Publicado: mayo 8, 2026, 2:08 pm
El gran apagón del 28 de abril de 2025, que dejó a toda España sin electricidad durante prácticamente un día y sumió al país entre la parálisis y el caos, ha derivado en un quebradero de cabeza para las empresas afectadas. Entre ellas están las aseguradoras que, aunque todavía la Justicia no ha determinado culpabilidades, están optando en algunos casos por pagar indemnizaciones a sus clientes ante los daños por la caída del sistema eléctrico. Una de ellas es Mapfre, que ha abonado 14 millones a los afectados, principalmente, pequeños comercios y autónomos.
Según aseguran fuentes del mercado a La Información Económica, la compañía aseguradora remitió, tras el pago a sus clientes, una reclamación por escrito a Red Eléctrica. Además, envió otra misiva similar al Gobierno central como responsable civil subsidiario. Con estas dos cartas formales, el grupo asegurador que preside Antonio Huertas deja abierta la posibilidad legal de reclamar perjuicios económicos a Redeia antes de que venzan los plazos legales. Pese a que se han abierto ya varias comisiones de investigación por el apagón, doce meses después todavía no hay un responsable legal del incidente, clave para la resolución de muchos expedientes.
Aunque no hay cifra oficial de cuánto han desembolsado las aseguradoras ni cuál es el importe pendiente a abonar, el problema radica en la falta de un culpable legal al que apuntar como causante de lo ocurrido. Aunque numerosas investigaciones apuntan a Red Eléctrica como responsable, desde el Ejecutivo central se extiende la culpa también a operadores privados. El asunto está ahora en manos de la Audiencia Nacional. Diferentes fuentes señalan que, en el caso de que se hubiera determinado ya que Redeia es la responsable oficial del apagón, el operador estatal habría entrado en suspensión de pagos por las obligaciones financieras que implica.
En su condición de supervisor del sistema eléctrico, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tiene abiertos más de 60 expedientes en fase de estudio al calor de su investigación por el apagón, ocho de los cuales fueron notificaron a finales de abril. Desde el organismo encabezado por Cani Fernández sostienen que los hechos objeto de dichos procedimientos no implican la atribución del origen o la causa del mismo a las empresas afectadas, entre las que figuran Iberdrola, Naturgy o EDP.
En el caso de Repsol, al que el regulador también ha incoado un expediente, ha movido ficha con el envío de burofaxes a Red Eléctrica y empresas distribuidoras con las que tiene contratos de suministro con el objetivo de lograr un acuerdo. En caso de no alcanzarlo irán adelante con la demanda correspondiente.
Por su parte, desde Redeia -la matriz de Red Eléctrica- la presidenta, Beatriz Corredor, ha reiterado en varias ocasiones que el sistema eléctrico cumplió la normativa ese día, argumento que alegarán ante el expediente sancionador abierto por el regulador. En su defensa apela al informe elaborado por el panel de expertos europeos desde el que concluyen que el cero eléctrico fue «inédito», «multifactorial» e «imprevisible», dado que en Europa nunca había ocurrido un apagón por control de tensión.
Las grandes compañías eléctricas, propietarias de la mayoría de los centros de generación, señalan directamente a Red Eléctrica como responsable y cifran en 1.100 millones el coste que han afrontado los consumidores en sus facturas de la luz, tomando como referencia un análisis independiente realizado por la consultora Nera. Las consecuencias económicas, por tanto, son significativamente superiores a los 422 millones que cuantificó Red Eléctrica como coste extra entre mayo y octubre para acometer la conocida como ‘operación reforzada’.
Este ‘escudo antiapagón’ es una medida excepcional puesta en marcha inmediatamente el día después del apagón que consiste en un mayor uso de energías convencionales, sobre todo, ciclos combinados de gas natural dentro del mix energético para dotar de mayor estabilidad al sistema. No obstante, la necesidad de recurrir a servicios complementarios de ajuste se ha traducido en un encarecimiento del precio de la electricidad.
Entre mayo de 2025 y marzo de 2026 esta iniciativa ha tenido un coste de 666 millones, cifra que supone alrededor del 2,12% de los gastos totales del sistema eléctrico español. En este sentido, Corredor ha subrayado que mantendrá esta operativa hasta que el operador esté seguro de que «todos cumplen con los requisitos normativos de control de tensión».
