Publicado: octubre 2, 2026, 6:07 am
El camino se iba desbrozando. Primero Podemos deshojó la margarita con el ‘sí’ al Gobierno después de que el Sindicato de Inquilinas pidiera el apoyo a los decretos de Vivienda. Después el PNV sembró un apoyo «crítico» al texto más amplio, el más extenso, y un ‘no’ al de la renovación automática del alquiler, que nunca tuvo expectativas de arraigar. Una misma maceta en la que se plantó Coalición Canaria. La siembra estaba pendiente de Junts, toda la presión y focos para los independentistas catalanes, que no pareció hacer mella. En una reunión nocturna de la dirección de los independentistas catalanes decidieron pedir al Gobierno que retire el decreto y apruebe una nuevo que recoja sus exigencias. Si no lo hacen, no darán su voto favorable, votarán no, según concretaron fuentes de la cúpula del partido a este diario. El Ejecutivo no contempla ese escenario.
Más que fríos, el Gobierno y los socialistas se quedaron helados. Su previsión era poder sacar adelante el documento más amplio y extenso, el que reunía todas las medidas, y llevarse el revés en el texto que sólo contempla la renovación automática de los alquileres. Los contactos en estos meses con los grupos y los últimos movimientos para sondear hacían que todos los ministros, incluso el propio Pedro Sánchez, se mostraran «optimistas». En los trabajos para elaborar los textos, desde el Ministerio de Vivienda se había tratado de meter, en mayor o menor grado, demandas hechas por todos los partidos. Que los grupos se vieran representados aunque consideran insuficientes las medidas. «Hay gran predisposición de todo el mundo»; «No hay ningún argumento real para votar en contra», decían miembros del Ejecutivo.
Junts encontró argumentos. Y, de nuevo, propinó un durísimo revés al Ejecutivo, dejando a Sánchez en la UCI, porque se constata que La Moncloa no logra armar una mayoría parlamentaria y convierte en una utopía aún mayor el deseo de unos Presupuestos. Legislatura en coma a solo unos meses de las elecciones, con respiración asistida hasta que Sánchez decida desconectar la máquina convocando elecciones. «Es terrible», señalaban a última hora del lunes fuentes gubernamentales.
«Es un fracaso», añadían fuentes socialistas. «Tendrán que dar explicaciones», ahondaban en el Ejecutivo. «Un punto de inflexión», resumía un destacado socialista. «El Gobierno ha hecho su parte», «ha cumplido», repetían en las últimas horas, con cierta mosca detrás de la oreja, miembros del Gobierno, señalando que ya no estaba en sus manos poder hacer más, tras intentar reflejar las peticiones de sus socios. «Este viernes cada grupo parlamentario tendrá que decidir de qué lado está. Nosotros ya lo hemos hecho. Estamos del lado de la gente», es el mensaje en forma de presión que lanzó Sánchez este jueves, pero también con cierta carga de descargo de responsabilidades.
Los secesionistas catalanes aducen que los decretos actuales «provocarán el efecto contrario que pretenden» al «reducir la oferta de viviendas de alquiler, incrementar los precios y dificultar aún más el acceso a la vivienda de personas con menos capacidad económica».
Además, recriminan que el redactado actual «no frena a los fondos buitre», que «podrán continuar adquiriendo viviendas y promoviendo desahucios de inquilinos vulnerables», que «no se resuelve adecuadamente la protección de inquilinos vulnerables porque no se garantiza el pago por parte de la Administración» y que «determinadas medidas suponen la expropiación por decreto del ahorro de tres generaciones de familias», al abrir la puerta a que los inquilinos puedan comprar la vivienda antes de que pase a manos de los herederos.
Con el resto del bloque de investidura dando el sí en cascada a un texto con el que no comulgan al 100%, Junts rompe la baraja y se desmarca, a última hora, y pide que el Consejo de Ministros elabore una nueva propuesta. La Moncloa ve el órdago y lo sube: no retirará ninguno de los textos. «Este Gobierno no va a dar un paso atrás en su lucha por el derecho a la vivienda», señaló Sánchez en un mensaje en sus redes sociales. «Se ha trabajado durante meses en ellos para acomodar la visión de los distintos grupos parlamentarios y construir un consenso que esté a la altura de las demandas y las necesidades de la ciudadanía», responden desde el Ejecutivo.
Coalición Canaria, que terminó mostrando su voto favorable, sí logró arrancar el compromiso del Ejecutivo, según explicaron, de tramitar la propuesta como proyecto de ley y no decreto, lo que permite a los partidos plantear propuestas de cambio.
Sánchez planteó una operación vivienda exprés para aprovechar el efecto Maricarmen, la presión de la calle y evitar que hubiera situaciones que posibilitaran cambios de opinión de los partidos. Contaba con 30 días para convalidar los decretos y pidió hacerlo en 72 horas. Pero el revés será también exprés.
La estrategia de La Moncloa desde el martes, una vez pactó con Sumar los textos sobre Vivienda, ha sido la de trasladar la presión hacia sus socios, en una suerte de trampantojo. Se pedía a los grupos, en general, «responsabilidad», «altura de miras». El propio Sánchez pedía este jueves «dejar a un lado» las «ideologías» y las «confrontaciones partidistas» por una «cuestión de pura humanidad». Mucha mesura y cuidado. Todo pensado. Ningún miembro del Gobierno mencionaba a Junts. Pero, ahora, la herida sangra. Duele. Junts pasa al pack con el PP y Vox ya señalado: «Ha llegado la hora de que PP, Vox y Junts se retraten y demuestren si, en materia de vivienda, están con la ciudadanía o con los especuladores. Con las clases medias y trabajadoras o con las élites. España no puede esperar».
«Ha llegado la hora de la verdad. PP, Vox y Junts deben elegir: o están con la mayoría social o con los especuladores. Mañana, su voto les retratará ante generaciones enteras», insistió Sánchez, en un último ejercicio de presión.
