –Jacobo Teijelo e Ismael Oliver– y que a su vez trabajaron con la fontanera. «Eran dos contratos de servicios ordinarios en un partido político como son servicios jurídicos y ya está, no hay más», ha dicho la sucesora de Santos Cerdán en la secretaría de Organización del PSOE. Preguntada si el dinero pagado a los letrados no acababa en manos de Leire Díez, ha afirmado que «el PSOE no tiene constancia de ello».
El juez Pedraz dictó una resolución indicando que, después de la declaración como investigada de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, era necesario recabar del servicio jurídico del PSOE determinada información sobre la contratación de abogados y asesores, con el límite de que «no perjudique el derecho al secreto profesional» y, en todo caso, «con el derecho a no aportar información que entienda que le pueda incriminar».
